La actividad de “patovicas” será regulada en el municipio capitalino

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión a las normativas que regulan la actividad del personal de seguridad en lugares de entretenimiento. La iniciativa de los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos llamó a la reflexión del cuerpo parlamentario, cuyos miembros remarcaron la gravedad de lo ocurrido con Nicolás Vega y los “patovicas”, además de plantear la necesidad de que el municipio, la Provincia y la Nación colaboren en el control de estas tareas.

El proyecto de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) adhiere a San Miguel de Tucumán a la Ley Nacional N° 26.370 y a la Ley Provincial N° 9.220, que regulan la habilitación y actuación del personal que realiza tareas de control, admisión y permanencia en eventos y espectáculos públicos. La norma en Tucumán fue promulgada en 2020, durante el gobierno de Juan Manzur, pero no fue reglamentada, aún cuando el escrito dispone que debía hacerse dentro de los 90 días corridos después de su registro.

Durante la defensa del tema en el recinto, Canelada apuntó que lo sucedido en un centro nocturno de Maipú al 700 no es un hecho aislado, y recordó un ataque ocurrido en 2022, donde un “patovica” agredió a latigazos a un joven en Tucumán. “Lo que nosotros pretendemos es evitar los hechos de violencia, y ambas normas prevén dispositivos en este sentido”, argumentó.

Las leyes a las que la ordenanza adhiere establecen el registro y la capacitación de estos trabajadores. Definen sus funciones, requisitos y prohibiciones, y promueven prácticas que garanticen la seguridad y el respeto por los derechos fundamentales de los asistentes. En ese sentido, crean un registro de trabajadores y detallan las capacitaciones obligatorias que deben recibir. El proyecto contó con la firma del presidente del cuerpo, Fernando Juri, y de los jefes de todos los bloques legislativos.

Cobos afirmó: “a quienes ejercen esta tarea se les otorgan potestades similares a las de la fuerza pública. Por eso, es clave saber quiénes son y garantizar que, ante hechos violentos, no respondan con más violencia. Esto no es una declaración simbólica ante un hecho grave, sino una herramienta concreta para que el municipio pueda intervenir y ayudar a prevenir estas situaciones”.

Adhesión necesaria

Durante la sesión, Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) calificó el proyecto como una adhesión necesaria, y planteó: “vimos con el paso de los años distintas situaciones graves que se fueron produciendo. Es fundamental la voluntad de la adhesión y la intención de trabajar con la Municipalidad para que efectivamente se cumpla”.

También el oficialista José María Franco se expresó al respecto resaltando que la medida supone “un paso necesario para los vecinos” de San Miguel de Tucumán. “Me toca de forma bastante cercana porque, además del hecho particular, fue algo que le ocurrió al hijo de un amigo de mi familia. Más allá del hecho, nosotros tenemos que normar sobre esto porque el día de mañana podría ser mi hijo o el de cualquiera que esté acá”, reflexionó.

El testimonio más fuerte vino del radical Federico Romano Norri, que contó que él mismo vivió una situación similar cuando era adolescente. “Sufrí una golpiza por parte de ocho miembros de la seguridad y me dejaron en coma cuando tenía 17, casi 18 años. Celebro esto, que es importante, es un elemento fundamental porque a través de esas capacitaciones se podrá tener las herramientas necesarias para evitar el conflicto, persuadirlo, y desnaturalizarlo”, contó. Por último, agregó: “tenemos que preservar y resguardar la integridad de la ciudadanía, independientemente de que no sea el ámbito de competencia natural en materia de seguridad del municipio. Me parece que es un procedimiento adecuado”.