Registro provincial sobre sancionados

La norma, en estudio en la comisión de Legislación General, obligaría a los funcionarios del Estado a informar sobre las sanciones impuestas a sus empleados.

Por Redacción Política 31 Marzo 2002
Un castigo que no se aplica es como si nunca hubiese existido. La impunidad no alcanza sólo a las grandes causas judiciales, sino que puede repetirse cotidianamente, aun en los pequeños hechos. El Estado dispone de sus propias medidas correctivas en casos de violaciones administrativas. Cada poder puede sancionar a sus empleados, con penas de distinto grado (apercibimiento, multa, suspensión o inhabilitación), pero su ejecución y cumplimiento general chocan con la falta de un registro común, que abarque a toda la provincia.
Así, un empleado sancionado por un municipio con inhabilitación por varios años para el ejercicio de cargos públicos, puede ingresar en otro municipio, en el Gobierno provincial o en la Justicia. El control cruzado de los castigos simplemente no existe.
El Tribunal de Cuentas trató de concentrar toda esa información, creando un registro provincial el 16 de mayo de 2000, y dispuso en la acordada 397 que, antes de ingresar a un cargo público, se debía obtener un "Certificado de Habilitación". Su iniciativa no tuvo el eco necesario en el resto del Estado.
Hasta el momento, hay sólo 10 registros de inhabilitaciones anotados (8 fueron aplicados por el propio Tribunal, uno por el Siprosa y el restante por el Poder Judicial de la Nación). No obtuvo datos de la Justicia provincial, del Poder Ejecutivo, de los municipios ni de las comunas rurales. Sin embargo, a veces recibe consultas de los mismos organismos que no le brindan información sobre la situación legal de algún posible futuro empleado.
Para superar esta situación, el legislador Gustavo Rojas Alcorta dispuso crear por ley el "Registro de Sanciones e Inhabilitaciones de la Administración Pública", en el Tribunal de Cuentas.
La norma, en estudio en la comisión de Legislación General, obligaría a los funcionarios del Estado, de los municipios y de las comunas, y de los entes centralizados y descentralizados, a informar sobre las sanciones impuestas a sus empleados, bajo la pena de ser sometidos a juicio político.

Tamaño texto
Comentarios