Medidas para poner orden en El Cadillal

Catastro suspendió la aplicación de la ley que otorgaba la tenencia de los predios ocupados de manera irregular en El Cadillal, con la cual se había intentado poner orden territorial en la zona. También se tratará de poner coto a la permisividad que dio lugar a que se ocupasen terrenos muy cerca del embalse, a menos de 35 metros de la orilla, y que se construyesen casas en esa franja. En ese marco, hay una especie de pequeña península, llamada Villa del Lago, que tiene un centenar de construcciones, que se encuentra en la zona roja ambiental y que deberá ser desocupada para que se restituya el bosque nativo.

Se trata de una medida cuyos alcances y consecuencias están por verse, y que está en sintonía con las primeras decisiones tomadas en este sentido. La Provincia, después de descubrir lo que pasaba en el Valle de Tafí, decidió profundizar las investigaciones de usurpaciones, principalmente en los centros turísticos y en el resto del territorio. Se creó una unidad ejecutora para analizar estas cuestiones y hacer un diagnóstico sobre lo que ocurría en El Mollar. Luego se determinó que había una oficina sospechosa de avalar las irregularidades, la ex secretaría de Regularización Dominial y Hábitat, que fue eliminada por el gobernador Osvaldo Jaldo en enero. Después se avanzó hacia El Cadillal. Un informe detectó que habría 300 hectáreas de tierras fiscales y unas 3.000 casas construidas de manera irregular.  “La vocación excepcional para ser una Villa Turística inserta en el Parque Provincial El Cadillal, rodeada de reservas y bosques de alta calidad ambiental, se encuentra amenazada por la ausencia de control estatal ante las usurpaciones, por la falta de Ordenamiento Territorial Integral, Planificación Urbana y Códigos de Edificación Urbanos”, dice el documento, que estableció que de los 18 loteos que hay en la zona sólo dos cumplen con las reglamentaciones. También ordenó zonas rojas ambientales -en las que no se puede admitir urbanización-; zonas verdes con aptitud para que haya viviendas y calles, y zonas amarillas, recuperables con cuidado ambiental. Finalmente, se determinó que sólo 400 de los 3.000 ocupantes irregulares habían intentado regularizar su situación.

Se ha estado tratando de determinar cuántos casos hay judicializados -Catastro había realizado 800 demandas-  y el estado de estos de estos procesos. La Legislatura también deberá dar orden, porque en los últimos años se sancionaron normas que se contradicen. Por un lado, se aprobó la ley 8.304 en la que establece las zonas que no debían ser ocupadas para proteger el bosque nativo. Luego se sancionó la ley 9.179 que autorizaba la venta y la regularización dominial de las tierras que estaban en el área protegida.

Sobre esta norma está actuando ahora Catastro. En principio, parece una manera de poner freno a la situación irregular que había transformado en un caos urbano y sin normas al Cadillal, mientras se espera que se vaya avanzando hacia una villa planificada y ordenada, y no sometida al azar y a los intereses particulares.