Tres situaciones vinculadas con los canales Sur y Norte se han puesto de manifiesto a propósito del intento de acordar en el conflicto judicial entre el Gobierno provincial y la Municipalidad capitalina y de la reunión entre áreas técnicas de la provincia y la capital para acordar tareas conjuntas. Una es el alto grado de deterioro de los canales, que requiere una estrategia importante para su reparación o renovación. Ya se ha mencionado que el canal sur está inutilizado en un 30% de su estructura, la cual, además, ya es insuficiente para la demanda que exige un desarrollo urbano muy distinto a cuando fue construido, hace seis décadas. La segunda situación es la dificultad para llevar a cabo adecuadas tareas de mantenimiento y de limpieza en cursos de agua deteriorados -con losas rotas y materiales pesados en el cauce, además de basura- que, como se ha visto, son insuficientes a pesar de que todos los años se llevan a cabo los planes llamados Prelluvia, elogiados como eficaces por los gobiernos pero cuestionados por insuficientes por los expertos hidráulicos. La tercera situación es la complicación que genera, en especial en el Canal Norte, el hecho de que las márgenes del curso de agua están ocupadas a lo largo de varios kilómetros, por viviendas precarias. Los costados del Canal Norte son desde hace muchos años una verdadera villa de emergencia en la que viven miles de personas y por ello, como se ha señalado en las reuniones de las diferentes áreas, se dificulta el acceso para la limpieza o la reparación de los laterales de hormigón que se encuentran dañados.
Con respecto al deterioro de los canales, el mismo director del Agua, Marcelo Cancellieri, fue crítico hace pocas semanas ante LA GACETA, al plantear que “un error clave de las últimas gestiones fue no hacer obras” y que “no podemos estar con obras de 60 y 80 años; es algo penoso que no se realicen los proyectos de envergadura que la provincia necesita”. Es decir, conviene tener por un lado planes actualizados sobre las necesidades con respecto a los canales, y estrategias para poner estas obras, que son muy caras y en muchos casos requieren financiamiento externo, como prioritarias tanto en la gestión provincial.
En cuanto a segundo punto, que es el mantenimiento, la larga querella judicial entre Municipalidad y Gobierno, que ya lleva ocho años, ha mostrado que las administraciones han preferido echarse culpas antes que trabajar coordinadamente para mantener los canales. Y el resultado es el deterioro de las estructuras y el aumento del riesgo de emergencias para la población. Los planes Prelluvia, al menos como han sido estructurados en estas circunstancias, no pueden ser más que soluciones precarias y de apuro, no las definitivas.
La tercera situación, la ocupación con viviendas de las márgenes, requiere aguzar el ingenio desde varios puntos de vista. Por un lado, la tarea en conjunto con los vecinos, para que ellos asuman la necesidad de colaborar para el cuidado de los cursos de agua y para no permitir que se arrojen desperdicios, así como facilitar el ingreso de maquinarias y operarios para la limpieza y mantenimiento. Por otra parte, el estudio de soluciones a futuro para despejar los márgenes. No debería haber viviendas ni ocupación en esos sectores. ¿Qué se hará? Hay que estudiar el problema.
Finalmente, además de un acuerdo entre Gobierno y Municipio para resolver el problema judicial, se debería buscar la forma de tener coordinación permanente para el cuidado y mantenimiento de los canales, y en esto debería estar también la Municipalidad de Yerba Buena, a la que le afecta también el estado del canal Caínzo-Las Piedras, que se encuentra bastante destruido y aporta al daño que sufre el Canal Sur.







