Puertas cerradas en los hospitales y calles ocupadas frente a la Casa de Gobierno. Estas dos escenas convivieron ayer en la profundización del plan de lucha de los autoconvocados de la salud, que mantiene sus protestas por tiempo indeterminado.
El eje de la concentración en la plaza Independencia apuntó a exigirle al Gobierno que vuelta a sentarse en la mesa de negociaciones con este sector para debatir los aumentos salariales. El desconocimiento de la representación laboral, en contra de lo que figura en el acta acuerdo firmada en noviembre pasado, tras la mediación de monseñor Luis Villalba, fue uno de los puntos centrales de la queja. Este aspecto se agravó con la negativa del gobernador, José Alperovich (anunciada el viernes pasado), a enviar a sus ministros a una nueva ronda de diálogo, ni siquiera si fuera llamado por el arzobispo.
En ese contexto, las críticas y los cánticos apuntaron directamente contra Alperovich y sus ministros. Pero también hubo severos cuestionamientos a los gremios ATSA (de los trabajadores) y AME (de los médicos y profesionales), con quienes los autoconvocados están fuertemente distanciados, y a quienes silbaron cada vez que fueron mencionados.
Estos roces surgieron porque las representaciones sindicales se adjudicaron el éxito de la titularización de empleados precarizados, cuando este logro es reivindicado en exclusividad por los autoconvocados, quienes recordaron que algunos monotributistas ahora nombrados llevaban más 18 años en situación laboral precaria.
Las críticas al Gobierno también se orientaron a los sectores jerárquicos, a los cuales denunciaron de ejercer presiones sobre los trabajadores y los profesionales que se sumaron a la protesta. Se denunció especialmente que en el Centro de Salud hubo personal privado de seguridad de una empresa que impidió la libre circulación dentro del edificio para dificultar la organización de la protesta, y que hasta llegaron a producirse empujones y forcejeos con el delegado Carim Asus.
Por esta situación se culpó directamente a los ministros de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, y de Salud Pública, Pablo Yedlin, y al jefe de la Policía, comisario general Hugo Raúl Sánchez, a quienes responsabilizaron de la integridad física de los manifestantes.
También se reiteró que se piden listas de quienes están de paro o con atención restringida, lo cual fue calificado de una medida persecutoria. El cuadro se completa con amenazas verbales de despidos o de anulación de las actas de designación del personal recientemente blanqueado, en caso de que sigan las protestas.
La columna más numerosa de asistente ala marcha fue aportada por el hospital Padilla. Los discursos fueron cerrados por el delegado del hospital Del Carmen, Raúl Barrionuevo, quien convocó a una huelga general intersectorial contra el Gobierno, al que calificó de corrupto.
Sólo emergencias
Junto con la movilización se cumplió la primera jornada de cierre total de las puertas principales, de los consultorios y de los quirófanos de los hospitales y centros asistenciales públicos más importantes. En ellos, sólo quedó habilitado el acceso por las emergencias para todo el personal y los pacientes.
Al igual que en otras oportunidades, los autoconvocados garantizaron la atención de los internados y de la población en riesgo (como insulinodependientes y pacientes oncológicos), con la entrega de remedios indispensables. Asimismo, las cirugías de urgencia fueron realizadas.
Para paliar las necesidades sanitarias, los movilizados exigieron al Gobierno que destine parte de los $ 120 millones de recaudación de abril, monto que fue interpretado públicamente por Alperovich como un respaldo de la ciudadanía a su gestión.
La estrategia de los autoconvocados será reevaluada este sábado en un plenario de delegados en Concepción, y definida el lunes en Ranchillos, en una nueva asamblea interhospitalaria.
El lugar fue elegido especialmente por ser un hospital donde se denunciaron numerosas persecuciones a los trabajadores.