Investigan si el policía acusado de homicidio contaba con antecedentes

Investigan si el policía acusado de homicidio contaba con antecedentes

El agente está mencionado en un homicidio, pero habría sido acusado de cometer otros ilícitos antes de ingresar a la fuerza. Hubo otro efectivo imputado por otra muerte.

ANALIZANDO LA ESCENA DEL CRIMEN. Los peritos del ECIF trabajan en el lugar donde fue herido mortalmente Juan Pablo Ovejero. ANALIZANDO LA ESCENA DEL CRIMEN. Los peritos del ECIF trabajan en el lugar donde fue herido mortalmente Juan Pablo Ovejero.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 16 Mayo 2024

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Juan Alberto Salinas (27 años) se transformó en el segundo policía imputado por haber cometido un homicidio cuando estaba de franco en menos de un mes. Fue acusado de haber asesinado de dos disparos por la espalda a Juan Pablo Ovejero (24) en el barrio Independencia con su arma reglamentaria. Su suerte ya está definida: al ser personal transitorio con un solo decreto será expulsado de la fuerza, a la que nunca debería haber ingresado, ya que tendría abiertas causas penales desde antes de colocarse por primera vez el uniforme y también habría sido denunciado cuando ya prestaba servicios.

Salinas estaba junto a otro efectivo en un drugstore de avenida Independencia al 3.100. Tenía puesta ropa civil y en su cintura portaba la pistola Jericho que le entregaron al ingresar a la fuerza y habría estado tomando alcohol. En ese lugar se presentó Ovejero junto a un amigo. Se inició una discusión y la víctima decidió retirarse del comercio. El policía lo siguió y le disparó cuando se retiraba.

Salinas era conocido en ese sector de la ciudad. Nunca sobresalió en los estudios y apenas si pudo terminar el secundario. Durante bastante tiempo formó parte de esas cooperativas que brindan servicios de seguridad en los barrios. “No era muy conocido por aquí, sólo andaba en las calles cuidando las casa y que no roben las cosas de los autos que quedaban estacionados en la vereda. Los vecinos dicen que era medio pesadito. Estábamos felices de tener a alguien así cuidándonos”, comentó Florencia García. “Cuando pasan estas cosas uno recién toma conciencia del peligro que significa contratar gente que uno no conoce”, explicó Fernanda Duarte.

La versión que aportaron las mujeres fue ratificada por el padre de la víctima del homicidio en la audiencia de formulación de cargo. Juan Carlos Ovejero denunció que el acusado había matado a un amigo de su hijo en 2019 en un confuso episodio. “Él le juró a mi hijo que lo iba a matar de la misma forma que mató a su amigo Harry, y lo logró. Lo único que quiero es justicia; las cosas están claras”, señaló.

Ese dato no pudo ser confirmado por LA GACETA, pero sí se estableció que antes de ingresar a la fuerza habría sido acusado de atentado y resistencia a la autoridad, hurto con escalamiento y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Las normas establecen que ninguna persona con antecedentes (aunque no hayan sido condenada) puede ingresar a la Policía. Según confiaron fuentes judiciales, después de ingresar a la fuerza habría sido denunciado por abuso sexual. “Estamos analizando la existencia de esas causas”, agregó un funcionario judicial.

Pese a que tenía dos años de antigüedad, Salinas demostró conocer las “mañas” de los policías experimentados. Después de haber acabado con la vida de Ovejero, el sospechoso se presentó en la seccional 8ª para relatar que se había defendido de un robo. La auxiliar Luz Becerra señaló que el fiscal Carlos Sale no decidió aún si iniciará una investigación en contra del personal de la dependencia ante la sospecha de que podría haber intentado desviar la investigación del caso.

Antecedente

El 22 de abril, el suboficial Jorge Omar Salazar (41) murió después de haber sido baleado en el estómago. El autor del disparo fue el oficial principal Jesús Ibáñez (44), que quedó procesado por homicidio, a pesar de que el imputado había señalado que todo se había tratado de un accidente.

Según la investigación, Ibáñez había invitado a su compañero de trabajo a observar el partido entre River y Boca que se disputó el domingo 21 en su casa. De allí fueron expulsados porque uno de ellos habría realizado un disparo al aire para celebrar el triunfo de los “xeneizes”.

Siempre de acuerdo a la acusación realizada por el auxiliar Bernardo Sassi, siguiendo las instrucciones de la fiscala Mónica García de Targa, señaló que ambos efectivos se dirigieron hacia la base de la Patrulla Rural y de Medio Ambiente de Simoca, donde Ibáñez se desempeñaba como segundo jefe.

Desde la tarde hasta la noche, los protagonistas del caso estuvieron consumiendo alcohol. En la madrugada, Salazar decidió trasladar a Ibáñez a su casa. Cuando estaban en el auto, el efectivo recibió el disparo que le provocó la muerte horas después. El juez Mario Velázquez aceptó el planteo del Ministerio Público de que se lo acuse de homicidio y que le dicte la prisión preventiva por tres meses.

El magistrado aprovechó la oportunidad para llamar a la reflexión a las autoridades y solicitar que se extremen los cuidados para que el personal policial consuma alcohol mientras esté de servicio. “El alcohol, que es casi siempre protagonista de muchos hechos delictivos, hoy volvió a ser un elemento relevante en el acontecimiento que motiva este legajo”, indicó. “Pero con el agravante de que los que estaban consumiendo alcohol eran empleados y lo hacían dentro de una dependencia policial, estando de servicio”, añadió.

“Por otro lado, no puedo dejar de destacar cómo un empleado policial, en pleno año 2024, presta funciones sin uniforme, con una pistola metida en la cintura de un pantalón, sin pistolera, sin seguro en el arma; tal como si fuera el salvaje oeste que vemos en los westerns clásicos”, indicó hace casi un mes. La historia volvió a repetirse.

Reacción: el caso fue analizado en la reunión de Jaldo con la cúpula de la Polícía

En la reunión que mantuvo el gobernador Osvaldo Jaldo con los funcionarios del ministerio de Seguridad y la cúpula policial se tocó el tema del agente imputado por el homicidio de un joven. Según confiaron varias fuentes, además de pedir información sobre el caso, el dirigente tranqueño les pidió a los jefes de la fuerza que ejercieran más control sobre el personal. “Nos dijo que no dudemos en expulsar al personal que es problemático o que esté fuera de la ley”, resumió un funcionario policial. Jaldo, siempre de acuerdo a las versiones que pudo recopilar LA GACETA, les anticipó que el control del ingreso de los nuevos hombres a la fuerza deberá ser exhaustivo y que no tolerará errores. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, insistió en que sabía que Salinas tenía una causa en la que había sido sobreseído, aunque ello no implica que no se realizará una investigación.

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Otro caso I: tres policías fueron procesados por secuestro extorsivo

El viernes 23 de febrero, una mujer denunció que al menos cuatro hombres habían raptado a su hijo de su casa de Silvano Bores al 300. Después se determinaría que habrían ideado un falso operativo para llevarlo a la Jefatura de Zona 3 de la Unidad Regional Capital y exigirle que le entreguen una suma de dinero a cambio de dejarlo en libertad y no abrirle un expediente judicial en su contra por droga, ya que se dedicaba a la venta de flores de marihuana. La causa quedó en manos del fiscal federal Agustín Chit que logró identificar a los tres autores que fueron procesados por este caso. Además de tratar de identificar al cuarto integrante del grupo que habría participado en el hecho. Para los investigadores, podrían estar implicadas más personas, ya que los imputados utilizaron una sede policial. Según un testimonio, era habitual que se registrara ese tipo de situación en esa base policial.

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Otro caso II: los uniformados que protagonizaron un incidente en un control no serán penados

Tres policías -dos hombres y una mujer- fueron apartados de la fuerza luego de que en marzo protagonizaran un incidente con inspectores municipales de San Miguel de Tucumán, quienes pretendían realizar un control de alcoholemia en la esquina de Suipacha y avenida Sarmiento. Los uniformados, que estaban de civil, fueron cesanteados por orden del gobernador Osvaldo Jaldo. En un primer momento, por la denuncia realizada por los empleados municipales, los uniformados fueron acusados de lesiones. Sin embargo, con el correr de los días la acusación cambió, ya que no se constataron las heridas que habían sufrido. Sin embargo, fueron acusados de resistencia a la autoridad. Ahora están tratando de llegar a un acuerdo con la fiscalía para cerrar el proceso a través de una probation, por lo que nunca serán condenados.

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