Se va la semana. El asueto de este viernes impone un impasse hasta después de la Navidad. Osvaldo Jaldo mira por la ventana de su despacho del primer piso de la Casa de Gobierno hacia la plaza Independencia. El ruido de estudiantes que se recibieron hizo que se parara para mirar qué pasaba afuera. No hubo protestas matutinas; sí vespertinas con ciudadanos que resisten el plan de ajuste nacional.
Daniel Abad, el ministro de Economía, le había acercado al gobernador un informe preliminar sobre el estado de las finanzas públicas. Los sueldos están al día; el cronograma se desarrolla con regularidad; el comercio va sintiendo la inyección dineraria que el Estado volcó y que, hasta el 9 de enero, será de unos $ 180.000 millones. Además, la recaudación repunta y es probable que la bonificación del 30% por pago anticipado se extienda hasta los primeros días de enero. El cierre del año fiscal 2023 será deficitario. El gasto electoral se disparó y las consecuencias se observarán en el rojo proyectado para el ejercicio, más allá de la ampliación presupuestaria.
El titular de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, le expuso que el dispositivo estaba montado para que la paz social se mantenga en la provincia. Federico Masso, el ministro de Desarrollo Social, detalló cómo está la contención en zonas vulnerables. La tranquilidad en las calles ha sido una de las premisas que se propuso el gobernador para este último mes del año. Jaldo no deja de lado su teléfono. Habla permanentemente con sus pares de otros distritos, la mayoría de signo justicialista, para intercambiar impresiones acerca de las medidas contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), impulsado por el presidente Javier Milei. Cree que no tiene incidencia particular, sino general, en Tucumán. Aun así, le ha pedido opinión a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, acerca de los alcances constitucionales de las medidas. “No habrá descansos; menos vacaciones”, exclama el mandatario ante la atenta mirada de varios de sus ministros. El verano encontrará al gabinete en sus puestos.
Jaldo planea viajar a Buenos Aires la última semana del año. Pero eso estará supeditado a las contestaciones de algunos funcionarios nacionales. ¿El motivo? La negociación para que el sector citrícola provincial no sea alcanzado por el 15% de las retenciones impuestas por el Gobierno nacional. Se abrió una instancia de negociación luego de que Jaldo, durante la cumbre de gobernadores con Milei, expusiera la problemática en la mesa de discusión. En la Casa Rosada no le dijeron que no al planteo de una de las economías regionales que no fue excluida por la Secretaría de Bioeconomía de la Nación. La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) sigue de cerca las tratativas. De eso depende, en gran medida, que la actividad no resienta su nivel de competitividad en un mercado global deprimido por los precios internacionales. La negociación es dura. La Nación no está dispuesta a que la alícuota sea cero porque, si lo hace, quedaría expuesta ante otras economías regionales. Por eso, en la Casa de Gobierno tucumana se estima que las retenciones pueden llegar a reducirse, en una primera instancia, al 8%, mientras siguen las conversaciones.
Jaldo sabe que tendrá que dialogar bastante con el nuevo gobierno, de un signo político diferente, algo que ya se experimentó cuando fue vicegobernador en la fórmula que integró con Juan Manzur en tiempos presidenciales de Mauricio Macri. De aquella experiencia sabe que cerrarse ideológicamente no le permitirá obtener concesiones nacionales. Esa fue una de las razones por las cuales se despegó del comunicado que el gobernador bonaerense Axel Kicillof atribuyó a la liga de gobernadores peronistas respecto de la distribución del impuesto al Cheque.