El Gobierno defendió el aumento del 237%

El Gobierno defendió el aumento del 237%

En una maratónica jornada, las distribuidoras y transportadoras reclamaron por el reajuste de los valores, mientras las asociaciones de usuarios criticaron el nuevo cuadro instrumentado por el Ejecutivo

MINISTRO PENSATIVO. Juan José Aranguren fue blanco de las críticas de las asociaciones de usuarios, por el reajuste que instrumentó antes del audiencia. dyn MINISTRO PENSATIVO. Juan José Aranguren fue blanco de las críticas de las asociaciones de usuarios, por el reajuste que instrumentó antes del audiencia. dyn
17 Septiembre 2016

BUENOS AIRES.- El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió ayer el aumento de la tarifa del gas que impulsa el Gobierno, al presentar una propuesta para que a partir de octubre será de hasta 237% para los usuarios residenciales y del 500% para todos los rangos de usuarios comerciales. En su presentación en la audiencia pública que se desarrolla en la Usina del Arte de esta ciudad, Aranguren precisó que el incremento “será de 203% promedio” (237, 176 y 122% según niveles de consumo), ya que se apunta a un “sistema más justo y equitativo”, con “tarifa social y quita gradual de subsidios”.

“Los subsidios se mantendrán para quienes realmente lo necesitan”, planteó el funcionario, que aseguró que de aquellos que paguen los aumentos, el 95% tendrá una tarifa “menor a los $ 500 en un mes cálido; en un mes frío, de invierno”, ese porcentaje bajará a 59%. Aranguren, quien estuvo en el medio de una polémica por sus acciones en la petrolera Shell, de las que se terminó desprendiendo, fue el primer orador en la audiencia pública que ordenó la Corte Suprema en agosto pasado como condición para avalar eventuales subas tarifarias. “En promedio, el consumidor residencial va a pagar sobre lo que pagaba el 31 de marzo, un aumento promedio de 203%”, aseguró el ministro, el único de los 373 oradores anotados con 20 minutos para exponer.

Según el Gobierno, habrá aumentos promedio de 237% para los hogares de bajo consumo, contra el 297% de la propuesta anterior; de 176% en los casos de consumo medio, contra 235% del esquema previo, y de 122% en los casos de mayor consumo, contra 174% de aumento que se impulsaba antes.

• Las facturas serán “para los consumidores de bajo consumo (56% del total) de $ 107 promedio mensual antes de impuestos. Un hogar que no tiene acceso a la red y lo sustituye por un combustible alternativo, como el gas licuado de petróleo, termina pagando $ 299”, comparó Aranguren.

• Los de categoría media (31% del total), pagarán $ 371 por mes antes de impuestos, y la categoría más alta (13%) pagará $ 953.

• En lo que respecta a los usuarios comerciales, se indicó que el 99% pagará una factura promedio de $ 488 antes de impuestos, en tanto el 1% de mayor consumo (más de 22.366 metros cúbicos por mes) deberá abonar $ 24.579.

• En los dos casos, el aumento será del 500%, menos que el 696% y el 575%, respectivamente, de la propuesta anterior. Según Aranguren, el sistema de suministro de gas es “distorsionado, desigual, injusto y arcaico”. Al puntualizar sobre lo “injusto” del sistema, dijo que el año pasado los argentinos, incluso los que “no tienen acceso a la red de gas natural”, pagaron subsidios por “U$S 5.700 millones”. Ese monto “lo hemos abonado todos para sostener el sistema”, afirmó.

Por ello, el Gobierno “propone una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años”, de modo de llegar “a cero en octubre de 2019, excepto “la Patagonia, Malargüe, y la Puna”, que los tendrán hasta octubre de 2022. La administración mantendrá “la protección sobre los más vulnerables”, con una “tarifa social que llegue a quien la necesita”, sostuvo.

Contrapuntos

Representantes de las dos transportadoras de gas (del Norte y del Sur) y de las nueve distribuidoras (desde la más grande, Metrogas, con 2,3 millones de clientes, hasta la más chica, Gasnea, con apenas 100.000), coincidieron en respaldar la política tarifaria propuesta por el gobierno nacional. A la vez, durante la audiencia, sus representantes reclamaron la “urgente” aplicación de los ajustes transitorios para las tarifas y una “compensación” del Estado que le permita “cubrir el déficit” que les provocó el congelamiento por más de 15 años de las facturas.

Alicia Heredia, de Gasnor, hizo hincapié en los “incumplimientos del Estado” y reclamó “una urgente actualización de las tarifas” y “una asistencia para cubrir el déficit de estos meses”.

A su turno, asociaciones de usuarios y consumidores criticaron el nuevo cuadro de aumento dispuesto por el Gobierno nacional para el gas, en especial el valor fijado a boca de pozo que implica una dolarización de la tarifa. A la vez reclamaron que los trámites para acceder a la tarifa social sean menos engorrosos para la gente sin la necesidad de que los interesados tengan que gestionarlos ante cada una de las empresas de servicios.

El primer día de debate público se desarrolló con protestas dentro y fuera de la Usina del Arte; también se vio teñido por las noticias que llegaban desde Neuquén, donde debieron suspender el debate por incidentes registrados fuera del edificio, y de Rosario, donde advirtieron que vana pedir la “nulidad” del debate por “restricciones” en el ingreso a la audiencia. Está previsto que en la audiencia, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), se extienda hasta mañana. (Télam-DyN)

Los ombudsman alientan la revisión del aumento

BUENOS AIRES.- Los Defensores del Pueblo de distintas provincias y municipios pidieron al Gobierno nacional una revisión del criterio aplicado para definir su propuesta de incrementos, a partir de octubre próximo, procurando garantizar el acceso al servicio a todos los usuarios. En esa línea, reclamaron la conformación de una tarifa social única y automática para todos los servicios públicos, atar los aumentos a la evolución de los salarios, junto con la necesidad de contar con la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, y que se reconozca el acceso a los servicios energéticos como “derechos humanos”.

Los defensores realizaron los planteos en la Audiencia Pública que se desarrolla en la Usina del Arte, en Capital Federal, para analizar el nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, prevé un ajuste promedio de 203% para los usuarios residenciales a partir del 1 de octubre y con subas semestrales.

El representante de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, expuso la necesidad de observar los conceptos de progresividad, proporcionalidad y razonabilidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), que había anulado los incrementos del gas.

Desde Paraná, a través de videoconferencia, Oscar Garay cuestionó que se “habla ligeramente” de que la tarifa de la energía es “barata”, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de las personas, a quienes les llegan facturas de $ 3.000 cuando ganan en promedio $ 10.000. (DyN-Télam)

PROTESTAS EN EL INTERIOR.- Las audiencias públicas por el aumento de las tarifas de gas en distintas ciudades del interior del país, se caracterizaron por las protestas y las solicitudes de nulidad por parte de agrupaciones opositoras y los pedidos de proporcionalidad de los defensores del pueblo. En Salta, la audiencia pública fue un caos ya que no ingresaron oradores inscriptos, se les prohibió el paso a legisladores, no se permitió oyentes en la sala, y se le inhibió a la prensa la libertad para trabajar. En Córdoba, militantes de izquierda se enfrentaron con el vallado de la Policía que no los dejaba ingresar a la audiencia pública por el aumento de la tarifa del gas que se desarrolla en el auditorio de Radio Nacional en la ciudad de Córdoba.

Problemas “energéticos”.- El comienzo de la audiencia pública por el aumento de gas, en la Usina del Arte del barrio de La Boca, que promete ser maratónica, tuvo algunos imprevistos como el inoportuno corte de luz en el sector de acreditaciones que puso nervioso hasta al propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el faltazo del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que quedó varado por el paro de los pilotos de Aerolíneas Argentinas.

Incursión K.- La audiencia pública por el aumento de la tarifa de gas comenzó ayer en la Usina del Arte, del barrio porteño de La Boca, en un clima de tranquilidad que se interrumpió cuando dos diputados kirchneristas cuestionaron a los gritos que se haya “dejado gente afuera” del debate público, al que calificar como “una farsa”. Uno de los que gritaba fue el diputado nacional del bloque del Frente para la Victoria Juan Larrea.

Pura coincidencia.- ¿Cuándo habla Tarifa? Parece un error, pero no: en el listado oficial de oradores que publicó el Gobierno figura Julio Leonardo Tarifa, miembro del sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que figura en el puesto número 95 de la audiencia.

Como Evangelina Carozzo, pero sin curvas.- Pasadas las 13, un hombre ingresó al auditorio porteño con un cartel, con el que se paseó delante de los presentes, en el que denunció: “Censura, no nos dejan participar. Somos más de 1000 inscriptos”.

“Intratables” hizo escuela.- Como si se tratara del programa que conduce Santiago del Moro, el moderador del encuentro, el ex funcionario porteño Javier Corcuera, advirtió al comienzo de la audiencia que quien se excediera en el tiempo previsto para la exposición iba a sufrir el tan temido corte de sonido.

amparo legal.- El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que los alcances que el Estado nacional adopte en materia de incremento tarifario de los servicios energéticos deben atender los compromisos que asumió el país ante la Convención Americana de los Derechos Humanos y sus protocolos y documentos vinculados. “Lo que venimos a tratar en esta audiencia es una cuestión de Derechos Humanos”, dijo el representante del CELS Diego Morales en la apertura de su exposición del debate por el incremento de las garifas del gas, enmarcada en el segmento dedicado a las asociaciones de defensa de los consumidores.

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