18 Abril 2025
El ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, cuestionó a Gobierno de Javier Milei por el decreto que determina que la Unidad de Información Financiera (UIF), la cual funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia, ya no podrá ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el senador radical afirmó: "Para combatir al crimen organizado hay que pegarle donde más le duele: en lo financiero, por eso la lucha contra el lavado de activos es clave ¿Qué sentido tiene limitarle la facultad a la UIF de ser querellante particular en las causas de las cuales tiene la mejor información?".
"Con esta medida, ¿no se beneficia a los evasores y narcos? Inexplicable decisión del Gobierno Nacional. ¿Qué opinan los ministros de Seguridad, Justicia y Defensa? Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona y Luis Petri", añadió.
Para finalizar, Cobos sostuvo que presentaron en la Cámara de Diputados "un pedido de informe para que el Ejecutivo explique esta decisión, porque es un retroceso en las políticas de integridad institucional y lucha contra el crimen económico organizado".
Milei decretó que la UIF ya no podrá querellar en causas de corrupción y lavado
Según el Decreto 274/2025, publicado este miércoles por la noche en el Boletín Oficial, el cambio en la reglamentación de la UIF, hoy a cargo del fiscal federal Paulo 'Paul' Starc, está basado en un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que señala que Argentina “es un caso aislado respecto a la facultad de querellar” en causas de lavado de capitales y creen que se sostiene con “intenciones de perseguir”.
“A los fines de dotar al funcionamiento de la UIF de una mayor autonomía, eficacia y eficiencia, en pos de evitar una ‘influencia o interferencia indebida’ en los términos de las recomendaciones del GAFI, y en virtud de las normas constitucionales y legales que regulan los diferentes roles y la actuación de la UIF y del Ministerio Público Fiscal, corresponde derogar el Decreto N° 2226/08”, sostiene el Decreto 274.
El mencionado Decreto N° 2226/08 que se ha derogado es el que autoriza al titular de la UFI “a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos” relativos al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Según señala la normativa de Milei, “de acuerdo al artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal, como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es el encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, por lo que no debería ser la excepción en estos casos.
“Cuando la UIF haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal”, determina el Decreto 274.
Asimismo, dota a la UIF de competencias “para requerir, recibir e intercambiar información con otras entidades públicas que desarrollen actividades de inteligencia, información o prevención, y de colaborar y/o requerir colaboración a los órganos de la Administración Pública Nacional, del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”. La normativa, con la firma del presidente, Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona, también modifica la ley de Inteligencia y crea el Comité de Ciberseguridad.
El Gobierno basa su autoridad en este asunto al remarcar que la ley de Bases declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. “La declaración de emergencia pública guarda sustento en la gravedad institucional de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos de forma ineficiente en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los contribuyentes”, comenta.
“Resulta necesario reducir la superposición de funciones entre los entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada”, argumentaron los funcionarios nacionales. Por ello, “la reestructuración organizativa y las modificaciones de competencias que se propician por la presente medida permitirán alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la gestión técnica de los medios con los que cuenta el Estado Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
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