Legisladores buscan que Tucumán se adhiera a la Ley Antimafias

A raíz de las recientes amenazas que habría realizado Miguel “Miguelón” Figueroa en contra del gobernador Osvaldo Jaldo y anteriormente contra fiscales y un juez del Poder Judicial, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto con el fin de impulsar la adhesión de la provincia a la Ley Antimafias, sancionada por el Congreso el pasado 20 de febrero, para reforzar la lucha contra el crimen organizado en Tucumán.

El 17 de marzo “Miguelón”, condenado por dos homicidios y sospechado de tener vínculos narcos, se habría contactado desde el penal de Ezeiza con su pareja Marcela Díaz para que grabara un mensaje intimidatorio contra Jaldo, el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. La mujer se lo habría reenviado a la periodista Mariana Romero e intentó hacer lo mismo con un colega de LA GACETA, pero no pudo hacerlo porque el cronista de nuestro diario la había bloqueado la noche anterior.

Por el hecho, el jueves el fiscal Carlos Picón lo imputó por el delito de amenazas coactivas agravadas en perjuicio de distintas autoridades provinciales y judiciales. Además agravó los cargos en contra de Díaz y pidió que le revocaran la medida de arresto domiciliario que venía cumpliendo para que fuera sometida a prisión preventiva. El requerimiento fue aceptado por el juez Guillermo Di Lella.

Las amedrentaciones encendieron las alarmas en los tres Poderes de la provincia. La semana pasada Gerónimo Vargas Aignasse impulsó la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional 27.786 -también conocida como “Ley Antimafias”-, con el fin de reforzar el marco jurídico provincial para investigar, juzgar y desarticular organizaciones criminales de tipo mafioso.

“La reciente amenaza del narco condenado “Miguelón” Figueroa contra el gobernador Osvaldo Jaldo puso en evidencia el poder de intimidación que aún conservan estas organizaciones desde el encierro, y reavivó el debate sobre la necesidad de herramientas jurídicas más robustas”, justificó el funcionario. “La Ley Antimafias contempla justamente ese enfoque: investigaciones patrimoniales, decomisos anticipados, abordaje estructural del delito y cooperación interjurisdiccional. Su adopción en Tucumán apunta no solo a castigar con mayor eficacia, sino también a proteger las instituciones democráticas del avance del poder mafioso”, agregó.

El legislador sostuvo que la adhesión a esta ley complementará el esfuerzo que se viene realizando en la provincia en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la criminalidad compleja mediante el impulso de políticas públicas y reformas legislativas orientadas a la prevención, investigación y sanción de estos fenómenos delictivos, como ser la implementación de la Ley de Narcomenudeo.

Puntos claves

La norma nacional, que fue promulgada el pasado 10 de marzo, introdujo modificaciones en la legislación vigente, aumentando las penas para los miembros de organizaciones criminales y fortaleciendo las herramientas del Estado en materia de investigación y persecución penal.

- Integrantes de una banda: uno de los cambios planteados es que todo grupo de tres o más personas que en un determinado tiempo y en áreas geográficas determinadas y con ciertas modalidades operativas, y con un fin de cometer delitos especialmente graves, serán considerados como una organización a la que se le aplicará esta ley con fuerza.

- Investigación Especial: la Fiscalía Federal competente, las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial, en los términos de esta ley, la que deberá ser declarada por la autoridad judicial competente. Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

- Agravamiento de penas y de figuras legales: la legislación advierte que “será reprimido con reclusión o prisión de ocho a 20 años el que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita”. Además, se elimina la diferenciación de las penas según el rol que haya tenido una persona dentro de esa agrupación criminal. Esto hará que todos los integrantes tengan la misma condena, independientemente de si tuvo mayor o menor participación. Tampoco serán aplicables los institutos de juicio abreviado.

- Decomiso anticipado: con esta figura, los pesquisas podrán confiscar los bienes sin la necesidad de una condena firme ya que bastará que existan sospechas fundadas sobre su origen ilícito para su decomiso.

- Plazos y medidas extraordinarias: una vez declarada la necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales y provinciales podrán detener a personas hasta por 48 horas por averiguación de delitos relacionados con el crimen organizado, con una extensión de hasta 15 días en casos de alta complejidad. A su vez, la ley habilita la inmovilización de activos de origen presuntamente ilícito, la interceptación de comunicaciones bajo estrictas condiciones y la ampliación de las facultades de allanamiento en áreas vinculadas a investigaciones en curso.