13 Mayo 2025
IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Fernando Sabag Montiel, conocido por haber sido detenido y juzgado por el intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022, fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por delitos vinculados a la explotación sexual infantil.
La condena fue dictada en el marco de un juicio abreviado, luego de que la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) presentara pruebas contundentes que acreditaron su responsabilidad en los delitos de tenencia con fines inequívocos de distribución y distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años.
El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, sostuvo tras el fallo que “en la Ciudad de Buenos Aires, no hay margen para la impunidad en delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes”. Además, destacó el trabajo de la fiscal Daniela Dupuy y su equipo, subrayando que “el sistema de justicia está preparado para investigar delitos complejos con herramientas modernas y personal altamente capacitado”.
El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel fue detenido tras intentar disparar contra Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Durante la investigación por ese atentado, las autoridades hallaron una tarjeta de memoria en su poder que contenía 17 fotografías y 102 videos de contenido explícito con menores.
La fiscal Dupuy inició una causa paralela por pedofilia luego de que el fiscal federal Carlos Rívolo -a cargo de la causa por el atentado- solicitara que se investigue este hallazgo. La UFEDyCI retiró el material del Juzgado Federal Nº5 y, un mes después, imputó a Sabag Montiel por la tenencia y distribución de los 119 archivos. También se comprobó el envío de tres de esos videos a través de la red social Instagram.
La investigación fue reforzada por tres reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), un organismo de Estados Unidos que monitorea la distribución mundial de material de abuso infantil. Estos informes vincularon la línea telefónica del acusado con movimientos sospechosos, lo que fue confirmado por la empresa de telefonía.
Pese a que el celular del imputado había sido reseteado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria logró recuperar gran parte de la información del dispositivo, incluyendo cuentas de correo electrónico, nubes y grupos de Telegram. No obstante, las conversaciones de WhatsApp previas al intento de atentado no pudieron ser restauradas. Dos años y medio después, la Justicia dio por concluida la intervención sobre el teléfono sin poder determinar por qué fue reiniciado.
Finalmente, con todas las pruebas reunidas, la fiscalía presentó el requerimiento de juicio en abril de 2023. Tras la admisión de los hechos por parte del imputado, la jueza Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº28, dictó la condena de 4 años y 3 meses de prisión efectiva, unificando la pena con una sentencia previa de 1 año en suspenso por tenencia ilegítima de un DNI ajeno.
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