El legislador radical Osvaldo Morelli y el ex diputado nacional aliancista Alfredo Neme Scheij no serán investigados judicialmente por las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de un Aporte del Tesoro Nacional por $130.000. Los fondos fueron enviados por el Poder Ejecutivo Nacional cuando el primero era intendente de Concepción y Carlos Menem era presidente.
El juez penal de los Tribunales de Concepción, José Alfredo Garzia, dispuso el archivo de la querella presentada por el dirigente radical Miguel Mibelli, quien denunció que los recursos nacionales no ingresaron al erario municipal, sino que fueron utilizados en la campaña electoral de Neme Scheij para diputado nacional, en 1997.
Pero el criterio de la fiscal Eva Frías de Ruiz fue que no se había consumado ningún delito, y dispuso no presentar ninguna requisitoria penal en la causa, tras una sucesión de medidas investigatorias.
Competencia objetada
Garzia cuestionó lo actuado por la fiscal por una cuestión de competencia, pero no se pronunció sobre sus conclusiones finales. El magistrado reivindicó que, como los acusados eran legisladores amparados por fueros parlamentarios contemplados en las Constituciones provincial y nacional, toda investigación sumaria debía ser realizada por el Juzgado Penal de Instrucción correspondiente, y no por la fiscal de turno.
Esta opinión recepta la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En el mismo sentido, se pronunció recientemente la Cámara Penal de la capital en la polémica generada entre el juez Juan Carlos Tártalo y el fiscal anticorrupción Esteban Jerez por la causa de presunta compra de voluntades en la Cámara local para la aprobación de la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial.
Garzia declaró nulo todo lo efectuado por la fiscal (abarcan 185 de las casi 200 fojas del expediente) y la apartó de la causa. En el mismo acto, dispuso el archivo de todas las actuaciones porque "no se puede proceder respecto de lo denunciado contra Neme Scheij y contra Morelli".
El juez penal de los Tribunales de Concepción, José Alfredo Garzia, dispuso el archivo de la querella presentada por el dirigente radical Miguel Mibelli, quien denunció que los recursos nacionales no ingresaron al erario municipal, sino que fueron utilizados en la campaña electoral de Neme Scheij para diputado nacional, en 1997.
Pero el criterio de la fiscal Eva Frías de Ruiz fue que no se había consumado ningún delito, y dispuso no presentar ninguna requisitoria penal en la causa, tras una sucesión de medidas investigatorias.
Competencia objetada
Garzia cuestionó lo actuado por la fiscal por una cuestión de competencia, pero no se pronunció sobre sus conclusiones finales. El magistrado reivindicó que, como los acusados eran legisladores amparados por fueros parlamentarios contemplados en las Constituciones provincial y nacional, toda investigación sumaria debía ser realizada por el Juzgado Penal de Instrucción correspondiente, y no por la fiscal de turno.
Esta opinión recepta la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En el mismo sentido, se pronunció recientemente la Cámara Penal de la capital en la polémica generada entre el juez Juan Carlos Tártalo y el fiscal anticorrupción Esteban Jerez por la causa de presunta compra de voluntades en la Cámara local para la aprobación de la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial.
Garzia declaró nulo todo lo efectuado por la fiscal (abarcan 185 de las casi 200 fojas del expediente) y la apartó de la causa. En el mismo acto, dispuso el archivo de todas las actuaciones porque "no se puede proceder respecto de lo denunciado contra Neme Scheij y contra Morelli".
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