Posibles estafas a inversores y prestamistas: cómo funcionaba la financiera que fue desarticulada en Tucumán

Posibles estafas a inversores y prestamistas: cómo funcionaba la financiera que fue desarticulada en Tucumán

Soramus SA sería el nombre de la firma que funcionaba en un piso de un edificio ubicado en Lamadrid al 400.

Secuestro de pruebas. FOTOS MPF Secuestro de pruebas. FOTOS MPF

Con el correr de las horas no sólo se incrementaron las denuncias, sino que comenzaron a surgir los detalles de las maniobras fraudulentas que habría realizado una financiera que fue desarticulada ayer. Hasta el momento, la unidad fiscal que conduce Mariano Fernández recibió más de 100 denuncias.

La presente causa se inició formalmente por una denuncia policial realizada el 1 de diciembre del año pasado. Con posterioridad, se sumaron otras, todas con similares características siendo coincidentes los denunciantes en manifestar que en el período de 2016 hasta diciembre de 2023 funcionó una financiera destinada a la gestión y otorgamiento de créditos a personas, gremios y municipalidades de todo el país, y la cual tenía asiento laboral en un piso del edificio ubicado en calle Lamadrid al 400 de esta ciudad capital.

Fernández dirigió un equipo integrado por la auxiliar Paula Bellomío y la instructora Florencia Giménez Saravia lograron establecer al menos tres tipos de maniobras diferentes. Ellas son:

- Capitalización: ofrecían a adherentes de diferentes mutuales ingresar a una especie de sistema de ahorro. El cliente entregaba una suma de dinero y cobraba los intereses que iban del 100 al 300%, según el tiempo que ellos elegían estar en el grupo. Por ejemplo, entregaban $1.000, en el máximo plazo, obtenían $3.000. El ahorrista tenía la posibilidad de retirar todo el dinero, únicamente las ganancias o ir incrementando el capital para obtener mayores dividendos.

- Préstamos: recibían sumas de dinero para que personas vinculadas a la firma lo ofrecieran en el sistema financiero paralelo. Mensualmente cobraban los intereses del capital que entregaban y que iban desde el 20% al 800%, dependiendo siempre el monto del capital que entregaban y el tiempo del contrato que firmaban. Por ejemplo, una persona que entregaba $1 millón, en un mes podría cobrar al menos $200.000 o $800.000.

- Robo de nombres: según las denuncias que recibieron los investigadores, el titular de la financiera podría haber utilizado los nombres de los clientes para acceder a créditos en distintas firmas. Los damnificados se dieron cuenta de esta situación cuando comenzaron a recibir intimaciones de pago de esas firmas.

Soramus SA, sería el nombre de la financiera, funcionaba en dos oficinas de barrio Sur. El titular fue identificado como Sebastián González, cuya edad oscila entre los 40 y 50 años. En diciembre pasado, un damnificado lo denunció. A partir de esa fecha, las personas comenzaron a exigir la entrega del dinero.

Un damnificado, que entregó una suma de dinero, dijo que él le había facilitado $2 millones para que prestara en la calle. “Nunca tuve problemas, siempre cumplía con su palabra y hasta me enviaba resúmenes de mi cuenta”, destacó J.P.R. “Comencé a tener problemas en enero. Me llamaba y me explicaba que por las medidas que había tomado el presidente Javier Milei, estaba todo congelado. No había plata. Que tenía un problema de efectivo, pero que la plata estaba”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

La víctima indicó además que en febrero ya comenzó a recibir todo tipo de excusas para cumplir con los pagos que habían acordado en un contrato. “Lo fui a buscar en varias oportunidades a las oficinas de la empresa. Nunca me dio una respuesta, pero ahí me di cuenta que había personas que seguía entregándole dinero, a pesar de que ya no podía responder. Lamentablemente no lo puedo denunciar porque no tengo cómo justificar el origen de esos fondos. Ya está, ya perdí”, dijo resignado J.P.R.

Fernández logró la autorización de un juez para hacer un allanamiento. Ayer se presentó en dos oficinas de La Madrid al 400 donde funcionaba la financiera, un estudio contable ubicado en la misma calle, pero al 600, en la casa de la madre de González y en un country de Yerba Buena, donde residía.

Los investigadores descubrieron que el sospechoso había retirado las computadoras que utilizaban, pero no tuvo tiempo para sacar valiosa documentación que serviría para comprobar las maniobras que realizaba. En la casa de la progenitora también decomisaron papeles. En el country fueron atendidos por una mujer que aseguró que era la ex esposa de González. De allí también se llevaron información importante para la causa.

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