18 Junio 2014
CUSTODIADAS. Las muestras para extraer ADN estuvieron a resguardo de la Policía Científica durante siete años y fueron abiertas en mayo de 2013. la gaceta / foto de diego aráoz (archivo)
La Corte Suprema de Justicia de la provincia autorizó el viernes la realización de las pericias de ADN en la investigación del crimen de Paulina Lebbos. Para tal fin, el máximo tribunal hizo efectivo el depósito de dinero necesario para que el fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, lleve las muestras a Buenos Aires para su cotejo genético.
Fuentes judiciales confirmaron que la pericia de ADN será realizada por el genetista Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El cotejo se realizará con las muestras que habían sido extraidas en los primeros allanamientos realizados tras el crimen de Paulina y con el material genético que estaba en el cuerpo de la víctima. Se compararán con los perfiles de distintas personas que fueron mencionadas en la causa, y que se encuentran bajo custodia de Gendarmería Nacional.
Especialistas de esta fuerza habían realizado desde noviembre del año pasado, un estudio exhaustivo de las muestras que estaban incorporadas al expediente. A principios de este año presentaron un informe con las recomendaciones de las distintas pruebas que se podían realizar.
Una de las observaciones indicaba que, en los restos genéticos que se encontraron en el cuerpo de la víctima, contaron fuentes de la fiscalía, se podía detectar ADN mitocondrial, que determina las líneas ascendentes.
Ocho años de impunidad
Paulina Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006. Había salido a bailar la noche anterior con un grupo de amigos para festejar que había aprobado una materia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Según declaró su amiga Virginia Mercado, habrían estado en un boliche de “El Abasto” y luego tomaron un remise. Mercado, según su declaración, se bajó en La Rioja al 400, y Paulina siguió viaje supuestamente a la casa de su novio César Soto. El cuerpo de la joven apareció el 11 de marzo de ese año a la vera de la ruta 241, en la localidad de Tapia.
El primer fiscal que intervino en la causa fue Alejandro Noguera, quien fue apartado luego de que fuera fotografiado saliendo de la casa del gobernador José Alperovich. El ministro Fiscal Luis De Mitri designó entonces al fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Carlos Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación hasta junio del año pasado, cuando tuvo que alejarse por los cuestionamientos del Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación, que se hizo eco de la denuncia del padre de la víctima, Alberto Lebbos, acerca de que el caso se encontraba paralizado.
Albaca enfrenta ahora un pedido de juicio político, impulsado por el bloque del PRO en la Legislatura. (Ver página 6)
López Ávila se hizo cargo del expediente, y en noviembre del año pasado detuvo a Luis Gómez y a Antonio Maximiliano Gallardo, quienes habrían tenido el teléfono de la víctima luego de su desaparición; y procesó a los ex comisarios Nicolás Barrera y Héctor Brito por el encubrimiento del crimen.
Las pericias
El último acto que había realizado Albaca como fiscal de la causa fue reabrir las cajas en las que se encontraban las muestras que habían sido colectadas en la causa. Estaban en resguardo de la Policía Científica, y cuando López Ávila se hizo cargo de la causa pidió que especialistas de diversas áreas de Gendarmería Nacional realicen una valoración de las muestras.
López Ávila también decidió que la Policía tucumana no intervenga en la investigación, ya que algunos de sus ex miembros estaban sospechados de encubrimiento.
Los elementos a cotejar (entre los que se encuentran pelos que fueron encontrados en el cuerpo de Paulina y que no eran de ella) serán remitidos a Corach, junto con las muestras tomadas a personas que habían sido nombradas en la causa, y a quienes ya se les había tomado muestras genéticas.
Entre ellos se encuentran el ex novio de Paulina, sus vecinos Juan y Jorge Jiménez, el remisero Juan Pedro Cruzado, el referente de la hinchada de Atlético Tucumán Gustavo González, entre otras personas. El lunes, fueron notificados por el fiscal para que designen un abogado defensor que los represente.
Fuentes judiciales comentaron que la intención del fiscal es cerrar definitivamente algunas de las múltiples hipótesis que tiene la causa y, en caso de dar positivo, poder afianzar una línea de investigación basada en pruebas científicas.
Fuentes judiciales confirmaron que la pericia de ADN será realizada por el genetista Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El cotejo se realizará con las muestras que habían sido extraidas en los primeros allanamientos realizados tras el crimen de Paulina y con el material genético que estaba en el cuerpo de la víctima. Se compararán con los perfiles de distintas personas que fueron mencionadas en la causa, y que se encuentran bajo custodia de Gendarmería Nacional.
Especialistas de esta fuerza habían realizado desde noviembre del año pasado, un estudio exhaustivo de las muestras que estaban incorporadas al expediente. A principios de este año presentaron un informe con las recomendaciones de las distintas pruebas que se podían realizar.
Una de las observaciones indicaba que, en los restos genéticos que se encontraron en el cuerpo de la víctima, contaron fuentes de la fiscalía, se podía detectar ADN mitocondrial, que determina las líneas ascendentes.
Ocho años de impunidad
Paulina Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006. Había salido a bailar la noche anterior con un grupo de amigos para festejar que había aprobado una materia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Según declaró su amiga Virginia Mercado, habrían estado en un boliche de “El Abasto” y luego tomaron un remise. Mercado, según su declaración, se bajó en La Rioja al 400, y Paulina siguió viaje supuestamente a la casa de su novio César Soto. El cuerpo de la joven apareció el 11 de marzo de ese año a la vera de la ruta 241, en la localidad de Tapia.
El primer fiscal que intervino en la causa fue Alejandro Noguera, quien fue apartado luego de que fuera fotografiado saliendo de la casa del gobernador José Alperovich. El ministro Fiscal Luis De Mitri designó entonces al fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Carlos Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación hasta junio del año pasado, cuando tuvo que alejarse por los cuestionamientos del Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación, que se hizo eco de la denuncia del padre de la víctima, Alberto Lebbos, acerca de que el caso se encontraba paralizado.
Albaca enfrenta ahora un pedido de juicio político, impulsado por el bloque del PRO en la Legislatura. (Ver página 6)
López Ávila se hizo cargo del expediente, y en noviembre del año pasado detuvo a Luis Gómez y a Antonio Maximiliano Gallardo, quienes habrían tenido el teléfono de la víctima luego de su desaparición; y procesó a los ex comisarios Nicolás Barrera y Héctor Brito por el encubrimiento del crimen.
Las pericias
El último acto que había realizado Albaca como fiscal de la causa fue reabrir las cajas en las que se encontraban las muestras que habían sido colectadas en la causa. Estaban en resguardo de la Policía Científica, y cuando López Ávila se hizo cargo de la causa pidió que especialistas de diversas áreas de Gendarmería Nacional realicen una valoración de las muestras.
López Ávila también decidió que la Policía tucumana no intervenga en la investigación, ya que algunos de sus ex miembros estaban sospechados de encubrimiento.
Los elementos a cotejar (entre los que se encuentran pelos que fueron encontrados en el cuerpo de Paulina y que no eran de ella) serán remitidos a Corach, junto con las muestras tomadas a personas que habían sido nombradas en la causa, y a quienes ya se les había tomado muestras genéticas.
Entre ellos se encuentran el ex novio de Paulina, sus vecinos Juan y Jorge Jiménez, el remisero Juan Pedro Cruzado, el referente de la hinchada de Atlético Tucumán Gustavo González, entre otras personas. El lunes, fueron notificados por el fiscal para que designen un abogado defensor que los represente.
Fuentes judiciales comentaron que la intención del fiscal es cerrar definitivamente algunas de las múltiples hipótesis que tiene la causa y, en caso de dar positivo, poder afianzar una línea de investigación basada en pruebas científicas.
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