Roles de combate

Uno de los grandes problemas a resolver en la fuerza de seguridad es acomodar y controlar los servicios de vigilancia de los agentes.

¿Qué hace un agente que está parado en una esquina céntrica, o uno que recorre en moto una avenida? La pregunta parece absurda, pero en este momento se la están haciendo los nuevos jefes de la Policía tucumana. Es que no se sabe si esos agentes están haciendo prevención pública (su tarea básica) o están haciendo custodia para una empresa privada o para una institución pública (su tarea adicional en momentos en que, en teoría, deben estar de descanso). O si están cumpliendo esa tarea adicional en el horario en que tendrían que estar haciendo la primera labor, lo cual sería gravísimo. El intríngulis, que tiene muchos aditamentos, genera un dolor de cabeza en la cúpula, necesitada de lograr un cambio en el servicio de seguridad para luchar contra la sensación social de que la comunidad no está protegida de los delincuentes.

Consignas y custodias
La causa de esta pesquisa interna es común en todo el país. El cambio en la Policía Federal ordenado por la ministra Nilda Garré en febrero respondió a eso. Querían sacar policías de abajo de las baldosas, si era necesario, para que estuvieran en las calles haciendo prevención. Así integraron 2.000 hombres que estaban en dependencias administrativas (por ejemplo, confeccionando pasaportes, tarea que ya no está a su cargo) y 1.400 brindaban vigilancia (pagada) al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De estos, 700 estaban asignados a protección de funcionarios de los tres poderes de la Capital Federal. En Tucumán hay actividades parecidas: unos 300 efectivos están afectados a tareas de protección de ese tipo, medianamente manejados por la unidad especial Consignas y Custodias. Y unos 2.000 o más están en tareas administrativas.

En todo el país impera también la idea de que la cantidad de agentes no alcanza para patrullar las áreas de riesgo, y por eso se apuesta al sistema de cámaras de vigilancia que se están instalando en las ciudades. Al mismo tiempo, el campo está quedando descuidado (faltan autos en las comisarías del Este, el Sur y el Oeste) y proliferan las contrataciones de servicios de seguridad -privados y públicos- para fincas de citrus, frutilla y caña.

Asimismo, se repite en el país la distorsión que genera el sistema de servicio adicional, calificado por los mismos policías tucumanos que negociaron con los ministros el aumento salarial de este mes como un problema que está haciendo pedazos a la Policía. El aumento de sueldos calmó momentáneamente los ánimos, pero no resolvió el caótico negocio manejado por la Dirección de Servicio Adicional, por un lado, y por los comisarios, por otro.

Se estima que más de 4.000 agentes están cumpliendo tareas en empresas privadas y en instituciones públicas. Se los ve en los supermercados, en bancos, en tiendas de ropa y en casas de juego, pero también cabe imaginarse que puede haber hombres de Infantería en la SAT, de la Patrulla Urbana en el Siprosa o personal de la Patrulla Motorizada recorriendo la Quinta Agronómica de la UNT.

Se trata de una masa de policías baratos cuya imagen tiene fuerte impacto en la comunidad, porque están armados y representan el estándar ético del cumplimiento de la ley. Son baratos porque cobran mucho menos que la vigilancia privada. La hora en un super se paga unos $ 18, aunque para instituciones públicas puede ser menor, hasta $ 9 (el precio se lo imponen los comisarios a sus subalternos). Mientras tanto, las agencias de vigilancia privada -que tienen unos 2.500 empleados- acaban de advertir que el precio de la hora se va a $ 39,30 (más IVA) y mantienen su queja contra la competencia desleal de la Policía, que cobra mucho menos pero no hace aportes jubilatorios ni a Rentas o Sanidad, ni paga impuesto a las ganancias.

Ese aumento de los privados, más la negociación salarial de los agotados policías, ha generado un pedido de los representantes de los agentes de no hacer estas guardias, o bien de duplicar el precio del servicio adicional: tiemblan los supermercados, las casas de juego y todos los que se aprovechan de este polémico servicio. Que se rige -según describió el ex jefe de Policía Hugo Sánchez- por la oferta y la demanda del mercado.

La zona oscura

A todo esto se agrega que no se sabe si hay agentes que hacen tareas privadas en horas de trabajo público. Se habla de esta zona oscura, pero no está claro si son uno o 1.000 agentes. Para descubrirlo, hay que ver el listado de roles de combate (una lista que muestra el estilo militarizado del trabajo policial) que se envía al D1 (Departamento Personal), en la cual se puede ver quiénes están trabajando cada día, y dónde. Se dice que hay agentes a los que nunca les ven la cara en sus dependencias, porque van directamente a cumplir las tareas de custodia. De ellos sólo saben los comisarios.

Cambiar la cultura del trabajo adicional va a ser muy difícil. Todos la ven como molesta pero necesaria, generadora de ingresos más allá del sueldo. Cultura que establece la desigualdad, porque termina teniendo más seguridad el que puede pagarla. Así lo definió en enero pasado la vicepresidenta de la Cámara de Concesionarios de Quiniela, Mary Volpi de Radusky, cuando explicó que los subagencieros no pueden pagar seguridad extra: "no les alcanza el bolsillo" -dijo-. "Y la Policía nos da como respuesta, luego de cada robo, que contratemos un servicio adicional. Eso sí, toda concesión que paga este servicio, no sufre ningún asalto".

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