Por Gustavo Rodríguez
21 Mayo 2025
El expediente en el que se investiga la venta ilegal de mercadería tuvo un avance. Dos procesadas accedieron ayer a una probation para evitar ir a juicio por este caso. En el expediente sólo queda resolver la situación del que sería el líder de la organización de este hecho que generó una gran polémica.
A fines de noviembre de 2024, la Policía realizó un allanamiento en la casa de Juan Alberto López Cansillieri, en Manantial Sur, por una causa de violencia de género. En ese lugar, los efectivos encontraron 792 cajas de puré de tomate, 615 botellas de aceite, 900 paquetes de arroz, 1.180 paquetes de yerba, 945 paquetes de fideo, 1.190 paquetes de harina, 1.010 paquetes de lenteja, 790 paquetes de azúcar, 30 paquetes de harina y 40 unidades de leche en polvo. Toda esa mercadería había sido entregada por el Ministerio de Desarrollo Social. Además, hallaron anotaciones y otros indicios que daban cuenta sobre la comercialización de estos productos.
La fiscala Mariana Rivadeneira, después de analizar el caso y sumar indicios, ordenó que se realizarán una serie de medidas. Además de López Cancillieri, procesó a Alberto López (padre del acusado de liderar la organización), Arturo Alejandro Augier, Soledad Décima y Brenda Muñoz por haberse apoderado ilegalmente de la mercadería que estaba destinada a comedores y a personas carenciadas. Luego la vendían a pequeños comercios y a particulares.
Información
A lo largo de cuatro meses, la representante del Ministerio Público logró reunir información para probar cuál era el rol que habían tenido cada uno de los cinco acusados. Los defensores de los imputados, al analizar las evidencias acumuladas en el expediente, decidieron cambiar de estrategia. Los señalados terminaron colaborando para que el caso se esclareciera. En los datos que aportaron, reconocieron que ellos habían tenido una participación menor y explicaron cómo habría sido el mecanismo de la maniobra que venían realizando.
Al confirmarse que las pruebas que habían ofrecido eran válidas e importantes para cerrar el caso, comenzó otra instancia en el proceso: buscar que las causas contra los colaboradores se cierren a través de herramientas alternativas. López y Augier, defendidos por Javier Lobo Aragón, aceptaron su culpabilidad y, a través de un juicio abreviado, recibieron una condena de tres años de cumplimiento condicional. Al primero también se lo penó con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ya que en el momento de la comisión del delito era empleado del Estado.
Ayer resolvieron su situación procesal Muñoz (pareja de López) que fue asistida por Gerardo Martínez Molina y Décima, defendida por Javier Lobo Aragón (h). Con la aceptación de la auxiliar Brenda Deroy, que siguió las instrucciones de la fiscala Rivadeneira y de José María Molina, representante de la Fiscalía de Estado que asumió el rol de querellante en la causa, ambas mujeres accedieron a una probation. También conocida como suspensión a juicio a prueba, esta es una figura que permite a las personas que no tienen antecedentes penales y que están acusadas de un delito menor a tres años, eviten llegar a juicio, siempre y cuando respeten las reglas de conductas que le imponga un juez. En este caso, la magistrada Fanny Siriani dispuso que realizaran trabajos comunitarios por un año, pagaran una reparación económica de $100.000 (fue fijada según el ingreso de cada uno de ellas) y cumplieran con reglas de conductas como presentarse ante las autoridades cuando sean convocadas y no consumir bebidas alcohólicas ni drogas. Si llegaran a incumplir cualquiera de estas medidas, deberán afrontar un juicio.
La situación de López Cancillieri es mucho más complicada. Sólo habrá juicio abreviado si es que acepta declararse culpable y recibir una condena de cumplimiento efectivo. Caso contrario, deberá afrontar un debate oral en el que con seguridad, con todas las pruebas aportadas por los otros acusados, recibirá una pena mayor.
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