Por Micaela Pinna Otero
09 Enero 2025
Los dos albañiles que estaban imputados por haber incumplido la orden de no construir en los terrenos usurpados de la reserva de La Angostura recuperaron su libertad. El propietario de la vivienda, por su parte, fracasó en el intento de resolver su situación procesal y continuará sufriendo la medida de coerción de mayor intensidad mientras avanzan las medidas judiciales.
El pasado sábado 4 de enero, los albañiles Gustavo Emanuel (38 años) y Luis Francisco Soria (65) y Marcos Luciano Bolla (37), el dueño de una vivienda construida en un lugar llamado “Loteo Gaucho Castro”, dentro de la reserva de La Angostura, fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal de haber usurpado tierras declaradas como área protegida y sometidos a prisión preventiva.
Los abogados defensores de los tres involucrados, Oscar Amado y Carlos Pais (de la defensoría oficial), impugnaron la sentencia dictada por el juez Marcos Núñez Campero. En una audiencia realizada ayer, los profesionales expusieron ante el magistrado Paul Hofer sus fundamentos y solicitaron que declare admisible el recurso.
Según plantearon Amado y Pais, sus pupilos no tendrían que haber sido imputados por el delito de usurpación, considerando la falta de elementos que permiten mantener tal acusación, y afirmaron que los investigadores mezclaron el bien jurídico de la usurpación con la ley de protección ambiental.
Pais explicó que cuando la Provincia inició la acción de amparo a través de la Fiscalía de Estado, y solicitó la prohibición de no innovar, no invocó su carácter como titular del dominio sino su legitimación activa como encargada de la protección ambiental. “Es decir que lo que se está afectando acá es el medio ambiente, no el derecho de propiedad de la provincia”, argumentó.
Siguiendo su alegato, el defensor habló de las evidencias presentadas durante la primera audiencia y sostuvo su hipótesis. “En el expediente no se sumaron pruebas de la usurpación. Todo lo contrario, en la carpeta figuran los boletos de compraventa de cuando Bolla adquiere la propiedad y figuran los datos del lotero que se la vendió, quién era un hombre que vivió allí durante muchos años luego de que le dieran esa posesión porque era empleado de un ingenio. Él luego lo loteo y lo vendió”, indicó.
Reproche
El defensor también reprochó que durante la imputación del MPF se haya dicho que la usurpación fue mediante clandestinidad. “Hay una contradicción lógica porque se dice que la usurpación se produjo desde el 10 de mayo de 2024, pero mi cliente está imputado desde el 3 de enero de 2025. Además, si es que había una consigna policial permanente, ¿cómo habrían hecho para ingresar?” -cuestionó Pais-. “Porque la policía los dejó entrar, porque entendían que quienes están dentro del loteo tienen derecho a transitar”, respondió.
Por último, dijo que en todo caso se estaría ante el delito de desobediencia judicial a una orden que dio la Cámara Contenciosa Administrativa de no construir para evitar daños al medio ambiente, pero refutó que su representado no estaba al tanto de la misma.
Antes de informar su resolución, el juez escuchó a los imputados, quienes rogaron recuperar su libertad. “No estaba haciendo una edificación grande. La casa ya estaba puesta antes de que saliera esta medida. Lo único que pretendía era cerrar la parte de abajo de la casa porque tenía miedo que el viento volara. No estaba modificando mucho, si el día de mañana la tengo que sacar no tengo la intención de modificar la biodiversidad”, dijo Bolla.
Finalmente, a pesar de la oposición del fiscal Carlos Rodríguez, Hofer resolvió declarar admisible el recurso de impugnación expuesto por Pais, dejando libres a Gustavo y Luis Soria. En cuanto a Bolla, rechazó el planteo de Amado, por lo que el propietario seguirá sujeto al proceso bajo preventiva.
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