Por Marcelo Aguaysol
09 Junio 2011
Son días de miércoles para el Gobierno. No hay peor cosa para la gestión del gobernador José Alperovich que no poder sentarse -tranquilo- en su despacho del Palacio del Ejecutivo. Un repentino viaje (por cuestiones privadas) a Buenos Aires, le evitó ayer sentir, en high definition, la cada vez más airada protesta de los guardapolvos blancos y de los ambos de las enfermeras y enfermeros que se turnan para ir a la plaza Independencia a decirle de frente al poder político que tienen tantos derechos como los policías a cobrar un salario más acorde a su responsabilidad primera -salvar vidas en los hospitales-.
La negociación salarial entró en vía muerta. No hay signos vitales que hagan presumir, por el momento, que reviva al escenario más querido por todos los que, a diario, asisten a los nosocomios y CAPS: el de los acercamientos entre las partes.
En este conflicto hay presiones de ambos lados. Mientras los médicos amenazan con renuncias masivas, los funcionarios se escudan en causas judiciales para que los profesionales de la salud vuelvan a sus actividades en el sector público. La inflexibilidad no es buena compañera. Ni para los médicos, poco acostumbrados a las protestas callejeras, ni para los integrantes del gabinete de Alperovich que, al igual que el gobernador, no terminan de digerir esas naranjas que volaron la semana pasada por la fachada de la Casa de Gobierno.
Los canales de negociación aún son muy débiles y, de no encontrar un buen mediador, es posible que estén dando algunos estertores. El Gobierno sigue jugando al desgaste de la protesta, por aquello de que los galenos no tienen gimnasia sindical para aguantar tantos días de protestas callejeras. De hecho, hay funcionarios que hicieron pruebas de laboratorio en los mismos hospitales para saber cuál es el estado del "paciente autoconvocado". La percepción que se llevaron es la misma que existe puertas adentro de la sede del Ejecutivo: una necesidad de que el conflicto llegue a término y que se calmen las aguas. Bajar las tensiones puede ser la primera puerta de salida hacia una solución consensuada.
Según algunas estimaciones oficiales, en el sector salud trabajan alrededor de 15.000 agentes, dos tercios de ese total constituyen los empleados administrativos y el personal de enfermería. Un director de hospital puede llegar a ganar desde septiembre alrededor de $ 10.000, mientras que el agente con menos categoría en el escalafón puede llegar a cobrar unos $ 3.500 mensuales, en promedio. A partir de esos ejemplos, el Ejecutivo sostiene que si se dice sí a la mayor parte de los planteos salariales (por caso, al planteo de recomposición de $ 1.000 mensuales), al Estado provincial podría llegar a costarle alrededor de $ 200 millones anuales. Esa cifra es casi el monto que Alperovich espera que le envíe -a fines de este mes- el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, con el fin de encarrilar las finanzas públicas tucumanas, luego de haberle dicho que sí al reclamo de los uniformados que, de acuerdo con las proyecciones financieras, costó $ 180 millones anuales. Un dato curioso: mientras ayer los médicos protestaban frente a la Casa de Gobierno, en el Boletín Oficial se confirmaba la creación -en el Presupuesto General 2011- de 160 cargos en la jerarquía de agentes de Institutos Penales. Aún más, mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 5, el Gobierno dio cuenta de la "premura" por dictarlo para titularizar a efectivos policiales. Tal vez esa misma premura debería esgrimirse -desde ambas partes en disputa- para sentarse a negociar una salida a un conflicto en el que está en juego la salud de todos los tucumanos.
La negociación salarial entró en vía muerta. No hay signos vitales que hagan presumir, por el momento, que reviva al escenario más querido por todos los que, a diario, asisten a los nosocomios y CAPS: el de los acercamientos entre las partes.
En este conflicto hay presiones de ambos lados. Mientras los médicos amenazan con renuncias masivas, los funcionarios se escudan en causas judiciales para que los profesionales de la salud vuelvan a sus actividades en el sector público. La inflexibilidad no es buena compañera. Ni para los médicos, poco acostumbrados a las protestas callejeras, ni para los integrantes del gabinete de Alperovich que, al igual que el gobernador, no terminan de digerir esas naranjas que volaron la semana pasada por la fachada de la Casa de Gobierno.
Los canales de negociación aún son muy débiles y, de no encontrar un buen mediador, es posible que estén dando algunos estertores. El Gobierno sigue jugando al desgaste de la protesta, por aquello de que los galenos no tienen gimnasia sindical para aguantar tantos días de protestas callejeras. De hecho, hay funcionarios que hicieron pruebas de laboratorio en los mismos hospitales para saber cuál es el estado del "paciente autoconvocado". La percepción que se llevaron es la misma que existe puertas adentro de la sede del Ejecutivo: una necesidad de que el conflicto llegue a término y que se calmen las aguas. Bajar las tensiones puede ser la primera puerta de salida hacia una solución consensuada.
Según algunas estimaciones oficiales, en el sector salud trabajan alrededor de 15.000 agentes, dos tercios de ese total constituyen los empleados administrativos y el personal de enfermería. Un director de hospital puede llegar a ganar desde septiembre alrededor de $ 10.000, mientras que el agente con menos categoría en el escalafón puede llegar a cobrar unos $ 3.500 mensuales, en promedio. A partir de esos ejemplos, el Ejecutivo sostiene que si se dice sí a la mayor parte de los planteos salariales (por caso, al planteo de recomposición de $ 1.000 mensuales), al Estado provincial podría llegar a costarle alrededor de $ 200 millones anuales. Esa cifra es casi el monto que Alperovich espera que le envíe -a fines de este mes- el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, con el fin de encarrilar las finanzas públicas tucumanas, luego de haberle dicho que sí al reclamo de los uniformados que, de acuerdo con las proyecciones financieras, costó $ 180 millones anuales. Un dato curioso: mientras ayer los médicos protestaban frente a la Casa de Gobierno, en el Boletín Oficial se confirmaba la creación -en el Presupuesto General 2011- de 160 cargos en la jerarquía de agentes de Institutos Penales. Aún más, mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 5, el Gobierno dio cuenta de la "premura" por dictarlo para titularizar a efectivos policiales. Tal vez esa misma premura debería esgrimirse -desde ambas partes en disputa- para sentarse a negociar una salida a un conflicto en el que está en juego la salud de todos los tucumanos.
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