Huelga en el penal porque no autorizan las salidas transitorias

Se quejaron porque sólo acceden los que no consumen drogas.

24 Ago 2017
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TENSIÓN. Personal de Infantería observa la quema de cubiertas en la calle.

Una tensa situación se vive en el penal de Villa Urquiza. Los reclusos que están en el Pabellón 1 iniciaron una huelga de hambre para exigir que se los autorice a gozar de salidas transitorias, puesto que han cumplido más del 50% de la condena.

“Entregaron un petitorio manifestando pacíficamente. No fueron a retirar el desayuno y no están cumpliendo sus servicios en sus lugares de trabajo asignados. Estamos tomando las medidas de prevención. Comunicamos la situación a la Fiscalía de Instrucción Penal y Juzgado de turno”, aseguró Guillermo Snaider, director del Servicio Penitenciario quien confirmó que son unas 200 personas las que realizan esta medida.

“Si bien la norma indica cuáles es el procedimiento para acceder al beneficio, el Juzgado de Ejecución Penal de la Capital implementó un nuevo requisito, como un análisis de orina para registrar -o no- el consumo de sustancias, negándose la salida transitoria a quienes no cumplan con la medida”, se puede leer en un comunicado de prensa que fue divulgado por la Secretaría de Seguridad.

Al cierre de esta edición, funcionarios del sistema penitenciario anunciaron que el reclamo de los reclusos fue elevado a la Corte Suprema de Justicia para que lo tratara como un hábeas corpus. LA GACETA intentó hablar con el juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot, pero se excusó de hacer declaraciones porque se encontraba en una reunión para analizar la situación que se estaba viviendo en el penal.

Por la tarde, los familiares de los presos detenidos provocaron incidentes en la puerta del penal. Con la llegada del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Capital, se restableció la calma.

La demanda de los reclusos también generó polémica entre los defensores. “El requisito exigido por el Juzgado de Ejecución Penal es discriminatorio, arbitrario e ilegal. Una vez más, observamos cómo se pone energía en reprimir al consumidor adicto y enfermo y no al que permitió el ingreso de la droga al penitenciario. Lejos de solucionar, esta exigencia sólo empeora la situación. Estamos dando un paso atrás”, dijo Patricio Char.

Geraldine Salazar aseguró que el juez puede tomarse esa atribución, pero no cree que el mayor problema lo genere el análisis a los que se deben someter. “Hay una mora muy importante para los reclusos que están en condiciones de acceder a ese beneficio. Y es lógico que ello ocurra porque el trabajo que hacían todas las salas penales, ahora quedaron en manos de una sola persona”, concluyó.

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