El Gobierno nacional oficializó las pruebas para evaluar la idoneidad de los empleados públicos. Lo hizo a través de la Resolución 26/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial, dando a entender que se tratará de “un proceso transparente y anónimo”.
La resolución habla de las modificaciones introducidas a la Ley Bases, entre las cuales se encuentra "la reorganización administrativa, facultando al Poder Ejecutivo a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas".
Según el Gobierno, “esta medida marca un avance en la profesionalización del empleo público y responde a la necesidad de construir un Estado más ágil y eficiente”.
El nombre técnico de las pruebas es "Evaluación General de Conocimientos y Competencias", la cual, según indicaron, serán implementadas en diversas etapas, conforme los lineamientos y cronogramas que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación. Serán informados a través de la web oficial de Gobierno.
No obstante, aquellas personas que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) estarán exceptuadas temporalmente hasta que se implementen mecanismos de accesibilidad adecuados.
Cómo serán las pruebas
Estas pruebas estarán destinadas principalmente a los 40.000 empleados estatales de planta transitoria, cuya vinculación laboral anual expirará el 31 de diciembre y busquen renovar sus contratos, o a las personas que nunca hayan trabajado en la administración pública y planeen postularse por primera vez. De todos modos, la inscripción permanecerá abierta todo el año.
La aprobación del examen será obligatoria, pero no vinculante. Es decir, el buen rendimiento no implica que una persona vaya a quedar contratada. Pero así como se necesita comprobar que quienes entran a trabajar en el Estado no tienen antecedentes penales, la admisión de esta prueba también será requisito de ingreso.
El test tendrá tres niveles de dificultad: una para profesionales, otra para administrativos y otra para trabajos catalogados como “servicios generales” (para puestos de tareas consideradas cotidianas como choferes o jardineros). Las preguntas estarán apuntadas a cuestiones de lógica, matemática y conocimiento sobre la administración pública.
El formato será anónimo, tendrá entre 20 y 24 preguntas multiple-choice, durará una hora y se realizará de forma presencial en las oficinas el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada persona tendrá tres chances para aprobar.
De todos modos, habrá algunas excepciones. Quienes no deben realizar el examen serán los trabajadores de planta permanente, quienes residan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y quienes cuenten con un certificado de discapacidad.
“El examen no está pensado como un filtro, sino para tener un mecanismo para saber si el personal es eficiente”, explican en despachos oficiales. Y aclaran: “Es una primera vara para construir un Estado más profesional. Nadie se va a quedar sin contrato porque no tuvo la oportunidad de rendirlo tres veces”.