Por Gustavo Rodríguez
05 Mayo 2025
Dos casos dejaron al descubierto cómo es el sistema de usurpaciones de tierras fiscales en El Cadillal. Un mecanismo tan extraño que genera situaciones insólitas como la de un particular que denunció una ocupación de su lote que en realidad pertenecía a la Provincia. El otro, un ex Policía Federal que no sólo se apoderó de un terreno de dominio público en una de las mejores zonas de la villa turística, sino que además logró la habilitación comunal para instalar un negocio y pagar impuestos.
En abril de 2021, Aldo Floreano Stefanutti había cedido los derechos posesorios de un importante predio ubicado en la zona comercial de El Cadillal conocida como Puerto Argentino a Manuel de Jesús Vergara en una operación inmobiliaria. Semanas después, el supuesto titular le permitió a Justo Pastor Barraza a que utilizara el lugar para el cuidado de los animales y, de paso, se asegurara que nadie lo ocupara ilegalmente.
En diciembre de 2022, el supuesto poseedor se presentó con la persona que había contratado para que se instalara y comenzara a realizar trabajos de albañilería en su propiedad. Sin embargo, Barraza se lo impidió. Por eso presentó una denuncia en la comisaría de la villa y comenzó con el proceso judicial.
Después de la reestructuración del Ministerio Público, el expediente pasó a la unidad fiscal que conduce Carlos Saltor. El denunciante presentó como pruebas la copia de cesión de derechos de posesión firmada en una escribanía de la capital, una nota presentada ante EDET para que le otorgaran el servicio y una constancia de la ya desaparecida subsecretaría de Regularización Dominial en la que se informaba que en esa repartición se estaba gestionando los trámites de escrituración.
También ofreció la entrevista de la hija y la esposa de Stefanutti que confirmaron que el terreno cedido a Vergara estaba en poder de su ser querido desde hace más de 35 años y que Barraza lo había usurpado días después de que falleciera.
La audiencia
Saltor comenzó a investigar el caso y lo primero que descubrió es que las tierras que generaron el litigio, en realidad pertenecían a la provincia y que el supuesto trámite de escrituración no era legal y que se había rechazado por irregularidades administrativas. Por esa razón, notificó de la situación a la Fiscalía de Estado, que nombró a Santiago Luis Xamena como representante.
El caso se definió en una audiencia. Todas las partes estuvieron de acuerdo con que Barraza sea acusado de usurpación, no así con el destino final del terreno. Carlos Oreste Malica, representante legal de Vergara, pidió que le restituyan al denunciante. Repasó una a una las evidencias que tenía para demostrar que él tenía la posesión y aclaró además que si bien existía una causa en el fuero civil sobre la tenencia del lugar, ya había prescripto.
El defensor oficial, Jorge Quilez Sáinz, solicitó que el lote quede en manos de Barraza, puesto que en las actuaciones realizadas por una jueza civil se lo había considerado como poseedor y que había una medida de no innovar para evitar que se realice cualquier tipo de cambios sobre la propiedad hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, quién tenía la titularidad.
Xamena, por su parte, solicitó que le sea restituido a la Provincia porque existía un grave peligro de afectación a la preservación de la flora y fauna y a las actividades turísticas. “Se están haciendo loteos de patrimonio público que son mucho más importantes que el de un particular”, destacó. “No sólo está acreditado que son tierras fiscales, sino que quedó demostrado que se inició un trámite, pero no fue finalizado, por lo que no se puede argumentar que tiene derechos”, añadió. Briz Tomas se adhirió al planteo y señaló que la ley 9.099 obliga a los magistrados a devolver las tierras fiscales que fueron ocupadas, siempre y cuando se compruebe su titularidad, como sucedía en este caso.
La jueza Cynthia Lorena Rocha terminó dándole la razón al Ministerio Público y a la Fiscalía de Estado al entender que se trataban de tierras destinadas al turismo y a la preservación del medio ambiente. Le dio a Barraza un plazo de 30 días para que desaloje el predio.
El otro caso
El otro expediente fue menos complejo, pero igual estuvo cargado de polémica. Según la acusación que realizó en otra audiencia, el ex Policía Federal Víctor Hugo Arroyo usurpó en agosto de 2023 un terreno de la Provincia.
La fiscalía de Saltor, que recibió el expediente a fines del año pasado, confirmó la existencia del delito, pero en medio de la investigación descubrió otros detalles. El Cuerpo de Ingenieros de la Policía realizó un detallado informe sobre cómo fue el proceso.
Analizando las imágenes tomadas del Google Earth, se descubrió que el terreno comenzó a ser ocupado en 2013 y que entre 2016 y hasta el año pasado se construyeron más de una decena de casas. Sin embargo, en este expediente sólo se trató el caso de Arroyo, pero no se descarta que en los próximos días se reciban denuncias sobre los inmuebles cuestionados.
Las auxiliar Briz Tomas procesó al ex policía y, con el apoyo del querellante Xamena, solicitó que se restituya el terreno a la Provincia. Entre otras cuestiones, denunciaron que quedó probado que el acusado construyó viviendas, instaló un quiosco y habría colocado estacas para delimitar el predio.
El juez Guillermo Taylor aceptó el planteo, pero además dejó en poder de los acusadores la posibilidad de abrir otro expediente para iniciar una investigación sobre el accionar de los funcionarios de la comuna de El Cadillal que conduce el comisionado Dante Delgado. Durante la audiencia surgió que Arroyo había conseguido la habilitación oficial para el funcionamiento del comercio instalado en la propiedad y que además pagaba religiosamente todos los impuestos exigidos por ley. “Es llamativo que se le haya otorgado un permiso y se le haya cobrado un impuesto sin constatar que se trataba de tierras fiscales”, finalizó el magistrado.
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