10 Marzo 2024
TODAS LAS PARTES. El acusado Franco Samuel Pérez escuchó la imputación de cargos en una audiencia realizada ayer.
Imputaron a un joven por haber asaltado y amenazado a una mujer en Villa Mariano Moreno. A través de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation), el hombre deberá pagarle $15.000 a la víctima y realizar tres horas semanales de trabajo comunitario durante un año.
Según explicó el auxiliar fiscal Pablo Martín D’andrea, el hecho ocurrió el jueves 7 de marzo, en el segundo pasaje del barrio BGH, Las Talitas, aproximadamente a las 13. La víctima se encontraba a pocos metros de su lugar de trabajo cuando fue interceptada por Franco Samuel Pérez, quien la abordó por detrás y mientras la amenazaba con cortarle los brazos le quitó su teléfono celular mediante un forcejeo.
Luego de sustraer el móvil, Pérez salió corriendo del lugar y se ocultó en su casa, ubicada a pocos metros de la escena del crimen. La mujer rápidamente alertó a la Policía de lo ocurrido por lo que el personal inició la búsqueda del delincuente. Fue gracias a un vecino de la zona, cuyos datos prefirió mantener resguardados, que los efectivos policiales lograron dar con el sospechoso. Al escuchar las características físicas del hombre que describió la víctima, el testigo identificó a Pérez y les advirtió que lo había visto cuando huía.
Luego de realizar averiguaciones, los oficiales llegaron a la vivienda del delincuente, ubicada en el barrio 1º de Noviembre. Una vez allí se entrevistaron con el padre de Pérez, quien les permitió ingresar al domicilio. El imputado al notar la presencia de los policías en su casa saltó la tapia y huyó a la casa de una vecina, ubicada entre las calles 1 y 16. El personal ingresó al inmueble y halló a Pérez escondido dentro de una heladera vieja con el celular robado en su poder.
El imputado fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Flagrantes I, a cargo de Carlos Picón, que lo acusó de ser autor del delito de robo simple y de haber causado un peligro en la demora.
D’andrea informó que el acusado tiene casos archivados y una causa elevada a juicio en 2018 por el delito de lesiones leves agravadas, pero que no cuenta con una resolución.
El defensor oficial Jorge Quiles Sainz solicitó la suspensión de juicio a prueba a favor de Pérez por el plazo de dos años. Al describir el acuerdo, ofreció que su representado abonara un resarcimiento económico de $15.000 a la víctima y que realice tareas comunitarias de limpieza en el Centro Comunitario Acceso Este, tres horas semanales durante un año.
Además propuso que Pérez cumpla con una serie de reglas de conducta, como fijar domicilio, la prohibición de portar cualquier tipo de armas, la prohibición de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, someterse a un tratamiento contra las adicciones de consumo de sustancias prohibidas en el hospital Avellaneda y una prohibición de acercamiento de 200 metros mientras dure la probation. “Mi defendido jamás fue beneficiado con el instituto de probation y carece de antecedentes penales y en caso de ser procedente una condena sería de cumplimiento condicional”, argumentó el abogado.
La víctima manifestó estar de acuerdo con el acuerdo y dijo que sintió “bronca, impotencia, miedo por la situación que viví”. El representante del Ministerio Público Fiscal no se opuso a la medida planteada por Quiles Sainz pero solicitó que además de la orden de restricción física Pérez tampoco pueda comunicarse con la víctima.
Finalmente la jueza Eliana Gomez Moreira resolvió hacer lugar a la probation y dispuso que el imputado recupere la libertad.
Temas
Tucumán
Lo más popular
