La Paz.- Tras la renuncia presentada el lunes por el presidente Carlos Mesa, y en vísperas de una crucial sesión del Parlamento, Bolivia ha quedado dividida entre los que quieren hacer presidente al derechista Hormando Vaca Díez, que son los partidos que formaron la alianza con la cual gobernó Gonzalo Sánchez de Lozada, y los que reclaman que el gobierno quede en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez. En este bando se encuentran el renunciante Mesa, el socialista Evo Morales, el ex mandatario Jorge Quiroga, la Iglesia y casi la totalidad de los movimientos sociales.
En este escenario, que para muchos analistas preanuncia una guerra civil -como advirtió ayer el propio Mesa al reclamar un paso al costado de sus dos principales sucesores constitucionales-, sectores cívicos y sindicales de La Paz y de El Alto, con la Central Obrera Boliviana (COB) a la cabeza, anunciaron la creación de una asamblea popular. “Ante el poder paralelo de las transnacionales, de la embajada norteamericana y de la oligarquía, anteponemos el poder del pueblo”, dijo un vocero.

Vaca Díez cuenta votos
La decisión de las organizaciones fue adoptada un día antes de que el Congreso sesione en Sucre, la capital constitucional del país, donde se analizará la renuncia presentada por Mesa. Se cree que Vaca Díez y su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), contarán con el apoyo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido mayoritario del Congreso, para consagrarse el sucesor de Mesa hasta 2007. Sin embargo, el Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) ya rechazaron esta línea de sucesión y apuestan por el titular de la Corte, para que convoque elecciones anticipadas.
El líder aymara Felipe Quispe ratificó que le interesa generar una guerra civil como salida al conflicto. “Estamos llegando a una lucha entre los blancos y los indígenas; ya es hora de que nosotros tomemos el poder político y que nos devuelvan el territorio estos invasores”, afirmó el ex guerrillero que lidera un partido indigenista y a los campesinos agremiados. (Télam-SNI-DPA)

Las protestas paralizaron siete campos petroleros del oriente
La Paz.- Miles de campesinos que reclaman la nacionalización de los hidrocarburos ocuparon siete campos petroleros en el oriente de Bolivia, mientras se reportaron por lo menos 55 bloqueos de rutas en distintos lugares del país. A la ocupación de los campos de Patusujal, Los Cusis y Humberto Suárez Roca, operados por la empresa Chaco (de la petrolera británica British Petroleum), se sumó la toma de los pozos Sirari, Víbora y Yacapaní, de la compañía Andina, cuyo accionista mayoritario es la hispanoargentina Repsol. La acción, protagonizada por comunidades afines al Movimiento al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, obligó a la suspensión de las actividades en las instalaciones petroleras.
Según el diario paceño “La Razón”, en su versión on line, con el cierre de estos campos el mercado dejaría de recibir más de cuatro mil barriles diarios de crudo. Reportes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos indican que Víbora produce la mayor cantidad de crudo, estimado en 1.700 barriles diarios.
Otro grupo de campesinos cerró hace poco las estaciones de bombeo de Sayari y de Sica Sica -que surte el oleoducto que va a Chile-, afectando el suministro de gas natural a las ciudades de La Paz y El Alto. A su vez, los alteños mantienen paralizada desde el lunes la planta de Senkata, que provee combustible a la ciudad sede del gobierno, que se enfrenta a la cuarta semana de marchas y protestas sociales que reclaman la nacionalización de los recursos naturales del país y una Asamblea Constituyente.

Los grupos de choque
En el oriente del país se escucharon, además, amenazas de miembros de un llamado comité de defensa de la democracia -una rama de la Unión Juvenil Cruceñista que funciona en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-, de despejar por la fuerza los caminos. Este grupo, que según reportes de prensa opera con métodos paramilitares, es el mismo que la semana pasada atacó con palos y balas a una columna de manifestantes campesinos cerca de Santa Cruz.
Los bloqueos de rutas en siete regiones del país y el cerco a la sede del Ejecutivo continuaban ayer. En La Paz se hace crítica la escasez de combustible y de alimentos debido a la acción de los movimientos sociales. El líder de las Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, anunció para hoy una gran concentración en el centro paceño. “No va a salir nada de aquí”, aseguró. (DPA)

La crisis desnudó fallas de la OEA
FORT LAUDERDALE, (EE.UU).- La crisis de gobernabilidad de Bolivia puso en evidencia la escasa efectividad que ha presentado hasta ahora la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la OEA el 11 de septiembre de 2001. De hecho, Mesa se convirtió en el cuarto presidente en caer desde la aprobación de esa herramienta, después de Jean Bertrand Aristide, en Haití; de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, y de Lucio Gutiérrez, en Ecuador. En ninguno de estos casos se aplicó la Carta Democrática. Tampoco fue utilizada cuando un golpe de Estado alejó brevemente del poder al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
La Asamblea de la OEA reunida en Fort Lauderdale aprobó por aclamación una declaración de apoyo a Bolivia, en la que la OEA ofrece su asistencia para que, si las autoridades del país la solicita, facilite un diálogo nacional a fin de buscar una salida a la grave crisis política en la que está sumergido el país. Pero lo que no lograron los 34 países miembro fue ponerse de acuerdo sobre qué debe hacer la OEA para evitar que estas crisis sigan ocurriendo y para contribuir a la consolidación de las democracias en América Latina y en el Caribe. Para los gobiernos progresistas de América del Sur, la clave para consolidar la democracia está en reducir la pobreza y lograr una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.

La función social
En ese aspecto, que comparte la Comunidad del Caribe (CARICOM), América del Sur insistió en que la mejor contribución de la OEA a la consolidación de la democracia es avanzar en la redacción de la Carta Social de las Américas, que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. En cambio, Estados Unidos se limitó a recomendar que se siga apostando al libre comercio como forma de lograr mayor estabilidad y gobernabilidad. (DPA)