15 Agosto 2012
El incidente alcanzó ribetes de escándalo. Una jefa de guardia y una residente de la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes fueron acusadas ante la Justicia por el maltrato a una paciente, por violar el secreto médico y por perpetrar violencia obstétrica, psicológica e institucional.
El hecho se habría originado -según la denuncia de la paciente- en enero, cuando la joven, de 26 años ingresó al instituto con un problema ginecológico, acompañada por su pareja y por su madre. Las médicas en la guardia (una, jefa y la otra, residente) la acusaron de haberse provocado un aborto y llamaron a la Policía, que a su vez la interrogó estando convaleciente. Según consta en la denuncia, también le practicaron un legrado sin anestesia y la intimidaron con frases como que su pareja ni siquiera flores le iba a llevar a la tumba si se moría de una infección.
Desde la Maternidad sostienen que no hubo maltrato ni mala praxis, que lo que se hizo fue denunciar un delito y que la paciente tendrá que sostener con pruebas su denuncia. "La paciente llegó con 16 semanas de embarazo y una ginecorragia, con huellas de maniobras abortivas. Desde la institución estamos obligados por ley a denunciar este posible delito", dijo Rossana Chahla, directora de la Maternidad.
Chahla también negó que el legrado se haya realizado sin anestesia. "Se le hizo una neuroleptoanalgesia (la paciente no se duerme pero se mitiga el dolor), lo que figura también en la historia clínica", insistió. Soledad Deza, abogada de "María Magdalena" (se la llamó así para preservar su identidad), contó, en cambio, que su clienta se presentó con un aborto en curso, informó que estaba usando anticonceptivos inyectables y que no sabía que estaba embarazada. Las médicas, dijo, la maltrataron verbalmente, la amenazaron con mostrarle a su pareja el feto que supuestamente había abortado e hicieron ingresar a dos policías a la sala común donde estaba internada. Allí, delante de otras parturientas y de sus familiares, los uniformados la volvieron a interrogar, siempre según el relato de la denunciante. "Todo esto pasó hasta que personal del área de Salud Mental de la Maternidad se enteró de lo que estaba pasando e intervino para frenar el maltrato. Estas dos médicas, además, violaron el secreto profesional, lo que es anticonstitucional. Por eso la denuncia", explicó Deza.
Chahla, por su parte, explicó que el aborto no constituye un delito de la paciente, sino de quien lo practica. "La Policía le tomó los datos, solamente", dijo. No obstante, María Magdalena, que es madre de tres niños, continúa imputada por el delito de aborto. A diferencia de lo que ocurrió en Neuquén, ante un caso parecido, la causa no fue archivada. Tenía que declarar el 31 de julio, pero no estaba en condiciones. El fiscal de la causa, Arnoldo Suasnábar, es el mismo que entiende en la denuncia por la violación de derechos y del secreto profesional.
"La violencia psicológica y la violencia obstétrica están contempladas en una ley, pero no son delitos, como sí lo es la violación del secreto profesional -puntualizó Deza-. La ley dice que el médico tiene obligación de denunciar delito, salvo en el caso de que se revele algo conocido como parte de la relación de médico-paciente. Todos los datos que se obtienen en el marco de ese vínculo son secretos, excepto en el caso de que el paciente sea la víctima".
El hecho se habría originado -según la denuncia de la paciente- en enero, cuando la joven, de 26 años ingresó al instituto con un problema ginecológico, acompañada por su pareja y por su madre. Las médicas en la guardia (una, jefa y la otra, residente) la acusaron de haberse provocado un aborto y llamaron a la Policía, que a su vez la interrogó estando convaleciente. Según consta en la denuncia, también le practicaron un legrado sin anestesia y la intimidaron con frases como que su pareja ni siquiera flores le iba a llevar a la tumba si se moría de una infección.
Desde la Maternidad sostienen que no hubo maltrato ni mala praxis, que lo que se hizo fue denunciar un delito y que la paciente tendrá que sostener con pruebas su denuncia. "La paciente llegó con 16 semanas de embarazo y una ginecorragia, con huellas de maniobras abortivas. Desde la institución estamos obligados por ley a denunciar este posible delito", dijo Rossana Chahla, directora de la Maternidad.
Chahla también negó que el legrado se haya realizado sin anestesia. "Se le hizo una neuroleptoanalgesia (la paciente no se duerme pero se mitiga el dolor), lo que figura también en la historia clínica", insistió. Soledad Deza, abogada de "María Magdalena" (se la llamó así para preservar su identidad), contó, en cambio, que su clienta se presentó con un aborto en curso, informó que estaba usando anticonceptivos inyectables y que no sabía que estaba embarazada. Las médicas, dijo, la maltrataron verbalmente, la amenazaron con mostrarle a su pareja el feto que supuestamente había abortado e hicieron ingresar a dos policías a la sala común donde estaba internada. Allí, delante de otras parturientas y de sus familiares, los uniformados la volvieron a interrogar, siempre según el relato de la denunciante. "Todo esto pasó hasta que personal del área de Salud Mental de la Maternidad se enteró de lo que estaba pasando e intervino para frenar el maltrato. Estas dos médicas, además, violaron el secreto profesional, lo que es anticonstitucional. Por eso la denuncia", explicó Deza.
Chahla, por su parte, explicó que el aborto no constituye un delito de la paciente, sino de quien lo practica. "La Policía le tomó los datos, solamente", dijo. No obstante, María Magdalena, que es madre de tres niños, continúa imputada por el delito de aborto. A diferencia de lo que ocurrió en Neuquén, ante un caso parecido, la causa no fue archivada. Tenía que declarar el 31 de julio, pero no estaba en condiciones. El fiscal de la causa, Arnoldo Suasnábar, es el mismo que entiende en la denuncia por la violación de derechos y del secreto profesional.
"La violencia psicológica y la violencia obstétrica están contempladas en una ley, pero no son delitos, como sí lo es la violación del secreto profesional -puntualizó Deza-. La ley dice que el médico tiene obligación de denunciar delito, salvo en el caso de que se revele algo conocido como parte de la relación de médico-paciente. Todos los datos que se obtienen en el marco de ese vínculo son secretos, excepto en el caso de que el paciente sea la víctima".
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