14 Agosto 2008
PARA FRENAR LA DELINCUENCIA. El proyecto creado por el Gobierno pretende formar un registro único de usuarios. DyN
BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, afirmó hoy que es probable que no se incluya la obligatoriedad, por parte de los compradores de celulares, de dejar su huella digital para realizar esa operación.
En el marco de una nueva normativa que se está estudiando para dificultar el acceso de la delincuencia a los teléfonos móviles, había trascendido que el Gobierno dispondría que los compradores deberían dejar registradas sus huellas dactilares, pero el ministro hoy relativizó esa posibilidad.
Fernández reconoció que la cláusula estaba considerada en uno de los anexos, pero que, ante la polémica que generó, "es más seguro que no esté a que esté".
"De todos modos, hay que coordinar con las empresas de telefonía celular para garantizar que si un teléfono se robó o se perdió, se muera", concluyó.
El proyecto dispone que al vender un celular, las empresas deberán registrar los datos personales del comprador. Esto implica que quien lo adquiere demuestre su identidad con un documento, dato que será chequeado con el Registro Nacional de las Personas.
Además, el cliente tendrá que declarar un domicilio, al que la empresa de telefonía le mandará una carta, y recién cuando ésta sea devuelta se podrá habilitar el servicio. Tanto los compradores de aparatos nuevos, como quienes poseen uno y lo usan con tarjeta, tendrán un plazo de 180 días para hacer estos trámites.
Las empresas de telefonía móvil, además, tendrán la obligación de intercambiar entre sí la información sobre celulares robados o extraviados, con el mismo objetivo: mantener actualizado el registro. (NA)
En el marco de una nueva normativa que se está estudiando para dificultar el acceso de la delincuencia a los teléfonos móviles, había trascendido que el Gobierno dispondría que los compradores deberían dejar registradas sus huellas dactilares, pero el ministro hoy relativizó esa posibilidad.
Fernández reconoció que la cláusula estaba considerada en uno de los anexos, pero que, ante la polémica que generó, "es más seguro que no esté a que esté".
"De todos modos, hay que coordinar con las empresas de telefonía celular para garantizar que si un teléfono se robó o se perdió, se muera", concluyó.
El proyecto dispone que al vender un celular, las empresas deberán registrar los datos personales del comprador. Esto implica que quien lo adquiere demuestre su identidad con un documento, dato que será chequeado con el Registro Nacional de las Personas.
Además, el cliente tendrá que declarar un domicilio, al que la empresa de telefonía le mandará una carta, y recién cuando ésta sea devuelta se podrá habilitar el servicio. Tanto los compradores de aparatos nuevos, como quienes poseen uno y lo usan con tarjeta, tendrán un plazo de 180 días para hacer estos trámites.
Las empresas de telefonía móvil, además, tendrán la obligación de intercambiar entre sí la información sobre celulares robados o extraviados, con el mismo objetivo: mantener actualizado el registro. (NA)
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