El límite a los discursos

BUENOS AIRES.- Si donde cabe lo más, cabe lo menos, hasta parece razonable que haya sido dejado sin efecto el límite reglamentario de los discursos para fundamentar, en el Senado, el proyecto oficial sobre superpoderes permanentes para el jefe del Gabinete. Con eso se evita -pensó el vicepresidente y titular de la Cámara, Daniel Scioli- que vuelvan a reprochar a la senadora Cristina Fernández por extenderse de los 40 minutos máximos a las dos horas y media que necesitó para defender los decretos ley presidenciales (DNU) hace una semana. Sólo por única vez, se aclaró, como reconociendo que es posible someter la horma al zapato y no al revés, aunque con el tiempo se termine dañando el pie. Usualmente, el remedio para el reloj reglamentario suele ser la concesión extra de breves minutos, con autorización de la mayoría, pero eso es ya demasiado formalista en una realidad donde, cuando se hace necesario, manda la emergencia. Días atrás, el alcalde bonaerense, Gustavo Posse, radical y kirchnerista, llegó a sostener después de una reunión en el despacho presidencial que una emergencia como la que atraviesa el Presidente lo autoriza a posponer requerimientos constitucionales. Esa tesitura no ha provocado hasta el momento reacción alguna de cuestionamiento formal; lo mismo que los senadores no beneficiados por aquella decisión la aceptaron resignadamente, como un estilo vigente de condicionar lo normativo.

La emergencia pertinaz
Ese estilo se manifiesta igualmente con la vacancia de dos cargos en la Corte Suprema de Justicia, pues hace ya un año que Kirchner no da los pasos para que se cubran a partir de los 30 días que había establecido, mediante el decreto 222/6/2003. Precisamente, a minutos de que Scioli anunció los superdiscursos, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, aclaró en el Senado que Kirchner no tiene previstas esas coberturas en la Corte. Seguirá así inhabilitado, de hecho, el tribunal supremo para resolver en asuntos fundamentales, por carecer del número necesario de miembros. De nada ha valido tampoco que varios ministros de la Corte hayan advertido acerca de esa situación, pues la voluntad del Presidente sigue orientándose mediante la definición que sedujo al alcalde radical de San Isidro; siempre, claro, que alguna sombra perturbe la marcha hacia las urnas de 2007, como ahora podría ocurrir con el controvertido proyecto reformador del Código Penal.
El estudio de un grupo de expertos, donde la lenidad de las penas o la relativa libertad del aborto provocarían una polémica en plena campaña electoral. En definitiva, será otro tema con horizonte remoto, como todo aquello capaz de perturbar el modelo cortoplacista de un poder que no puede escapar de la emergencia. (De nuestra Sucursal)