16 Mayo 2025
MAXIMILIANO PULLARO. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Rosario fue designada como la primera jurisdicción en Argentina donde se aplicará la Ley Antimafias (Ley 27.786), una medida estratégica del Ministerio de Seguridad Nacional destinada a combatir el crimen organizado. Se publicó hoy en el Boletín Oficial, la resolución que habilitó la aplicación de penas más severas y equipara la responsabilidad penal de todos los miembros de una organización delictiva, independientemente de su rol.
La Ley Antimafias, promulgada en marzo, amplió las facultades de investigación de la Justicia y las fuerzas de seguridad, dotándolas de herramientas procesales avanzadas para desarticular bandas dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas. Entre estas herramientas se incluyó el decomiso anticipado de bienes, allanamientos masivos e intervención de comunicaciones digitales.
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Un aspecto clave de la ley es el endurecimiento de las penas. Por ejemplo, la pena por asociación ilícita se eleva de 3-10 años a 8-20 años de prisión. Además, se elimina la distinción en función del grado de participación en el delito, considerando a todos los miembros coautores y aplicando la pena más alta correspondiente al delito más grave cometido por la organización.
La decisión de focalizar la aplicación de la ley en Rosario respondió a la necesidad de abordar la creciente actividad de organizaciones criminales que operan con violencia y buscan controlar territorios, según identificó la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. La ola de violencia y narcoterrorismo que azotó la ciudad en marzo de 2024, paralizó la actividad cotidiana, y acentuó la urgencia de esta medida.
Fortalecer la detección y el combate de delitos
Germán Pugnaloni, Director Nacional de Prevención del Delito, dijo que la implementación de la Ley Antimafias, combinada con un sistema acusatorio más eficiente, "traerá profundas mejoras en las investigaciones contra el crimen organizado".
La resolución ministerial puso a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal las fuerzas policiales y de seguridad federales desplegadas en Rosario bajo el Plan Bandera, con el objetivo de fortalecer la detección y el combate de delitos vinculados al crimen organizado.
Esta acción se basó en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en leyes nacionales que otorgaron al Ministerio de Seguridad la responsabilidad de coordinar acciones frente a amenazas a la seguridad nacional. El gobierno de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro, había solicitado previamente la intervención del Comité de Crisis.
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