13 Agosto 2009 Seguir en 
POSTURA. Gordillo no acepta que un grupo maneje la exportación. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO
El proceso exportador que lleva adelante parte de la actividad azucarera argentina podría sufrir un revés, si el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, hace lugar al recurso de amparo que presentó ayer el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu).
La acción judicial "Cactu vs. Centro Azucarero Argentino, Centro Azucarero Regional de Tucumán y otros" promueve un planteo de inconstitucionalidad. Según la entidad demandante, industrias azucareras y asociaciones de cañeros constituyeron "una sociedad de hecho que obliga al sector cañero asociado a Cactu a exportar azúcares de su propiedad en más de un 45%", que se inmoviliza a través del sector industrial. La organización cañera sostiene que esa retención "se concreta en forma coercitiva y de manera premeditada en la contratación de materia prima". Agrega que con ello se lesiona, se altera y se amenaza "con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" el derecho de ejercer toda industria lícita, así como el de comerciar, y el derecho de trabajar, previstos en el artículo 14 de la Constitución nacional (CN). Cactu asegura que también se vulnera el derecho a la propiedad (artículo 17 de la CN), el derecho a la defensa de la competencia y el control de monopolios (artículo 42 de la CN, la autonomía de la voluntad (artículo 1.198 del Código Civil) y las leyes 25.113 (contrato de maquila) y 25.156 (de la competencia).
El presidente de Cactu, Humberto Gordillo, instó a los cañeros asociados a esta institución a que firmen en disconformidad las liquidaciones por exportaciones, a fin de resguardar sus derechos. Cactu impulsa que cada cañero decida de qué forma y a través de quién realizar la exportación.
Las autoridades de Cactu consideran que la Justicia Federal debería intervenir para neutralizar el accionar de una sociedad monopólica de hecho, conformada por unos pocos industriales y cañeros que se arrogaron la potestad de manejar el negocio de la exportación de azúcar. Esta iniciativa promueve la retención del 45% del azúcar que se produzca este año en la Argentina para vender al exterior, más otro 4% para la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. El precio de exportación está fijado en U$S 270 la tonelada de crudo.
Malestar
Aunque aún el juez Bejas no emitió sentencia sobre el amparo presentado por Cactu, la sola iniciativa generó profundo malestar en el sector que lleva adelante el programa exportador. Un industrial azucarero tucumano se manifestó alarmado por las consecuencias que podría tener una decisión judicial adversa al proceso exportador. Hizo hincapié en que si se frenan los envíos de azúcar al exterior se desplomará de inmediato el precio interno del producto.
La fuente consultada sostuvo que la sola mención de que el programa de exportación de azúcar podría ser frenado actuaría contra las previsiones de los operadores, lo que podría redundar en una contracción inmediata de la demanda interna. Llamó a la reflexión y a la sensatez a las autoridades de Cactu, para que no promuevan acciones que podrían ir en contra de los intereses del sector y de la provincia en general.
La acción judicial "Cactu vs. Centro Azucarero Argentino, Centro Azucarero Regional de Tucumán y otros" promueve un planteo de inconstitucionalidad. Según la entidad demandante, industrias azucareras y asociaciones de cañeros constituyeron "una sociedad de hecho que obliga al sector cañero asociado a Cactu a exportar azúcares de su propiedad en más de un 45%", que se inmoviliza a través del sector industrial. La organización cañera sostiene que esa retención "se concreta en forma coercitiva y de manera premeditada en la contratación de materia prima". Agrega que con ello se lesiona, se altera y se amenaza "con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" el derecho de ejercer toda industria lícita, así como el de comerciar, y el derecho de trabajar, previstos en el artículo 14 de la Constitución nacional (CN). Cactu asegura que también se vulnera el derecho a la propiedad (artículo 17 de la CN), el derecho a la defensa de la competencia y el control de monopolios (artículo 42 de la CN, la autonomía de la voluntad (artículo 1.198 del Código Civil) y las leyes 25.113 (contrato de maquila) y 25.156 (de la competencia).
El presidente de Cactu, Humberto Gordillo, instó a los cañeros asociados a esta institución a que firmen en disconformidad las liquidaciones por exportaciones, a fin de resguardar sus derechos. Cactu impulsa que cada cañero decida de qué forma y a través de quién realizar la exportación.
Las autoridades de Cactu consideran que la Justicia Federal debería intervenir para neutralizar el accionar de una sociedad monopólica de hecho, conformada por unos pocos industriales y cañeros que se arrogaron la potestad de manejar el negocio de la exportación de azúcar. Esta iniciativa promueve la retención del 45% del azúcar que se produzca este año en la Argentina para vender al exterior, más otro 4% para la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. El precio de exportación está fijado en U$S 270 la tonelada de crudo.
Malestar
Aunque aún el juez Bejas no emitió sentencia sobre el amparo presentado por Cactu, la sola iniciativa generó profundo malestar en el sector que lleva adelante el programa exportador. Un industrial azucarero tucumano se manifestó alarmado por las consecuencias que podría tener una decisión judicial adversa al proceso exportador. Hizo hincapié en que si se frenan los envíos de azúcar al exterior se desplomará de inmediato el precio interno del producto.
La fuente consultada sostuvo que la sola mención de que el programa de exportación de azúcar podría ser frenado actuaría contra las previsiones de los operadores, lo que podría redundar en una contracción inmediata de la demanda interna. Llamó a la reflexión y a la sensatez a las autoridades de Cactu, para que no promuevan acciones que podrían ir en contra de los intereses del sector y de la provincia en general.
Lo más popular
