La Corte pospuso fallos conflictivos para después de los comicios del 27

BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de dictar fallos de fuerte impacto político antes de las elecciones presidenciales. En ese marco, aunque en su próximo acuerdo podría avanzar en el pleito por los comicios porteños, resolverá después de la contienda del domingo las demandas aún pendientes sobre el corralón y los planteos por la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los jueces supremos abrieron un compás de espera para eludir el "oleaje político" generado por las presidenciales. Pero las fuentes consultadas aclararon que esa suerte de cuarto intermedio no se extenderá, necesariamente, hasta que surja el nuevo presidente, en caso de una casi segura segunda vuelta electoral.

El caso de San Luis
En principio, el 5 de mayo próximo vence el plazo que la propia Corte fijó para que el Banco Nación y el Gobierno de San Luis convengan la forma y los plazos en que la entidad deberá restituir los casi U$S 248 millones pertenecientes a la provincia e inmovilizados por el corralito en diciembre de 2001.
El máximo tribunal ya declaró la inconstitucionalidad de toda la normativa que sustentó el corralito y el corralón, y que pesificó colocaciones bancarias en dólares a una paridad arbitraria muy inferior a la que cotiza la moneda estadounidense en el mercado libre.Existen, además, miles de pleitos iniciados contra el régimen jurídico mediante el cual el presidente Eduardo Duhalde modificó la política monetaria, que serán resueltos en el próximo Gobierno.
Se trata de las acciones judiciales iniciadas, por ejemplo, por ahorristas que aceptaron los bonos o la pesificación y ahora litigan por la diferencia; depositantes que fueron forzados por los bancos a renunciar a demandas, y reclamos de personas que firmaron contratos que luego fueron alterados por el propio Estado.

Tema delicado
Más delicado aún resultará a los miembros de la Corte consensuar posiciones sobre la validez o invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, porque su veredicto abrirá o cerrará las puertas de los tribunales a cientos de juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura del período 1976-83.
El procurador general Nicolás Becerra dictaminó en contra de las leyes, que la Cámara Federal porteña tachó por inconstitucionales. La decisión de la Corte habilitará a los jueces a procesar y a condenar a los autores y cómplices de secuestros, torturas y desapariciones forzadas, o negará sin remedio toda posibilidad de revisar esos crímenes. (DyN)