Por Marcelo Aguaysol
31 Agosto 2016
Hay presencias que dicen mucho en un acto; pero también ausencias que transmiten mensajes. En tiempos del blanqueo, el gobernador prefiere acudir a la convocatoria presidencial antes que delinear la renovación en la que se envolvió, por estos días, el Partido Justicialista a nivel nacional. Pero son gestos.
Mauricio Macri llamó a Juan Manzur para que lo acompañara ayer en Tecnópolis. Y, en ese acto de lanzamiento del plan nacional contra el narcotráfico, sólo había otro peronista, también afín con la Casa Rosada: el salteño Juan Manuel Urtubey. “En políticas de Estado, yo estoy a la par del Presidente”, dijo Manzur a manera de justificación sobre su presencia en esa ceremonia con notables ausencias entre los mandatarios de las provincias. Es posible que hoy el tucumano no concurra a la convocatoria del “Grupo Esmeralda”, en la Casa de Chaco en Buenos Aires. En ese encuentro se definirán los detalles de la organización del acto del 6 de septiembre que será el lanzamiento de un nuevo espacio justicialista distanciado del kirchnerismo. Lo llaman la “Renovación Peronista”, que no es más que acabar con todo vestigio K en una estructura que necesita rearmarse para discutirle espacios de poder a Cambiemos dentro de un año, en las elecciones parlamentarias.
Manzur cree que no es tiempo para hacer política. Si hay algo que le traerá fuertes dolores de cabeza dentro de poco al mandatario eso es la conformación de la lista de postulantes al Congreso. El justicialismo doméstico está al acecho porque quiere recuperar protagonismo. Las alianzas son factibles, pero, en las actuales circunstancias, de luna de miel con el Presidente, generan suspicacias en tierras tucumanas. “Las candidaturas no se negocian”, gritan -por las dudas- algunos dirigentes históricos del peronismo. Si verdaderamente hay gestos de renovación en ese partido, el clientelismo debería desaparecer del mapa electoral. Pero, ¿quién lo garantiza?
Septiembre será un tiempo de definiciones financieras, con aromas políticos. El Gobierno nacional enviará a las provincias las pautas de gastos, de inversión y de transferencia de fondos federales para el año que viene. Un mes después, la Provincia tendrá que elaborar su proyecto de Presupuesto. Antes de fines de octubre, el Poder Ejecutivo deberá elevar su proyecto a la Legislatura. Manzur puede llegar a convertirse en el gobernador de los $ 50.000 millones. Esa puede ser la pauta de gastos totales y también de ingresos previstos para el próximo año electoral. A este 2016 le queda un cuatrimestre. En estos días tiene que llegar el crédito prometido por el Ministerio del Interior a los gobernadores que no pudieron obtener un fallo judicial para gozar, plenamente, de la coparticipación federal. Manzur se puso en la fila con el reclamo de una partida estimada en $ 1.350 millones. No es poca plata. Con eso se garantiza el pago del medio aguinaldo a fines de año, algo que causa envidia por parte de distritos como -por caso- Río Negro, que ayer tuvo que pedirle a la Nación $ 250 millones para poder pagar los sueldos de este mes que finaliza.
Un presupuesto tan abultado en una provincia chica asusta. Y pone los pelos de punta a cualquier contribuyente. ¿Cómo hará el Estado provincial para financiar tanto gasto público si no puede emitir moneda? Apelar al crédito no sería el mejor de los caminos en un mercado encarecido para un país que hace poco dejó el default. La suba de impuestos tampoco parece ser la vía más sensata si se piensa en términos electorales. Aunque José Alperovich se dio mañas para instrumentarlo, durante su gestión, y salir indemne en las urnas.
Sin crédito y sin aumento de salarios, el Gobierno local tendrá que buscar una estrategia para captar inversiones. Por estas horas está madurando la idea de que Tucumán se adhiera al blanqueo de capitales, un sistema que puede redituarle en inyección de nuevos capitales y, naturalmente, en la creación de puestos laborales, algo clave para abandonar el proceso recesivo de la economía. Como contrapartida, el Ejecutivo ha decidido no darles otra oportunidad a los deudores de impuestos. La moratoria es parte del pasado.
El temor oficial es el efecto de la inflación en el gasto público que puede llevar a crecer a tasas interanuales por encima del 30%. La inversión en obras es escasa. Por lo tanto, todo lo que se eroga es para sostener la estructura corriente del Estado. La inflación no es sólo un problema para el manejo financiero de la provincia. También lo es a nivel nacional. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, ha señalado que la suba de precios ya no es un tema central. Y casi como una contestación directa Federico Sturzenegger le salió al cruce, aunque veladamente. El presidente del Banco Central marcó diferencias. Pese a que reconoció que se está evidenciando una baja en la inflación, Sturzenegger sostuvo que no hay que relajar la política monetaria y apuntó contra el déficit fiscal, algo que también tiene a maltraer a la gestión financiera del Gobierno de Macri.
Quienes transitan por los pasillos de la Casa Rosada admiten que esas diferencias son muy evidentes entre los colaboradores del Presidente. “El vínculo no es malo; se respetan. Pero creo que hay una cuestión política dando vueltas por allí”, conjetura un allegado al edificio de Balcarce 50 de la Capital Federal. Todos están convencidos de que el ministro de Economía no es otro que el propio Macri y que, por lo tanto, esta percepción acota el poder de decisión de un ministro al que le acotaron no sólo las funciones, sino también los instrumentos financieros para hacer que la economía del país crezca. En Prat-Gay, además, hay además un condimento político para sostenerse en la marquesina, como un referente nacional. Esto es algo que genera ruidos en otra ala del gabinete macrista.
El blanqueo es el signo de los tiempos para una economía que necesita más capitales para abandonar la recesión, pero no lo es para las cuestiones de poder, donde se dirimen los posicionamientos políticos.
Mauricio Macri llamó a Juan Manzur para que lo acompañara ayer en Tecnópolis. Y, en ese acto de lanzamiento del plan nacional contra el narcotráfico, sólo había otro peronista, también afín con la Casa Rosada: el salteño Juan Manuel Urtubey. “En políticas de Estado, yo estoy a la par del Presidente”, dijo Manzur a manera de justificación sobre su presencia en esa ceremonia con notables ausencias entre los mandatarios de las provincias. Es posible que hoy el tucumano no concurra a la convocatoria del “Grupo Esmeralda”, en la Casa de Chaco en Buenos Aires. En ese encuentro se definirán los detalles de la organización del acto del 6 de septiembre que será el lanzamiento de un nuevo espacio justicialista distanciado del kirchnerismo. Lo llaman la “Renovación Peronista”, que no es más que acabar con todo vestigio K en una estructura que necesita rearmarse para discutirle espacios de poder a Cambiemos dentro de un año, en las elecciones parlamentarias.
Manzur cree que no es tiempo para hacer política. Si hay algo que le traerá fuertes dolores de cabeza dentro de poco al mandatario eso es la conformación de la lista de postulantes al Congreso. El justicialismo doméstico está al acecho porque quiere recuperar protagonismo. Las alianzas son factibles, pero, en las actuales circunstancias, de luna de miel con el Presidente, generan suspicacias en tierras tucumanas. “Las candidaturas no se negocian”, gritan -por las dudas- algunos dirigentes históricos del peronismo. Si verdaderamente hay gestos de renovación en ese partido, el clientelismo debería desaparecer del mapa electoral. Pero, ¿quién lo garantiza?
Septiembre será un tiempo de definiciones financieras, con aromas políticos. El Gobierno nacional enviará a las provincias las pautas de gastos, de inversión y de transferencia de fondos federales para el año que viene. Un mes después, la Provincia tendrá que elaborar su proyecto de Presupuesto. Antes de fines de octubre, el Poder Ejecutivo deberá elevar su proyecto a la Legislatura. Manzur puede llegar a convertirse en el gobernador de los $ 50.000 millones. Esa puede ser la pauta de gastos totales y también de ingresos previstos para el próximo año electoral. A este 2016 le queda un cuatrimestre. En estos días tiene que llegar el crédito prometido por el Ministerio del Interior a los gobernadores que no pudieron obtener un fallo judicial para gozar, plenamente, de la coparticipación federal. Manzur se puso en la fila con el reclamo de una partida estimada en $ 1.350 millones. No es poca plata. Con eso se garantiza el pago del medio aguinaldo a fines de año, algo que causa envidia por parte de distritos como -por caso- Río Negro, que ayer tuvo que pedirle a la Nación $ 250 millones para poder pagar los sueldos de este mes que finaliza.
Un presupuesto tan abultado en una provincia chica asusta. Y pone los pelos de punta a cualquier contribuyente. ¿Cómo hará el Estado provincial para financiar tanto gasto público si no puede emitir moneda? Apelar al crédito no sería el mejor de los caminos en un mercado encarecido para un país que hace poco dejó el default. La suba de impuestos tampoco parece ser la vía más sensata si se piensa en términos electorales. Aunque José Alperovich se dio mañas para instrumentarlo, durante su gestión, y salir indemne en las urnas.
Sin crédito y sin aumento de salarios, el Gobierno local tendrá que buscar una estrategia para captar inversiones. Por estas horas está madurando la idea de que Tucumán se adhiera al blanqueo de capitales, un sistema que puede redituarle en inyección de nuevos capitales y, naturalmente, en la creación de puestos laborales, algo clave para abandonar el proceso recesivo de la economía. Como contrapartida, el Ejecutivo ha decidido no darles otra oportunidad a los deudores de impuestos. La moratoria es parte del pasado.
El temor oficial es el efecto de la inflación en el gasto público que puede llevar a crecer a tasas interanuales por encima del 30%. La inversión en obras es escasa. Por lo tanto, todo lo que se eroga es para sostener la estructura corriente del Estado. La inflación no es sólo un problema para el manejo financiero de la provincia. También lo es a nivel nacional. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, ha señalado que la suba de precios ya no es un tema central. Y casi como una contestación directa Federico Sturzenegger le salió al cruce, aunque veladamente. El presidente del Banco Central marcó diferencias. Pese a que reconoció que se está evidenciando una baja en la inflación, Sturzenegger sostuvo que no hay que relajar la política monetaria y apuntó contra el déficit fiscal, algo que también tiene a maltraer a la gestión financiera del Gobierno de Macri.
Quienes transitan por los pasillos de la Casa Rosada admiten que esas diferencias son muy evidentes entre los colaboradores del Presidente. “El vínculo no es malo; se respetan. Pero creo que hay una cuestión política dando vueltas por allí”, conjetura un allegado al edificio de Balcarce 50 de la Capital Federal. Todos están convencidos de que el ministro de Economía no es otro que el propio Macri y que, por lo tanto, esta percepción acota el poder de decisión de un ministro al que le acotaron no sólo las funciones, sino también los instrumentos financieros para hacer que la economía del país crezca. En Prat-Gay, además, hay además un condimento político para sostenerse en la marquesina, como un referente nacional. Esto es algo que genera ruidos en otra ala del gabinete macrista.
El blanqueo es el signo de los tiempos para una economía que necesita más capitales para abandonar la recesión, pero no lo es para las cuestiones de poder, donde se dirimen los posicionamientos políticos.
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