Las fuerzas del infierno

La semana que pasó y la que está comenzando trajo varios frentes de tormenta que prometen cambiar el escenario en el ámbito de las áreas de seguridad. En Tucumán, la Justicia sigue investigando la revuelta policial que fue frenada a tiempo y que nadie puede asegurar que está sofocada totalmente. En Rosario, los narcos volvieron a demostrar que ellos son los dueños de la calle y que son capaces de dejar de matarse entre ellos para conseguir un objetivo común que es demostrar el poder que tienen.

En nuestra provincia, el último domingo de febrero, los investigadores detuvieron a los supuestos cabecillas de una huelga policial. El titular de la fuerza, Joaquín Girveau, denunció la existencia de un grupo desestabilizador. En 16 horas, los acusados terminaron en un calabozo, donde quedaron encerrados hasta los últimos días de abril como mínimo. También fue procesado el penalista Gustavo Morales por instigar a una sedición policial. Los representantes del Colegio de Abogados anunciaron que solicitarán el juicio político contra la fiscala Mariana Rivadeneira y la jueza María Valeria Mibelli por su participación en el caso. El gobernador Osvaldo Jaldo, desde Buenos Aires, le dio un fuerte respaldo a la Justicia y a la Policía por el trabajo realizado. El mensaje fue claro y para muchos no es otra cosa más que un anticipo de que la iniciativa de destitución no prosperará.

Muchos se estarán preguntando el porqué de tanta preocupación por un intento de huelga que ya fue neutralizada. La respuesta es sencilla. No sólo que no está desarticulada, sino que además se investiga quién está detrás de la revuelta. El peso de la última protesta policial registrada en diciembre de 2013 que generó caos entre el 8 y el 13 de ese mes, es muy fuerte. Hay muchos eslabones que forman una cadena que se está analizando. Ya se sabe cómo comenzó, pero aún hay que establecer hasta dónde llegará y que hay en el medio.

Es tan compleja la causa que el Ministerio Público decidió nombrar a la fiscala Susana Cordisco para que colabore con Rivadeneira. Jaldo, por su parte, no se cansa de ordenar que todos los revoltosos deben ser investigados y procesados. También, sutilmente, le dijo a la plana mayor de la Policía que ellos eran los responsables del comportamiento de sus subalternos. El dirigente tranqueño sospecha que la cantidad de hechos de corrupción en que estuvieron involucrados uniformados en los últimos tiempos también forman parte de ese plan desestabilizador.

¿Contactos peligrosos?

Mientras en el MPF investigan el intento de sedición, en el quinto piso del edificio de calle España del fuero penal se desarrolla uno de los juicios más importantes de los últimos tiempos. Después de casi 11 años de espera, más de 40 uniformados están sentados en el banquillo de los acusados por haber participado de la huelga que desató el caos en gran parte de la provincia en 2013. Diego Herrera, uno de los líderes de esa revuelta, decidió romper el silencio a días de haberse desarticulado la huelga. Su declaración se basó en la necesidad de la sindicalización de la fuerza y en defenestrar a Víctor Nacusse, otro efectivo señalado como vocero de los uniformados en las tres protestas que tuvo la fuerza en los últimos 13 años.

Los abogados de la Fiscalía de Estado José María Molina y Santiago Xamena, que representan a la querella, no dejaron pasar la oportunidad y comenzaron a interrogar al imputado sobre el último intento de sedición. Pregunta va, pregunta viene, Herrera demostró que no sólo estaba al tanto de la situación, sino que fustigó otra vez a Nacusse por haber hecho un posteo en que sugería a sus compañeros llevar adelante una negociación en vez de un paro. Hasta se burló porque sólo había recibido el apoyo y los comentarios de sus parientes y amigos. Ahora bien: ¿por qué el acusado que ya no pertenece a la fuerza está tan interesado en saber qué hacen sus ex compañeros? ¿Por qué cuestionó la idea de una negociación? ¿Por qué los otros acusados, muchos de ellos en actividad, cuestionaron su declaración? Todos esos interrogantes deberían ser respondidos por los investigadores.

Un cachetazo

El veterano pescador Diego Lobo tiene una frase de cabecera para los que recién empiezan a practicar este deporte: “nunca hay que contar los pescaditos antes de que estén en el bote”. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cometió un error. Hace menos de 10 días convocó a la prensa para mostrar orgullosa que los homicidios en Rosario habían disminuido un 57% con respecto al año pasado. Durante varios minutos ponderó los resultados del llamado “Operativo Bandera”. El plan consistió en saturar esa ciudad de fuerzas federales para frenar la violencia. Pero en menos de una semana, los narcos le dieron un cachetazo de realidad. Asesinaron a taxistas, a un chofer de colectivo y al trabajador de una estación de servicio) con balas que sólo usa la policía de Santa Fe para reclamar por las nuevas condiciones de encierro que les impusieron a los líderes de esas organizaciones. Si la idea era probar el modelo que impuso el presidente salvadoreño Nayib Bukele, habría que suspender el ensayo. Buscar otro y esperar una lógica reacción de los grupos que desde hace más de una década están acostumbrados a generar terror en esa metrópoli.

Lo de Rosario es grave. El terror está paralizando a la tercera urbe del país. Ayer no hubo clases, desde la semana pasada que no hay servicio nocturno de taxis ni de colectivos por los crímenes que sufrieron los trabajadores del sector. El domingo las estaciones de servicio dejaron de vender combustible y también se suspendió la recolección de residuos. “Son ellos o nosotros”, advirtió el presidente Javier Milei al confirmar la creación de un Comité de Crisis para frenar lo que él mismo definió como “narcoterrorismo”.

Más de lo mismo

Por segunda vez en menos de seis meses, la Nación reforzará la presencia de tropas federales en esa ciudad y las Fuerzas Armadas apoyarán logísticamente el nuevo plan aportando vehículos, camiones y hasta un helicóptero. Será la primera vez en la historia de nuestro país que los militares, aunque sea de manera subsidiaria, se entrometan en la lucha contra el crimen organizado. La reacción es la esperada por ciudadanos que están hartos de vivir con tanto miedo que ya no protestan, sino que hacen sonar las cacerolas desde el interior de sus domicilios. Pero la gran pregunta es si será suficiente.

Con el Operativo Bandera, las calles rosarinas pasaron a ser controladas por unos 130 móviles, antes lo hacían menos de una veintena. Cantidad, en materia de seguridad, bajo ningún aspecto significa calidad. Otra vez efectivos de Gendarmería Nacional serán desplazados a Rosario y probablemente el NOA perderá hombres que tienen como tarea controlar el tráfico de drogas. Un dato: en los últimos días los hombres de esa fuerza secuestraron casi 70 kilos de cocaína en las localidades santiagueñas de Colonia Dora y Pampa de Los Guanacos. Estos procedimientos no sólo hablan de la permeabilidad de las fronteras, sino que demuestran que no hay freno para que los narcos sigan con el negocio de la muerte.

Rosario es Rosario por dos razones. Durante al menos dos décadas las organizaciones crecieron por la corrupción de la policía provincial y judicial. Además, el Estado nunca pudo encontrar una solución de fondo. Algunos especialistas aseguran que se actuó tardíamente. Otros indican que los planes que se lanzan son parches porque nunca se trabajó con un diagnóstico de la situación. Si coinciden que tanto en Tucumán como en Rosario hay personas que están apostando al caos para que escuchen sus reclamos. Hasta nombre le pusieron: las fuerzas del infierno.