Caso San Martín de Tucumán-Franco Morales: el conflicto judicial sigue abierto y se ordenó una nueva resolución del Ministerio Público Fiscal

El conflicto judicial entre San Martín y su socio Franco Daniel Morales sumó un nuevo capítulo luego de la audiencia realizada este jueves. La jueza, Eliana Gómez Moreira, interviniente determinó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) deberá emitir una nueva resolución debidamente fundamentada, tras considerar inválida la dictada el pasado 7 de marzo, por falta de motivación adecuada.

El origen del caso se remonta al 1 de diciembre de 2024, cuando Morales fue denunciado penalmente por daños agravados en un espectáculo deportivo, luego del partido en el que el "Santo" perdió 1 a 0 contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza y quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional. Según la acusación, Morales habría lanzado un objeto desde la platea del estadio La Ciudadela hacia un palco donde se encontraban miembros de la Comisión Directiva. Si bien no hubo heridos, el hecho derivó en un proceso judicial que continúa en curso.

¿Qué se discutió en la audiencia?

Este jueves, el Ministerio Público Fiscal insistió en su postura de que el caso no amerita llegar a juicio oral, dado que no hubo lesiones personales y el daño fue exclusivamente material, estimado en un millón de pesos. Desde el organismo fiscal propusieron como salida que el club acepte una compensación económica por los gastos de reparación, sumado a las disculpas públicas de Morales como una forma de resolver el conflicto sin necesidad de llegar a juicio.

Por su parte, la defensa del acusado, a cargo del abogado Ernesto García Biagosch, planteó una alternativa para cerrar el caso: que Morales no asista a ninguna de las sedes del club mientras permanezca la actual dirigencia al frente de la institución.

La postura del club y la decisión judicial

Sin embargo, desde San Martín rechazaron cualquier tipo de conciliación. La dirigencia sostiene que el episodio no se limita a una cuestión económica, sino que implica un mensaje más amplio contra la violencia en el deporte. “Queremos que se haga justicia. Es fundamental marcar un precedente para evitar que hechos como este se repitan”, señalaron allegados a la dirigencia "santa".

Ante esta disyuntiva, la jueza decidió remitir el expediente al fiscal regional, para que emita su opinión sobre cómo debe continuar el proceso. Además, ordenó que el MPF fundamente adecuadamente su postura respecto a las pruebas requeridas por la querella, especialmente aquellas que el club considera clave para avanzar hacia un juicio oral.

Mientras tanto, el proceso sigue abierto y sin una definición concreta, aunque con un mensaje claro: el caso no será cerrado hasta que todas las instancias legales hayan sido debidamente agotadas.