Los ómnibus que lleven publicidad política serán secuestrados o multados

Dos ordenanzas, que no se cumplen desde hace años, prohíben esta clase de propagandas.

24 Feb 2019
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ADVERTENCIA. Avignone, del municipio, apuntó al gobernador Manzur. la gaceta / foto de antonio ferroni

La Municipalidad de la capital advirtió que no se puede utilizar el transporte público para hacer propaganda política. Un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Institucionales, a pedido del intendente Germán Alfaro, aludió a las ordenanzas número 2.061 (1993) y 4.183 (2009) que reglamentan la propaganda en los colectivos. La Municipalidad solicitó la colaboración de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) para el cumplimiento de la medida.

En el comunicado publicado el pasado viernes el municipio instó a los candidatos a cumplir con las normas, teniendo en cuenta que la campaña se intensificará en las próximas semanas, con miras a las elecciones a gobernador previstas para el 9 de junio.

La ordenanza 2.061/93 estable la prohibición de propaganda política, racial, religiosa y de marcas que “afecten la moral y las buenas costumbres”. Por su parte, la 4.183/09 enmarca el sistema de propaganda de tipo comercial para el interior y exterior de los ómnibus. Esta normativa deja en claro que no está permitido el uso del transporte público para la promoción política. Pero pese que entraron en vigencia hace más de una década, las ordenanzas no se cumplen. Los colectivos urbanos e interurbanos lucen colmados de carteles religiosos y de propaganda política.

Este comunicado de la Municipalidad capitalina insistió en la necesidad de cooperación por parte de Aetat: “para que notifique a todas aquellas empresas interurbanas que estén asociadas a ella sobre las ordenanzas aludidas”.

En el último punto, el secretario de Relaciones Institucionales, José Luis Avignone, consignó: “ el gobernador y el vice están haciendo propaganda en algunas unidades, haciéndola pasar como institucional”. El funcionario reclamó que la fórmula (Manzur-Jaldo) existe “sin haber pasado por el tamiz de la elección interna” y agregó: “a ellos también le cabe, como a otros, la disposición respectiva”.

En cuanto a las consecuencias del incumplimiento de la legislación, se procederá al secuestro de la unidad infractora o, en el caso de que hubieran colocado carteles en cada una de las unidades de una determinada línea, impondrán las “multas correspondientes”.

Esta movida del municipio forma parte de un escenario de tensión con los empresarios del transporte y con el Gobierno de la provincia, a los que acusa de actuar en forma conjunta. Durante febrero se concretaron tres paros de transporte público y el conflicto no desapareció, porque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con una nueva paralización si la Aetat no paga los salarios “en tiempo y forma” en marzo. Por su parte, los empresarios afirman que sin un aumento del boleto no podrán afrontar los gastos de funcionamiento del servicio.

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