Esas precarias caretas de pavimento

Esas precarias caretas de pavimento

El gobernador confesó que su gestión encara las obras públicas pensando en ganar las elecciones, y con ello le quitó la máscara a la democracia pavimentadora.

El simulador pretende ser lo que no es. Su actividad reclama una constante improvisación, un ir hacia adelante siempre, entre arenas movedizas. A cada minuto hay que rehacer, recrear, modificar el personaje que fingimos, hasta que llega el momento en que realidad y apariencia, mentira y verdad, se confunden. De tejido de invenciones para deslumbrar al prójimo, la simulación se trueca en una forma superior, por artística, de la realidad. Nuestras mentiras reflejan, simultáneamente, nuestras carencias y nuestros apetitos, lo que no somos y lo que deseamos ser.
"Máscaras mexicanas", de Octavio Paz, en su libro "El laberinto de la soledad" (1950).


La máscara se cayó. La democracia pavimentadora se ha mostrado sin caretas. Presentó oficialmente su rostro. No fue en un asado ni en una reunión a puertas cerradas, sino en el Salón Blanco, delante de 93 delegados comunales. Allí, sin antifaces, lo dijo. El alperovichismo hace obras para ganar elecciones.
Como nadie le había visto la cara así, tan de frente, sin velos que la ocultaran, costó trabajo reconocerla acabadamente. Lo primero que hicieron fue buscarle semejanzas. Ahí nomás le encontraron parecido con la tía "Victoria". Cómo será de ganadora la democracia pavimentadora, asumieron, que dice las cosas como son. Después la encontraron igualita a esa prima extranjera, la realpolitik, conocida por su desparpajo y por haber despreciado convicciones e ideologías para irse con el éxito a cualquier precio.
Pero ni una ni otra. Las facciones de la democracia pavimentadora son inconfundibles: ella es la imagen viva de la precariedad.

El "nos" más excluyente
La legalidad provincial, a la luz de las declaraciones del hombre al cual el pueblo le ha encargado la ejecución de las leyes, es sólo un disfraz. El gobernador acaba de decir que su gestión ocupa los fondos públicos destinados a realizar obras públicas para hacer campaña electoral: para hacer proselitismo y ganar comicios.
No fue un lapsus: fue una instrucción reiterativa. No alcanza con las palabras, argumentó: para obtener votos hay que hacer. Y como falta un año para las próximas elecciones, él decidió reimpulsar los trabajos públicos. Para eso había reunido a los comisionados rurales: para confirmarles que va a distribuirles $ 20 millones. Y para que (aunque buena parte de esos recursos son de las mismísimas comunas porque provienen de la recaudación de tributos que la Provincia les arrebató) le agradecieran al Gobierno por la "oportunidad". Esa es la aplanadora generosidad del Jardín de la Repavimentación.
Entonces, vino la lección. Cada obra será decidida por el delegado, pero con una recomendación: "tiene que ser la que más nos convenga políticamente, la de mayor impacto político", remachó. Si coincide con lo que el pueblo necesita, bien. Si no, también.
La obra pública ha perdido su careta: la derogaron y la reemplazaron por una nueva y -por supuesto- precaria clase de emprendimiento: la obra electoral. Es decir, trabajos que se financian con fondos públicos pero con fines privados: seguir ejerciendo cargos electivos con renta estatal y con inmunidad procesal.

Nada más lejano
Una inquietud recurrente encuentra respuesta. Apenas asumió, el mandatario se fijó públicamente como meta lograr que  los tucumanos se olvidaran de la gestión de Celestino Gelsi. Sin embargo, cuando se termine este descarado 2010, el alperovichismo habrá administrado unos $ 35.000 millones y no habrá dejado nuevo aeropuerto para alentar el comercio y el turismo.
Menos aún una nueva Maternidad, para que los pobres tengan más comodidades para traer sus hijos al mundo: a la actual, todos los años se le inunda el sótano y por eso, que curiosa desgracia, se perdieron miles de historias clínicas sobre mortalidad infantil.
Tampoco un nuevo Hospital de Niños, para que los pobres tengan dónde curar a sus hijos: el actual, según un informe de los médicos, presenta tales deficiencias edilicias y de equipamiento que enferma a los internados.
Ni un nuevo embalse para darle agua potable a la población y riego a los agricultores.
Esa es obra pública y es necesitada por la población con carencias. Pero el oficialismo enmascaraba la decisión de no encarar esos proyectos con el antifaz de que la democracia pavimentadora le daba y le daba al hormigón para beneficiar a los sectores desprotegidos a los que nunca les llevaron mejoras. Esa careta no va más: la verdad declarada es que si el asfalto da más votos que la infraestructura sanitaria, asfalto será.
Nada hay más lejano a un estadista que semejante precariedad.

Deshilachada soberanía
Aunque ya está todo dicho, nada de lo dicho importó. La Legislatura, debajo de su máscara de poder soberano, volvió a mostrar las hilachas de su endeblez para defender la institucionalidad. Presentados fastuosamente como "plan de obras públicas", fueron aprobados dos decretos impresentables. Con uno le asignan $ 60 millones a las municipalidades; con el otro, los mencionados $ 20 millones a las comunas. Pero ninguno de esos instrumentos contiene un detalle de cuánto le van a dar a cada administración: no hay ningún anexo que obligue a la Casa de Gobierno a repartir tales o cuales montos. Es decir, es un plan sin plan.
¿Qué cosas sí dicen los decretos? Que el Poder Ejecutivo puede ningunear a municipios y comunas y ocupar esa plata para encarar las obras "por sí". Y que todo ese dineral se va a gastar mediante contrataciones directas. Porque en la democracia pavimentadora, la Constitución, que ordena adquirir bienes y contratar servicios mediante licitación pública, es un texto precario ante lo concreto del concreto.
Y todo eso, con la máscara de la "necesidad y urgencia" que invocan los decretos, aunque nada haya de urgido en el reparto del Fondo Soja, creado hace un año y medio por la Presidenta.

El Nº 2 que es Nº 1

La democracia pavimentadora es tan legítimamente precaria que hasta su conductor debió padecer esta semana la inestabilidad de su gran socio político.
Parece una ironía: después de meses de renegar de que el ministro de Salud de la Nación es el que menos ingresos tiene a la quinta presidencial de Olivos, sede oficial de la pingüinera, el mandatario tucumano se atragantó con la noticia de que su vicegobernador es, en el gabinete nacional, el número uno en ingresos, pero de los otros.
Es una incómoda situación: los empleados del Siprosa denuncian que no les alcanza para vivir, el ex presidente del Siprosa declara que a él le sobra. Frente a eso sólo hubo una precaria respuesta con forma de pregunta: "¿qué? tener plata es pecado?".
Sería bueno dejar los asuntos religiosos en paz para advertir que el disvalor puesto en evidencia no es moral sino legal. Los tucumanos sólo pudieron conocer la situación patrimonial declarada de una de sus máximas autoridades sólo porque asumió un cargo de funcionario nacional.
En Tucumán no hay normas que propendan a la transparencia. No hay ley de ética pública que obligue a los miembros de los poderes del Estado a hacer pública su situación pecuniaria. Tampoco hay una ley de acceso a la información pública que garantice a los ciudadanos la obtención de datos sobre sus gobernantes y sobre sus acciones. Y hay una ley de protección de testigos, para que ellos den información sobre delitos sin correr peligro, pero no la reglamentan.
Para ahorrar ejemplos: a los legisladores, desde que el alperovichismo gobierna, no les dan copia del Presupuesto General de la Provincia que se pone a votación en el recinto. Año a año, la Legislatura que construye por contratación directa un edificio cuyo metro cuadrado nada le envidia a los costos de un hotel cinco estrellas, aduce que es muy caro y complicado hacer 49 juegos de fotocopias del detalle de lo que el Gobierno planea hacer con la plata de los tucumanos.
El negocio que se viene es el de poner una fábrica de máscaras de la desvergüenza.

Ella
La democracia pavimentadora asfalta todo y todo lo precariza.
El reclamo de los autoconvocados de la salud, justamente, denuncia esta situación. Y el Gobierno lo admite: el organismo bilateral que más tiempo lleva funcionando entre las partes en pugna se llama "Comisión de Desprecarización Laboral". Es esa precariedad la que hizo posible expulsar del Centro de Salud al cirujano Carim Asus. Y la que posibilitó que pudieran reincorporarlo sin mayores trámites.
Esa misma precariedad está presente en todos los gestos del Gobierno. Durante la semana pasada, máscara de la soberbia mediante, repetían que no hablaban con autoconvocados sino con sindicatos. Con la plaza tomada y los hospitales vacíos, el martes se pusieron la careta de consensuadores y se sentaron a dialogar.
La senadora y presidenta del PJ, la esposa del gobernador, eligió esa noche para repudiar ese hecho profundamente inmoral y peligroso que fueron los insultos de algún mal bicho con máscara de gente contra la fe del ministro de Salud, hace dos jueves, frente a la plaza Independencia. Sin embargo, no solicitó que el consejo provincial justicialista, reunido en ese instante, se pronunciara condenando aquella barbaridad. Ni tampoco pidió, a título personal, un desagravio de la figura del funcionario injuriado. Lo que hizo fue acusar de violentos y de antisemitas (por definición histórica, de fascistas) a los autoconvocados: los mismos cuyos representantes, horas antes, habían sido recibidos por los ministros que responden a su marido.
En el Poder Ejecutivo todos se disfrazaron de ciegos, sordos y mudos respecto de las manifestaciones de la primera dama. Es más, el ministro de Salud no salió a desdecirla, pero aclaró (mientras estrellaba en el piso la máscara de víctima) que él no consideraba que los trabajadores de la sanidad fueran eso que decía la parlamentaria.
Pero fueron los médicos los que le sacaron las vendas al asunto. No porque recordaran en el palacio gubernamental el discurso de la ex diputada, el 17 de octubre pasado, sobre el conflicto de la salud: "nos hacen paros jóvenes que entraron en nuestra gestión. Realmente, creo que el error ha sido no trabajar solamente con la gente de nuestro partido, que sabe lo que es la lealtad". Tampoco porque en la Carpa del Luto rememoraran que el marido de la conductora del PJ, hace unos años, llegó a decir que quería erradicar a los vendedores ambulantes para que Tucumán no pareciera Bolivia. En realidad, los delegados dejaron abierta la herida cuando advirtieron que estaban en medio de la gran interna del poder: la que enfrenta al alperovichismo con el rojkesismo.
El único adversario interno es ella, dice un ministro, y agrega que nadie sino el gobernador puede replicarla, aunque esté dinamitando negociaciones oficiales. Ninguno se tiene que hacer el sorprendido, asegura otro hombre del entorno: cuando el mandatario anunció imprevistamente que repetiría en 2011 la fórmula de 2007, le estaba comunicando por los medios a la primera dama que no le daría la oportunidad de llegar al Poder Ejecutivo. Y eso tiene sus costos. A lo cual se agrega la lectura de otro miembro de la primera línea del Gabinete: el "jefe" ya les dijo a todos (intendentes, concejales, legisladores y delegados comunales) de qué van a jugar el año que viene. A ella, en cambio, nada le dijo. Y ella está llamando por cobrar.

Buenos muchachos
Es difícil saberlo, pero es probable que durante esta semana, entre el frente interno y las noticias de su compañero de fórmula, el gobernador le haya empezado a tomar cariño a la oposición: esa buena gente nunca le da un problema. Y si hace siete años que muestran rasgos predominantes de precariedad, capaz que hasta algún pariente en común tienen con la democracia pavimentadora. Porque siempre se entendieron: las veces que los opositores quisieron unirse, él los hizo entrar en razón. ¿Qué? -les debe haber preguntado- es pecado eternizarse en el cargo?

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