En la Cuenta de Inversión de 2023 del municipio se habló de "saldos inconsistentes"

“En el estado de la deuda pública se han evidenciado saldos inconsistentes de algunos rubros expresados, como también se ha verificado que no se encuentran incluidos pasivos”. Ese es parte del texto que el contador general de San Miguel de Tucumán, Marcelo Albaca, volcó en la Cuenta de Inversión de 2023 luego de que se detectara que la deuda con la Provincia por aportes financieros reintegrables recibidos en 2020 es superior a la que se tenía registrada. Como consecuencia, el fiscal municipal Conrado Mosqueira inició el año pasado una denuncia penal por presunto fraude financiero, para que la Justicia esclarezca el destino de $500 millones que no constan en los registros oficiales.

El 27 de septiembre de 2024, el funcionario que responde a la intendenta Rossana Chahla presentó la Cuenta de Inversión del periodo 2023; es decir, el informe anual en el que se detalla cómo se ejecutaron los recursos asignados por la ley de presupuesto. En el documento, que consta de 63 páginas, se plasmó que “existen partidas adicionales que han sido detectadas y determinadas por esta Contaduría General a partir del análisis de hechos posteriores al cierre”.

Entre diferentes cuestiones, el contador general señaló que el 5 de agosto de 2024 recibió un reclamo administrativo por parte del Gobierno que encabeza Osvaldo Jaldo por un monto de $886 millones, conformado por diversas categorías, por operaciones correspondientes a períodos fiscales anteriores al 2023. Sin brindar demasiados detalles, Albaca explicó en el escrito que dichas inconsistencias generaron “un proceso de revisión integral de la deuda” mantenida con la Provincia. Indicó que, como consecuencia, a partir de la evidencia obtenida, se generaron ajustes en la Cuenta de Inversión relativos a los aportes financieros reintegrables.

El caso en estudio

El funcionario municipal, a su vez, se abstuvo de emitir una opinión sobre los saldos detallados debido a que entendía que cualquier valoración que se dé no sólo afectaba al año 2023, sino también a los saldos de años anteriores. Aclaró que no encontró pruebas suficientes y confiables que le permitan asegurar que los saldos mostrados son correctos y completos.

A raíz del reclamo de la Provincia en agosto del 2024, mediante una nota enviada por el ministro de Economía y Producción Daniel Abad, la Municipalidad se anotició que la deuda que tenía con el Gobierno era por $500 millones y no por $250 millones como tenían asentado en los registros oficiales. Al realizar una revisión, detectaron que el gobernador Juan Manzur firmó cuatro decretos entre junio de 2020 y febrero de 2021 para girar fondos a la administración que encabezaba entonces Germán Alfaro: dos por $250 millones cada uno, por aportes reintegrables, y otros dos por otros $250 millones, por fondos no reintegrables.

Según la denuncia radicada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, un cruzamiento de datos administrativos y bancarios permitió determinar que: esos $1.000 millones se giraron en ocho desembolsos de $125 millones cada uno; que cuatro depósitos se hicieron en la cuenta oficializada del Municipio y otros cuatro en una segunda cuenta a nombre de la Municipalidad, pero que no estaba registrada como tal; que en los registros contables sólo constan $250 millones reintegrables y otros $250 millones no reintegrables; y que Alfaro firmó cesiones de derechos sobre la Coparticipación Federal que no habrían contado con el respaldo del Concejo Deliberante.

En la denunciase indicó que la segunda cuenta corriente se abrió el 2 de junio y que se añadió que los firmantes conjuntos de la cuenta serían los entonces secretarios Luis Rodolfo Ocaranza (Gobierno) y Carlos Domingo Gómez (Economía y Hacienda).