La crisis carcelaria en Tucumán y su impacto en la inseguridad

La crisis carcelaria en Tucumán y su impacto en la inseguridad

El secretario de redacción Roberto Delgado, el editor de Policiales, Gustavo Rodríguez, y el conductor de Panorama Tucumano, Federico van Mameren, analizaron este flagelo que se profundizó en los últimos meses.

25 Julio 2023

El secretario de redacción de LA GACETA Roberto Delgado, junto al editor de Policiales, Gustavo Rodríguez, y al conductor de Panorama Tucumano, Federico van Mameren, dialogaron en la edición de esta noche del ciclo, y analizaron la crisis carcelaria que afecta a Tucumán.

“Hay 1.900 detenidos en las comisarías de la provincia. Hoy una persona que cae detenida no puede ir a Villa Urquiza porque no hay cupo. Las comisarías están desbordadas: hay algunas que tienen calabozos con capacidad para 30 reos y hay 90”, dijo Rodríguez.

Delgado señaló que a pesar de que en la provincia rige la emergencia en seguridad, desde 2016, la situación ha empeorado. “La emergencia en seguridad significa, entre otras cosas, que se haya comenzado a construir la cárcel de Benjamín Paz con fondos nacionales y sin licitación”, explicó.

“La pregunta es qué tipo de emergencia tenemos si estas situaciones se siguen dando o agravando”, sostuvo.

Rodríguez señaló que “la aplicación del nuevo código procesal penal aporta un promedio de unas 200 prisiones preventivas por mes y 130 de cumplimiento efectivo por mes. Hasta fin de año se proyecta que habrá más de 1.800 nuevos reos en el sistema”.

“Hay cuatro centros de detención proyectados. La Unidad 1 de la cárcel de Villa Urquiza que va a permitir 250 cupos más, después la Alcaldía de Delfín Gallo que va a aportar 150, el penal de Benjamín Paz 1.200 y la Alcaldía de Las Talitas 400”, precisó.

La negativa a que en ciertas partes de la provincia se construyan cárceles fue parte del diálogo entre los tres periodistas. “En Río Seco estaba la previsión de instalar un lugar de detención en la plaza principal y los vecinos dijeron 'no queremos'”, dijo.

“La verdad es que definir lugares de alojamiento, que a lo largo de estos siete años se podría haber estudiado bien, es complicado. Nosotros no tenemos mayor información que los datos que están proporcionando fuentes específicas. En Capitán Cáceres se le dio a la Gendarmería un predio para que hagan tareas de seguridad e inteligencia y uno se pregunta si podría haber servido para cárcel. Se está discutiendo ahora sobre el ex Arsenal, que tiene algunas trabas, o el Instituto Roca para alojarse presos”, sostuvo.

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