23 Febrero 2024
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El anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) generó un intenso debate. El presidente Javier Milei impulsó la medida como parte de la reducción de la estructura estatal, afirmando que las funciones del Inadi serán asumidas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, referentes de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación, señalando que el cierre del Inadi solo puede llevarse a cabo mediante una ley, tal como se estableció en su creación en 1995.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) advirtió que esta medida podría afectar la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica en el país, destacando el papel crucial que desempeña el Inadi en la lucha contra la discriminación. Asimismo, despertó críticas desde distintos sectores políticos, con referentes que consideran que esta decisión va en contra de los principios democráticos y podría generar un retroceso en materia de derechos humanos.
El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, opinó que con esta medida "el Gobierno de Milei va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática" y expresó su "repudio absoluto".
Leandro Santoro, diputado nacional de UxP, se preguntó si las autoridades consultaron "a la comunidad judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país".
Por su parte, el Gobierno defiende la medida como parte de su compromiso con la reducción del Estado y la eliminación de estructuras que considera innecesarias o ineficientes. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que el cierre del Inadi es el primer paso en un proceso más amplio de reducción del gasto público y simplificación administrativa.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Justicia se asegura que se cuenta con personal capacitado para asumir las funciones del Inadi de manera eficaz. Sin embargo, la polémica persiste en torno a los mecanismos legales necesarios para llevar a cabo esta decisión y el impacto que podría tener en la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En este contexto, organizaciones sindicales como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) calificaron la medida como "inaudita" y reafirmaron su compromiso con políticas públicas inclusivas e igualitarias.
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