La necesidad de cuidar las tierras fiscales

Los avances registrados en los últimos tiempos en materia de rescate de predios usurpados en diferentes lugares de la provincia y las medidas para movilizar y capacitar a los comisionados rurales a fin de cuidar las tierras fiscales mueven a reflexión por la necesidad de concientizar a los funcionarios acerca del cuidado de la cosa pública. Al mismo tiempo, incitan a pensar en los resquicios legales que han permitido las situaciones de caos que se han ido revelando en los últimos tiempos.

En efecto, desde octubre, cuando comenzaron de modo decidido las acciones tanto legales como de ordenamiento de las diferentes áreas del Estado vinculadas a las tierras, fiscales, se han recuperado predios que habían sido ocupados con diferentes motivos en El Mollar, Tafí del Valle, Ibatín, Yerba Buena y El Cadillal, entre otros sitios. Esto incluyó tanto tareas de las oficinas del Estado como fallos de la Justicia sobre causas que llevaban bastante tiempo de atraso, que dieron lugar a la restitución de bienes e incluso a la demolición de construcciones, lo cual permitió apreciar la contundencia de las acciones y cementó la impresión de que se trata de una decisión de cambio profundo en la política de defensa del patrimonio. En este sentido, ha sido importante, por ejemplo, que se haya podido visibilizar lo que estaba ocurriendo en el predio histórico de Ibatín, donde se habían cedido varias de las pocas hectáreas del sitio de la primera ciudad de Tucumán para prácticas agrícolas e incluso se habían permitido construcciones.

En esta tarea hubo al menos cuatro circunstancias llamativas e importantes. Una es la creación de una unidad de cuidado patrimonial que dirige la fiscal de Estado, que es la que ha motorizado con decisión las acciones para recuperar los predios y ha manejado los tiempos legales de las medidas a tomar. En segundo lugar, ha incidido en el ámbito judicial la creación de fiscalías especializadas en usurpaciones y áreas dedicadas a esta problemática. En tercer lugar, la supresión de la oficina de Regulación Dominial y Hábitat, que estaba bajo sospecha de haber permitido maniobras vinculadas a otorgamiento de predios o directamente ventas de tierras. Con esto se pudo visibilizar, por un lado, el caos en el área y por otro se pudo avanzar a instancias judiciales. Finalmente, la recopilación ordenada de datos que se ha llevado a cabo, en el caso de El Cadillal, que ha permitido tener una idea cabal de lo que ha sucedido: en la zona del embalse hay 300 hectáreas del Estado que han sido tomadas y loteadas u ocupadas y en ellas se han construido 3.100 viviendas, lo cual muestra la magnitud del problema.

Se ha informado que en estos días ha comenzado la capacitación a los comisionados para que sean “ojos y oídos” del Estado frente a la ocupación de tierras y para que tengan elementos para actuar al respecto. No es la primera vez que se instruye, se sugiere o se solicita a comisionados que actúen para la protección del patrimonio, de modo que convendría tomar recaudos para que esta decisión se transforme en una política que debería mantenerse en el tiempo, a fin de que además de que se reparen las irregularidades del pasado se puedan prever situaciones indebidas en el futuro.