09 Febrero 2016
ARCHIVO LA GACETA
"Si estos ladrillos pudieran hablar", suspira Juan Jiménez. El calor tucumano de febrero parece agobiarlo. Frente a él, como un mudo vigilante, miles de ladrillos se amontonan unos sobre otros formando lo que alguna vez fue la "chimenea mota" de Caspichango.
La vegetación esconde su entrada -costó abrirse paso en el monte-. Juan recuerda que alguna vez hubo un campo abierto allí. Un campo donde jugaban a la pelota con los "muchachos", un campo donde aterrizaban helicópteros militares en los setenta.
Jiménez es sobreviviente de la última dictadura militar. El 18 de octubre del '76, un grupo que él identifica como fuerzas de seguridad policial, lo secuestró de su casa en medio de la noche. Durante siete meses fue víctima de torturas y permaneció privado de su libertad en condiciones infrahumanas. Después de su liberación logró identificar el lugar donde lo retuvieron como la "Escuela General Lavalle", de la ciudad de Famaillá. "A mí me llevaron durante la dictadura, pero los secuestros y las desapariciones de los compañeros comenzaron mucho antes", asegura.
El 9 de febrero del '75 se inició el Operativo Independencia a partir de un decreto firmado por la entonces presidenta, María Estela Martínez de Perón. Cerca de 3.000 soldados se instalaron en el sur de la provincia de Tucumán, en los pueblos ubicados a lo largo de la Ruta 38. El comando táctico se estableció en Famaillá, y la V Brigada del III Cuerpo del Ejército, al mando de Acdel Vilas (y posteriormente, de Antonio Domingo Bussi), se encargó de poner en marcha el plan.
Al poco tiempo, Vilas creó en la Escuela Diego de Rojas, de Famaillá, el primer Centro Clandestino de Detención del país. Por allí pasaron más de 1.500 personas. La mayoría sufrió torturas, y muchos fueron asesinados y desaparecidos.
Este año, 41 años después del inicio del Operativo Independencia, tendrá lugar el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en ese contexto. El debate oral iniciará el 5 de mayo en la sala de audiencias del Tribunal
Federal de Tucumán. Será el juicio por delitos de lesa humanidad más grande de la provincia: fueron 269 las víctimas, y hay 15 imputados y 15 querellas.
La acusación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, describe la envergadura del despliegue territorial militar como parte de un plan represivo extendido a toda la población civil de la región. Con el pretexto de combatir un minúsculo grupo insurgente, se puso en marcha un operativo mucho más ambicioso: buscaba acallar las voces de disenso y destruir el movimiento social tucumano, según consta en el expediente.
La Fiscalía buscará probar que durante el Operativo los militares pusieron en práctica los métodos de la llamada "guerra contrarrevolucionaria", aprendida en las escuelas norteamericanas y francesas en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Estas técnicas incluyeron acciones de terrorismo encubiertas, secuestros, asesinatos, la práctica sistemática de la tortura durante los interrogatorios y la extensión del teatro de operaciones a la población civil. Para su implementación crearon un ejército clandestino paralelo y articulado con la estructura oficial, un feroz aparato de inteligencia y represión.
Lo más popular
