La investigación judicial a los 27 legisladores que votaron a favor de la reforma constitucional genera numerosas tensiones y conflictos dentro de la Cámara. La causa judicial por presunta compra de voluntades alteró los ánimos de varios referentes políticos, quienes fustigaron al juez Víctor Manuel Pérez, a cargo de investigación de la denuncia de Ricardo Bussi.
Uno de los más duros contra el magistrado fue Raúl Lossi, quien lo calificó como "un inepto". Lossi fue desautorizado ayer por los restantes miembros del bloque del Movimiento Independiente que preside, lo que pone entre signos de interrogación su continuidad el frente de la bancada.
"No avalamos las declaraciones de nuestro presidente de bloque. Son absolutamente contrarias a lo decidido oportunamente y en conjunto; no fuimos consultados y entendemos que su pronunciamiento es individual", dijeron enérgicamente los legisladores Julio Topa, Nancy Albero y Adriana Neske de Gutiérrez.
Los topistas exigieron una explicación a Lossi por "haber adoptado una actitud política que no comparte el resto de la bancada". Ayer trataron de comunicarse con su presidente, pero los teléfonos no contestaron. "Estamos sentando la posición de la mayoría. Siempre respetamos el disenso interno, pero hacia afuera proyectamos lo que opina el grueso de los legisladores", afirmaron.
Respeto a la Justicia
Los legisladores remarcaron que el bloque decidió allanarse al proceso judicial "tal como viene desarrollándose, porque las gravísimas acusaciones realizadas en torno de la reforma constitucional deben dilucidarse en la Justicia".
"Respetamos tanto la estructura del Poder Judicial como las personas de quienes lo integran. En ese contexto, Pérez es el conductor natural del proceso", señalaron."Al no haber sido reconocidos como parte en la causa judicial, no podemos dar una opinión seria y técnica sobre un expediente al que no accedimos. Debimos conocer la denuncia por publicaciones periodísticas y de modo parcial.
Cualquier discrepancia, opinión encontrada o planteo serán efectuados en la forma, el modo, el tiempo y ante la autoridad fijada por las leyes vigentes", advirtieron.
"Lejos estamos los miembros del Movimiento Independiente de sentirnos involucrados en esta denuncia, por cuanto hemos acompañado institucionalmente el intento reformista desde el inicio de nuestra gestión parlamentaria", destacaron.
El topismo tendría previsto elaborar su propia estrategia judicial, despegándose del intento del justicialismo de llevar adelante una presentación conjunta de todos los legisladores que avalaron la ley que declaró la necesidad de modificar la Carta Magna (oficialistas y aliados).
Augier quiere declarar ante Pérez
La legisladora peronista Rosa Augier de Rojas quiere sentarse frente a frente con el juez Víctor Pérez. "Quiero declarar en la causa por cohecho. Los 27 legisladores no estamos imputados, sino que somos objeto de una investigación. Quiero colaborar con la Justicia y aportar todo lo que pueda para aclarar este tema", sostuvo.
"Daré instrucciones a mi abogado para que le entregue al juez toda la documentación que requiera sobre mi patrimonio y mi manifestación de bienes. Pido declarar para someterme a esta investigación y tener la oportunidad de defenderme. Es una posición individual, estrictamente personal, aunque reconozco mi pertenencia al bloque y que debo ser disciplinada", señaló.
Augier detalló que vive en una casa en el barrio Obispo Piedrabuena, adquirida hace 20 años con un crédito hipotecario; dos automóviles (un Corolla 2001 y un Ford Escort 2000, comprados con la entrega de otros vehículos); y que su esposo, el defensor del Pueblo, Juan Rojas, es dueño de dos oficinas en 9 de Julio al 400, desde 1990. "No tengo cuentas bancarias ni cajas de ahorro, no me preocupa ni me afectó el corralito. Al contrario, soy deudora del banco Río", dijo.
La legisladora consideró que el presidente de la Cámara, el vicegobernador Sisto Terán, debe decidir el destino del oficio presentado por Pérez, pidiendo informes sobre las declaraciones juradas y los ingresos de los parlamentarios. "El oficio no debe ser votado por el cuerpo", indicó.
Uno de los más duros contra el magistrado fue Raúl Lossi, quien lo calificó como "un inepto". Lossi fue desautorizado ayer por los restantes miembros del bloque del Movimiento Independiente que preside, lo que pone entre signos de interrogación su continuidad el frente de la bancada.
"No avalamos las declaraciones de nuestro presidente de bloque. Son absolutamente contrarias a lo decidido oportunamente y en conjunto; no fuimos consultados y entendemos que su pronunciamiento es individual", dijeron enérgicamente los legisladores Julio Topa, Nancy Albero y Adriana Neske de Gutiérrez.
Los topistas exigieron una explicación a Lossi por "haber adoptado una actitud política que no comparte el resto de la bancada". Ayer trataron de comunicarse con su presidente, pero los teléfonos no contestaron. "Estamos sentando la posición de la mayoría. Siempre respetamos el disenso interno, pero hacia afuera proyectamos lo que opina el grueso de los legisladores", afirmaron.
Respeto a la Justicia
Los legisladores remarcaron que el bloque decidió allanarse al proceso judicial "tal como viene desarrollándose, porque las gravísimas acusaciones realizadas en torno de la reforma constitucional deben dilucidarse en la Justicia".
"Respetamos tanto la estructura del Poder Judicial como las personas de quienes lo integran. En ese contexto, Pérez es el conductor natural del proceso", señalaron."Al no haber sido reconocidos como parte en la causa judicial, no podemos dar una opinión seria y técnica sobre un expediente al que no accedimos. Debimos conocer la denuncia por publicaciones periodísticas y de modo parcial.
Cualquier discrepancia, opinión encontrada o planteo serán efectuados en la forma, el modo, el tiempo y ante la autoridad fijada por las leyes vigentes", advirtieron.
"Lejos estamos los miembros del Movimiento Independiente de sentirnos involucrados en esta denuncia, por cuanto hemos acompañado institucionalmente el intento reformista desde el inicio de nuestra gestión parlamentaria", destacaron.
El topismo tendría previsto elaborar su propia estrategia judicial, despegándose del intento del justicialismo de llevar adelante una presentación conjunta de todos los legisladores que avalaron la ley que declaró la necesidad de modificar la Carta Magna (oficialistas y aliados).
Augier quiere declarar ante Pérez
La legisladora peronista Rosa Augier de Rojas quiere sentarse frente a frente con el juez Víctor Pérez. "Quiero declarar en la causa por cohecho. Los 27 legisladores no estamos imputados, sino que somos objeto de una investigación. Quiero colaborar con la Justicia y aportar todo lo que pueda para aclarar este tema", sostuvo.
"Daré instrucciones a mi abogado para que le entregue al juez toda la documentación que requiera sobre mi patrimonio y mi manifestación de bienes. Pido declarar para someterme a esta investigación y tener la oportunidad de defenderme. Es una posición individual, estrictamente personal, aunque reconozco mi pertenencia al bloque y que debo ser disciplinada", señaló.
Augier detalló que vive en una casa en el barrio Obispo Piedrabuena, adquirida hace 20 años con un crédito hipotecario; dos automóviles (un Corolla 2001 y un Ford Escort 2000, comprados con la entrega de otros vehículos); y que su esposo, el defensor del Pueblo, Juan Rojas, es dueño de dos oficinas en 9 de Julio al 400, desde 1990. "No tengo cuentas bancarias ni cajas de ahorro, no me preocupa ni me afectó el corralito. Al contrario, soy deudora del banco Río", dijo.
La legisladora consideró que el presidente de la Cámara, el vicegobernador Sisto Terán, debe decidir el destino del oficio presentado por Pérez, pidiendo informes sobre las declaraciones juradas y los ingresos de los parlamentarios. "El oficio no debe ser votado por el cuerpo", indicó.
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