Estudios de prospectiva en Argentina

11 Sep 2017

Pablo Miguel Jacovkis
secretario de Investigación y Desarrollo y Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Tres de Febrero
Pablo Miguel Jacovkis - Secretario de Investigación y Desarrollo y Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Tres de Febrero

Una de las características actuales de la Argentina es la escasa importancia que muchos entre quienes tienen responsabilidades o potenciales de gobierno otorgan a la prospectiva, entendiendo como tal una visión de los escenarios futuros posibles para nuestro país. Dichos escenarios futuros están condicionados por factores internos, como la voluntad de los sectores dirigentes para llevar a cabo políticas a largo plazo factibles -consenso político de buena parte de la población es clave para dicha factibilidad-, y por factores externos no controlables. Es cierto que existen ámbitos donde se discuten problemas de prospectiva (y en algunos de ellos con gran seriedad y calidad técnica); sin ir más lejos, en octubre se realizará en Mendoza el Tercer Congreso Nacional de Prospectiva. En general este tipo de estudios no tienen demasiada influencia en la opinión pública ni en los sectores dirigentes.

Obsérvese que no estoy criticando ni elogiando a ninguna institución de este estilo por razones ideológicas: uno puede estar completamente en desacuerdo con un futuro escenario que para algún sector es deseable, pero respetar el profesionalismo con el cual el correspondiente análisis ha sido llevado a cabo. En general, es difícil, por más elementos técnicos y datos de los cuales se disponga, hacer futurología “precisa” (si hacemos esto o lo otro llegaremos inevitablemente a tal resultado): lo que se puede hacer es prever distintos escenarios (no necesariamente todos gratos a los propios deseos) bajo distintas condiciones de contorno, entre las cuales, por supuesto, y máxime para un país de importancia mediana como el nuestro, están los condicionantes externos.

En este sentido, es notable la diferencia con lo que sucede en los países más desarrollados: un rápido examen de la situación en los Estados Unidos muestra una notable cantidad de instituciones, de distintas orientaciones políticas, y con distinto sesgo, enormemente influyentes, usualmente denominados “think tanks”. Análogamente, se puede observar esta proliferación de instituciones en Europa; al respecto, recuérdese el notable impacto que tuvieron los análisis de prospectiva del Club de Roma en la década de 1970, y la abundante cantidad de discusiones y réplicas que originaron; entre ellas, en Argentina, las del modelo preparado por la Fundación Bariloche, cuyos autores tuvieron en general que exiliarse después del golpe militar de 1976.

El problema con los análisis de prospectiva, en un país como Argentina donde no hay un acostumbramiento a dicho tipo de enfoques, es que implican plantear alternativas “incómodas”; su ventaja es que, al plantearlas, los mismos análisis permiten formular políticas que supriman o disminuyan significativamente los costos de la solución de dichos problemas.

Pongamos un ejemplo: desde hace tiempo se plantea en numerosos círculos que la actual industria electrónica radicada, con ventajas impositivas, en Tierra del Fuego, es inviable. Sin entrar en esa delicadísima discusión, supongamos que esto sea cierto, y que no convenga desde ningún punto de vista mantener dichas industrias, al menos en las condiciones actuales: ¿qué se hace? ¿Se cierran todas las empresas electrónicas de Tierra del Fuego, y un montón de personas se quedan sin trabajo, con el tremendo costo humano, social y político que esto implica? Claramente ante una decisión de este tipo lo primero que debe plantearse es: ¿en vez de industria electrónica, qué? Y si un análisis (previo, por supuesto) decide que la mejor alternativa para Tierra del Fuego en las siguientes décadas es el turismo, la producción petrolera y la radicación de polos científicos asociados a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y al CADIC (Centro Austral de Investigaciones Científicas, prestigioso instituto del Concicet), deben establecerse las políticas que permitan a los trabajadores que quedarán desocupados insertarse en esas áreas.

Y si uno o varios centros de prospectiva, además de la conclusión económica de que el costo de mantener esas industrias es perjudicial para el país, analizaron que para eliminarlas previamente es necesario tomar tales y cuales medidas para asegurar que el costo (humano, social, político) a corto plazo será mínimo, es probable que el cambio pueda llevarse a cabo en forma razonablemente eficiente y pacífica. Naturalmente, no estoy aquí idealizando la capacidad de consenso de todos los agentes políticos participantes en esta discusión: no es mi intención llegar a la ingenua (y tecnocrática) suposición de que con este tipo de estudios se evitan los conflictos políticos, ni mucho menos; desde que el optimismo que incluso un genio como Leibniz pudo tener respecto de la capacidad de acuerdos en la sociedad fue ridiculizado por Voltaire mediante su personaje Pangloss, nadie con un mínimo conocimiento de la política puede pensar tal cosa. Pero sí que al menos las discusiones políticas, que existen y existirán siempre, se lleven a cabo sin el ruido de fondo de problemas mal planteados, soluciones no factibles, enfoques sumamente incompletos o basados en datos erróneos, etc.

Los estudios de prospectiva permiten analizar a largo plazo los graves problemas de nuestro país, algunos de los cuales podemos enumerar: la informalidad estructural, o sea la existencia de una buena parte de la sociedad sin los recursos educativos, económicos, financieros, sociales y culturales para ingresar en un mundo tecnológicamente moderno; el déficit energético nacional, para lo cual se requiere un análisis realista de las posibilidades de explotación de Vaca Muerta, de los yacimientos convencionales, de las energías alternativas renovables, la reestructuración de la red de transporte, con particular atención a la recuperación y ampliación de los ferrocarriles, pensada no solamente como solución de la actual situación, tremendamente insatisfactoria, del transporte a nivel nacional, sino como política planificada para contribuir a la “re-federalización” del país, afectado cada vez más por una macrocefalia espantosamente dañina para los intereses nacionales -y para los intereses concretos de la población-. También un planteo realista de industrialización moderna: ¿qué tiene realmente sentido producir, y qué tiene realmente sentido importar?

Hace muchos años que este tipo de discusión no se plantea a nivel de la dirigencia en forma integral y continua: los políticos relevantes tienen asesores que interpretan, o creen interpretar, los deseos y necesidades de los distintos grupos sociales, lo cual es perfectamente razonable y lógico para alguien que pretende ganar una elección; pero no alcanza: si no se tienen proyectos a largo plazo (y, sobre todo, planes B que permitan la modificación de dichos proyectos ante circunstancias variables) nuestro país enfrentará siempre situaciones, debidas a factores externos o internos, frente a las cuales no estará preparado.

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