Expertos en argumentar

Aunque están de un lado y del otro del mostrador, todos los protagonistas son abogados; por ende, ingeniosos -y suspicaces- argumentadores. La polémica desatada como consecuencia de la encuesta concretada por el Colegio de Abogados sobre el funcionamiento del fuero de Familia y Sucesiones -en particular sobre los siete juzgados- ha puesto de manifiesto lo que puede suceder cuando surge una controversia entre integrantes de un gremio tan locuaz como bien preparado para la dialéctica.  
Marta Jerez de Rivadeneira, presidenta de la Asociación de Magistrados, en defensa de los jueces del fuero en cuestión -o, más bien, cuestionado-, desplegó la tesis de que el sondeo carece de rigor científico. Los responsables de la encuesta retrucan que, categorías científicas al margen, el resultado refleja lo que sienten sus asociados, que todos los días deben peregrinar por los pasillos de Tribunales. Al mismo tiempo agregan que su opinión es calificada -no de cualquiera- y que, en su carácter de operadores del sistema judicial, cumplen una función pública, aunque de desempeño privado, que los autoriza a realizar esta suerte de control o auditoría externa sobre aquellos -jueces- cuyas decisiones los afectan profesionalmente.  
Aunque se trate de colegas, por la diferente función que desempeñan, desde hace un tiempo que unos y otros no se regalan flores precisamente. Aunque muchas veces no lo exteriorizan, a los jueces suele fastidiarlos que a ellos los responsabilicen exclusivamente por las supuestas dilaciones de la Justicia. Por ello, cuando pueden (y cómo pueden), se defienden. El 31 de julio, en LA GACETA Tribunales, Ricardo Molina, magistrado en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación, no anduvo con vueltas. “Aquí ingresan escritos que son verdaderos mamarrachos, demandas que reflejan a las claras que el abogado no está preparado para litigar”, sentenció. Y, sin ir más lejos, la propia Jerez de Rivadeneira, el 3 de octubre, cuando Familia y Sucesiones y Penal (su fuero, porque es fiscal de Cámara) comenzaban a ser zarandeados, tampoco tuvo pruritos: “el concepto común es que la Justicia es inoperante o que no cumplimos, cuando no es así. Lo saben los propios operadores del sistema, como los abogados de las partes, y más allá de que ellos mismos, pese a sus quejas, suelen dilatar los procesos con sus planteos”. Como se dice en la jerga, literalmente acusó a los letrados de chicaneros.

¡Ay de la paranoia!
Como todo lo que no se dice -o se lo dice entrelíneas- termina haciéndose síntoma, este clima enrarecido fue el telón de fondo de la dichosa encuesta, que desde el lado de los jueces siempre fue vista como una amenaza. Por ello, como si hubieran intuido lo que se venía, mientras el Colegio de Abogados consultaba a sus asociados, magistrados de Familia y Sucesiones (incluido camaristas) mantuvieron entrevistas con legisladores, en las que pidieron la creación del doble de los juzgados que hoy existen. Hasta la propia Corte Suprema apuró cuatro acordadas, para conjurar de alguna manera las quejas sobre el abarrotamiento del fuero. Precisamente, es lo que hoy le permite a su presidente, Antonio Gandur, jactarse de que hayan abierto el paraguas antes de que lloviera.
El contexto es lo que explica que cuando trascendieron los resultados del sondeo -nada sorprendentes, porque nadie esperaba elogios ni elegías- comenzaron las respuestas reactivas. El lunes, durante la charla que mantuvieron miembros de la comisión directiva de los magistrados con vocales de la Corte, la cuestión surgió cuando alguien preguntó por qué uno solo de los juzgados había quedado bien parado en la encuesta (el de la VI Nominación, que encabeza Marta Elvira Gandur, esposa de Alberto José Brito, vocal del alto tribunal). Aunque sin minimizar la labor de la jueza, por respuesta, otras voces habrían replicado que sería bueno que todos los despachos gozaran de las mismas facilidades para la asignación de personal igualmente calificado. Ni el Poder Ejecutivo quedó al margen. En este juego de especulaciones nada halagüeñas, los propios letrados temen represalias (modificación en la ley que regula el funcionamiento del Colegio de Abogados en la parte relacionada con los recursos con los que cuenta la institución) teniendo en cuenta que el despacho que salió peor parado es el de la I Nominación, que comanda Susana Sánchez Toranzo (esposa del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez), pese a la muy buena consideración con que esta goza entre sus pares. Claro que, miradas las cosas al revés, no falta quienes conjeturan que la magistrada puede haber sufrido las consecuencias -no deseadas- de los innumerables choques entre su marido y la entidad que agrupa a los letrados.
Lo interesante sería que unos y otros, abogados al fin, trabajaran para que las futuras encuestas -abarcarán a todos los fueros- gocen de los resguardos técnicos y metodológicos necesarios para que sirvan, antes que como instrumentos de difusión de la paranoia, como herramienta útil para aproximarse al conocimiento del estado real del servicio de justicia.