Causa YMAD: “No hubo irregularidades que nosotros pudiéramos constatar”

Después de semanas de haber escuchado duros testimonios que los vinculaban con el manejo irregular de fondos provenientes de YMAD, los cuatro ex funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán, el el ex rector Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-, respiraron un poco más aliviados ayer cuando un perito dijo que, en base a las documentaciones que él analizó, no había habido anomalías y que en ningún momento la Casa de Altos Estudios se había visto perjudicada económicamente.

Daniel Antonio Fontana, contador público y perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se sentó ayer frente a los miembros del Tribunal Oral Federal, los santiagueños Jorge Basbús (único de manera personal, y Carina Farías y el catamarqueño Enrique Lilljedahl (los dos últimos de manera virtual), para explicar los análisis de las pericias que había realizado sobre los fondos mineros que llegaron a la UNT entre 2006 y 2009. El experto realizó un trabajo similar al que se le había encargado al otro perito, Francisco Pedro Guzmán, quien al ser ingeniero civil lo hizo en la parte técnica, pero Fontana se encargó de lo económico.

La causa por la cual los ex funcionarios están siendo juzgados se relaciona con presuntos sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la Universidad en inversiones financieras, realizada con sumas llegadas a la UNT entre 2006 y 2009 por las utilidades de la empresa minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La Universidad es socia de YMAD en virtud de la Ley 14.771, que indica que a la UNT le corresponde un 40% de las utilidades y debe destinarlo a la terminación de la Ciudad Universitaria proyectada a fines de los años 40 en San Javier. Cerisola, que al asumir su rectorado hizo hacer un plan para reparaciones y obras nuevas en la UNT, mediante tres resoluciones hizo pasar el área Construcciones Universitarias a depender del Rectorado y dispuso que los trabajos no se rigiesen por la ley de Obras Públicas sino por una norma propia. También determinó que con ese plan de obras la Ciudad Universitaria quedaba concluida e hizo cambiar, mediante un acta firmada en 2008 en YMAD, el destino de las utilidades: ya no se utilizarían en la Ciudad Universitaria sino que la mitad se repartiría para las otras universidades y la otra mitad quedaba de libre disponibilidad.

Fontana comenzó diciendo que su trabajo no fue observado por los peritos de parte que habían sido puestos tanto por la acusación como por las defensas. “No hubo disensos en con respecto a las pericias”, le contestó a uno de los defensores de Sacca, el letrado Víctor Taleb. Se trata de un trabajo sobre 125 puntos que fueron analizados en base a la documentación que Fontana recepcionó para llevar adelante el análisis. Y explicó que la UNT registraba todos los movimientos en el sistema conocido como “Comechingones”. Sin embargo aclaró que ellos no tuvieron acceso al libro Inventarios. “No sabemos si existe”, dijo. “En los balances todas las transacciones realizadas por la UNT están colocadas ahí. No tuvimos observaciones con respecto a las transacciones. De 2006 a 2009 la UNT recibió de YMAD 353 millones, con cheques de Banco Nación, no había pagos en efectivo”, aclaró a pedido de una de las defensoras de Cerisola, Silvia Peyracchia.

Sin embargo, a preguntas del fiscal Agustín Chit, Fontana aclaró que “no pudimos comprobar la trazabilidad de la aplicación de dichos fondos (los que se habían recibido). No es posible hacer análisis de cómo se aplicaron los fondos. No pudimos saber si se usaron para financiar obras o para qué. Nosotros analizamos el ingreso de los fondos, y no el egreso de los fondos”. Sin embargo, sí habló de detalles menores. “No detectamos faltante de fondos, pero podemos decir que lo que ingresaba por recibo estaba registrado incorrectamente. En un caso no se pudo detectar cuál era la diferencia en un recibo por más de un millón de pesos”. Pero luego reafirmó, “no hubo irregularidades que nosotros pudiéramos constatar. Había inconsistencias por montos poco significativos, como uno a favor de la UNT por 9.000 pesos de intereses”. Y recordó que de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), “faltaban algunos informes, pero las diferencias eran mínimas”.

Tras la declaración de Fontana, Taleb dijo que su defendido, Luis Sacca, iba a pedir ampliar su declaración, lo que podría suceder hoy, aunque aún falta escuchar a los peritos de parte.

La Casa Remis

El único momento en el que el perito Daniel Fontana dijo que había una situación particular para analizar fue cuando, ante preguntas de la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, se refirió a los trabajos en lo que se conoce como obra 533, es decir de la Facultad de Derecho. Fue allí donde se debió alquilar una propiedad por calle Laprida para poder acceder hacia la facultad ubicada sobre 25 de Mayo en lo que se conoce como Casa Remis. “No vimos documentación respaldatoria del pago que se le hizo a la empresa que estuvo en la casa de Derecho con respecto a los trabajos para pagar el alquiler y lo de seguridad, hay unos 60 millones de diferencia y hubo un anticipo financiero que no estaba contemplado”. Esta obra resulta de especial interés puesto que por ella es imputado particularmente, además de Cerisola y de Cudmani, Osvaldo Venturino, por haber cometido presuntamente fraude en perjuicio de la UNT, al haber reconocido a la empresa contratista Betón SRL, en el marco de esta obra, mayores costos por el alquiler de un inmueble de calle Laprida 460, el que se utilizó como obrador. También se le imputa a Venturino que, en su carácter de director de Inversiones y Contrataciones de la UNT posibilitó, que en esta obra, se le reconozca a la contratista casi $ 7 millones, excediendo el monto solicitado de $ 4,2 millones, sin que la firma haya acreditado un real perjuicio por la demora en la entrega del inmueble para el inicio del trabajo, al tiempo que se incluyeron cambios injustificados, como la ampliación de contrato, para el reconocimiento y pago de mayores rubros sin justificación en razones de urgencia o interés público.