28 Marzo 2005
En 10 años, la empresa Minera Alumbrera Limitada experimentó un giro copernicano. De tener alfombra roja en Tucumán para todas las actividades vinculadas a la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera (Catamarca), pasó a ser considerada como contaminadora del medio ambiente, hasta el punto de que la Justicia Federal investiga hoy a su presidente, Julián Rooney.
Durante 1994 el gobierno de Ramón Ortega estaba obsesionado con la idea de que Catamarca no se llevara todos los beneficios de la explotación de la mina de cobre y oro. Por ello, la Legislatura, por petición del entonces parlamentario peronista Sergio Díaz Ricci (hoy vocal del Tribunal de Cuentas), celebró una sesión especial para ocuparse sólo del emprendimiento, que empezaría a funcionar en 1997.
El 27 de diciembre de 1994, la Legislatura (con el voto favorable de 32 de los 40 legisladores) eximió a la compañía de pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones especiales, provinciales y comunales, creadas o por crearse, derivados de actos, contratos y operaciones relacionados con el mineralducto, el electroducto y la planta de filtrado ubicada en Ranchillos.
El 13 de julio de 1995, la Cámara limitó los beneficios impositivos a un período de cinco años, contados desde la promulgación de la ley (lo hizo Ortega el mismo año bajo el número 6.653), y los condicionó al hecho de que la empresa absorbiera mano de obra tucumana. En 1994, la provincia había declarado al proyecto minero de interés público; y en 1996, el presidente Carlos Menem lo hizo en el orden nacional.
La primera luz de alarma vino de afuera, en 1997, cuando una comisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) visitó la provincia. "Así y sin que la provincia contara con vivencias necesarias, durante la presente década se posibilitó la explotación a gran escala de la riqueza minera de la región. Los protagonistas de estos emprendimientos son capitales y compañías multinacionales, cuyo alcance financiero y operativo plantea problemas cuantitativos y cualitativos inéditos a las autoridades provinciales y municipales, como a las comunidades", advirtió la Unesco.
Precisamente, el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Alejandro Sangenis, pretende llevar a la ONU el caso del eventual daño ambiental causado por la empresa en los Valles Calchaquíes, por la instalación del electroducto (un tendido de 300 kilómetros que transporta energía eléctrica en 500.000 voltios y que conecta a la estación de El Bracho con el yacimiento que explota la empresa minera).
En setiembre de 2004, lejos del trato dispensado por los mandatarios anteriores a la firma, el gobernador José Alperovich denunció que la empresa estaba acostumbrada a manejar al Poder Ejecutivo, como si fuera la dueña de la provincia. "En Catamarca hizo un buraco (sic); en los Valles no hay más pájaros. Hizo un desastre", aseveró y amenazó con demandar a la compañía.
La compañía, que no admite haber contaminado, ofreció al Gobierno $ 22 millones en concepto de aporte por responsabilidad social empresaria. Fiscalía de Estado solicitó a la Secretaría de Minería de la Nación que le informe cuál es el organismo competente para hacer un estudio de impacto ambiental.
Por separado, la Justicia Federal investiga la posible contaminación del canal artificial (DP2), cuyas aguas (desembocan en el dique Frontal) habrían sido contaminadas (con cobre y cromo) por efluentes de la compañía. Por medio del mineralducto (de 220 kilómetros), el concentrado de mineral procedente de Bajo La Alumbrera desemboca en la planta de Ranchillos. De esta se extrae el agua -que se vuelca al DP2- y el mineral viaja en tren a los puertos de Rosario, Santa Fe.
Durante 1994 el gobierno de Ramón Ortega estaba obsesionado con la idea de que Catamarca no se llevara todos los beneficios de la explotación de la mina de cobre y oro. Por ello, la Legislatura, por petición del entonces parlamentario peronista Sergio Díaz Ricci (hoy vocal del Tribunal de Cuentas), celebró una sesión especial para ocuparse sólo del emprendimiento, que empezaría a funcionar en 1997.
El 27 de diciembre de 1994, la Legislatura (con el voto favorable de 32 de los 40 legisladores) eximió a la compañía de pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones especiales, provinciales y comunales, creadas o por crearse, derivados de actos, contratos y operaciones relacionados con el mineralducto, el electroducto y la planta de filtrado ubicada en Ranchillos.
El 13 de julio de 1995, la Cámara limitó los beneficios impositivos a un período de cinco años, contados desde la promulgación de la ley (lo hizo Ortega el mismo año bajo el número 6.653), y los condicionó al hecho de que la empresa absorbiera mano de obra tucumana. En 1994, la provincia había declarado al proyecto minero de interés público; y en 1996, el presidente Carlos Menem lo hizo en el orden nacional.
La primera luz de alarma vino de afuera, en 1997, cuando una comisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) visitó la provincia. "Así y sin que la provincia contara con vivencias necesarias, durante la presente década se posibilitó la explotación a gran escala de la riqueza minera de la región. Los protagonistas de estos emprendimientos son capitales y compañías multinacionales, cuyo alcance financiero y operativo plantea problemas cuantitativos y cualitativos inéditos a las autoridades provinciales y municipales, como a las comunidades", advirtió la Unesco.
Precisamente, el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Alejandro Sangenis, pretende llevar a la ONU el caso del eventual daño ambiental causado por la empresa en los Valles Calchaquíes, por la instalación del electroducto (un tendido de 300 kilómetros que transporta energía eléctrica en 500.000 voltios y que conecta a la estación de El Bracho con el yacimiento que explota la empresa minera).
En setiembre de 2004, lejos del trato dispensado por los mandatarios anteriores a la firma, el gobernador José Alperovich denunció que la empresa estaba acostumbrada a manejar al Poder Ejecutivo, como si fuera la dueña de la provincia. "En Catamarca hizo un buraco (sic); en los Valles no hay más pájaros. Hizo un desastre", aseveró y amenazó con demandar a la compañía.
La compañía, que no admite haber contaminado, ofreció al Gobierno $ 22 millones en concepto de aporte por responsabilidad social empresaria. Fiscalía de Estado solicitó a la Secretaría de Minería de la Nación que le informe cuál es el organismo competente para hacer un estudio de impacto ambiental.
Por separado, la Justicia Federal investiga la posible contaminación del canal artificial (DP2), cuyas aguas (desembocan en el dique Frontal) habrían sido contaminadas (con cobre y cromo) por efluentes de la compañía. Por medio del mineralducto (de 220 kilómetros), el concentrado de mineral procedente de Bajo La Alumbrera desemboca en la planta de Ranchillos. De esta se extrae el agua -que se vuelca al DP2- y el mineral viaja en tren a los puertos de Rosario, Santa Fe.
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