27 Octubre 2009 Seguir en 
BUENOS AIRES.- La Justicia suiza levantó el secreto bancario y enviará a la Argentina datos sobre cuentas en ese país del ex presidente Carlos Menem y ex funcionarios de su Gobierno, procesados por la privatización del espacio radioeléctrico en 1998 y su adjudicación a la multinacional francesa Thales Spectrum. En un despacho fechado en Ginebra, el juez de instrucción Jean-Bernard Schmid anunció que por vía diplomática enviará los documentos bancarios que le solicitaron desde el juzgado federal de Norberto Oyarbide.
Según el magistrado, serían datos acerca de cuentas de Menem, del ex lobbista argentino Jorge Neuss, y del ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Alberto Gabrielli, entre otros. En ese expediente también están procesados el ex secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath y los ex funcionarios y ejecutivos Juan Carlos Cassagne, Alejandro Bernardino Cima, Roberto Carlos Catalán, Roberto Eliseo Uanini, Matías Bourdieu, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Hugo Jorge Zothner, y Pablo Francisco Arancedo. Todos fueron procesados por el delito de "fraude a la administración pública", castigado con penas de dos a seis años de prisión. También recibieron embargos de entre $ 5 millones y $ 200 millones.
En resoluciones ya difundidas por la Justicia argentina se alude a las confesiones del arrepentido francés Lionel Queudot, el fiduciario en Ginebra que habría agilizado la triangulación de U$S 25 millones de supuestos sobornos.
Los camaristas consignaron que Queudot, en 1998, fue invitado a una cena en París a la que asistieron Neuss y Menem. A raíz de ello reforzó su idea de que existía un acuerdo entre Thales y el Gobierno. El "arrepentido" supuso que las operaciones se encontraban en regla, teniendo en cuenta que a la cena también asistieron los presidentes y directores de las más grandes empresas francesas.
A mediados de 1997, Menem firmó un contrato con la empresa francesa TSA, por el que le entregaba el control por 20 años del espacio radioeléctrico nacional a Thales Spectrum, que pasaba a cobrar cánones por el uso del espacio que emplea la telefonía celular, los canales de televisión y las radios. El contrato con Thales fue rescindido en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner, después de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que hablaba de un posible perjuicio para el Estado de U$S 300 millones. Habría habido un porcentaje de incumplimiento integral del contrato del 66,99% que se traduciría en $ 671,8 millones. (DyN)
Según el magistrado, serían datos acerca de cuentas de Menem, del ex lobbista argentino Jorge Neuss, y del ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Alberto Gabrielli, entre otros. En ese expediente también están procesados el ex secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath y los ex funcionarios y ejecutivos Juan Carlos Cassagne, Alejandro Bernardino Cima, Roberto Carlos Catalán, Roberto Eliseo Uanini, Matías Bourdieu, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Hugo Jorge Zothner, y Pablo Francisco Arancedo. Todos fueron procesados por el delito de "fraude a la administración pública", castigado con penas de dos a seis años de prisión. También recibieron embargos de entre $ 5 millones y $ 200 millones.
En resoluciones ya difundidas por la Justicia argentina se alude a las confesiones del arrepentido francés Lionel Queudot, el fiduciario en Ginebra que habría agilizado la triangulación de U$S 25 millones de supuestos sobornos.
Los camaristas consignaron que Queudot, en 1998, fue invitado a una cena en París a la que asistieron Neuss y Menem. A raíz de ello reforzó su idea de que existía un acuerdo entre Thales y el Gobierno. El "arrepentido" supuso que las operaciones se encontraban en regla, teniendo en cuenta que a la cena también asistieron los presidentes y directores de las más grandes empresas francesas.
A mediados de 1997, Menem firmó un contrato con la empresa francesa TSA, por el que le entregaba el control por 20 años del espacio radioeléctrico nacional a Thales Spectrum, que pasaba a cobrar cánones por el uso del espacio que emplea la telefonía celular, los canales de televisión y las radios. El contrato con Thales fue rescindido en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner, después de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que hablaba de un posible perjuicio para el Estado de U$S 300 millones. Habría habido un porcentaje de incumplimiento integral del contrato del 66,99% que se traduciría en $ 671,8 millones. (DyN)
Lo más popular
