08 Julio 2016
JUAN CERISOLA. El ex rector fue procesado. ARCHIVO
Al filo de la feria judicial de invierno, el juez federal N° 2, Fernando Luis Poviña, dispuso procesamiento sin prisión preventiva del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Juan Alberto Cerisola y le trabó un embargo por $ 50 millones. En la misma situación quedó el ex secretario administrativo de la UNT y ex diputado nacional por la UCR, Luis Sacca -hoy se desempeña como director administrativo de la Secretaría de Bienestar Universitario-. En su caso, el embargo asciende a $ 10 millones. Ambos son investigados por el presunto uso irregular de alrededor de $353 millones provenientes de las regalías mineras entre 2006 y 2009.
El magistrado consideró que el ex titular de la UNT entre 2006 y 2014 es penalmente responsable de los delitos de administración fraudulenta contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario. “Dictó resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales, y las ejecutó”, describió Poviña.
En un fallo de 153 páginas, el juez federal destacó que Cerisola -ex representante de la UNT ante YMAD- haya realizado inversiones financieras con el dinero asignado por esa empresa interestatal “causando con ello un evidente perjuicio económico a las arcas del Estado”. Incluso, le endilgó presuntas irregularidades en la construcción de varias obras ejecutadas con ese dinero y cuestionó que en 2008 haya aceptado la reducción de utilidades, porcentaje que pasó del 40% (establecido en la Ley 14.771) al 20%, cuando no estaban dadas las condiciones para ello, puesto que no se había satisfecho la finalidad que oportunamente se había fijado, es decir, la finalización de obras de la Ciudad Universitaria. “El giro de utilidades de YMAD a la UNT no alcanzó el porcentaje de 40% determinado por ley (año 2006, 19,28% y 2007, 26,35%) y luego de firmado el convenio (de reducción) tampoco percibió el monto acordado (2008, 10,15% y 2009, 6,41%), tal como se desprende del informe emitido por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos”, dijo Poviña.
En otro tramo de la resolución y luego de analizar las colocaciones financieras objetadas, el magistrado concluyó que las operaciones practicadas por Sacca y Cerisola ocasionaron a la UNT un perjuicio de $8,1 millones. Eso, sin contar los intereses que debió percibir la Institución y cuyo destino se desconoce.
Olga Graciela Cudmani, ex directora general de Construcciones Universitarias, y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones, también quedaron procesados ayer. En cambio, el magistrado dispuso el sobreseimiento de Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo, y de Horacio Alfredo Lobo, inspector de la obra de Filosofía y Letras. En ambos casos, Poviña precisó que la investigación desarrollada no afectaba su buen nombre y honor.
En 2006, la empresa interestatatal YMAD comenzó a girar cheques a la UNT provenientes de las utilidades que arrojaba la explotación de la mina Bajo Alumbrera. La investigación judicial, además, de conocer qué se hizo con los $ 353 millones que recibió la UNT también deberá determinar cuestiones vinculadas a presuntos sobreprecios en las obras y a depósitos en cuentas bancarias. La causa se inició a partir de las denuncias que, por separado, formularon Ramón Eudal, el abogado Oscar López y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La investigación estuvo a cargo del fiscal federal N°1, Carlos Brito.
Lo más popular
