Las autoridades que faltaron en 2007 deberán controlar mesas

Las autoridades que faltaron en 2007 deberán controlar mesas

Abrirán un expediente penal en contra de los ciudadanos que no asuman la carga pública. Los que reincidan en el incumplimiento de la fiscalización de elecciones pueden ser penados con hasta dos años de prisión.

POR ESTUDIANTES. Bejas y Cerisola se saludan luego de firmar un convenio para inscribir a universitarios. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI POR ESTUDIANTES. Bejas y Cerisola se saludan luego de firmar un convenio para inscribir a universitarios. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
07 Mayo 2009
Las autoridades de mesa que fueron designadas para las elecciones nacionales de 2007 pero que no cumplieron con su obligación, serán nuevamente citadas para presidir un lugar en las mesas el 28 de junio. En caso de una nueva ausencia injustificada, su caso se transformará en un expediente penal, con la posibilidad de un castigo que va de los seis meses a los dos años de prisión (por el monto de la pena, sería en suspenso).
La sanción está determinada en el artículo 132 del Código Electoral Nacional, que abarca tanto a los funcionarios como a los electores designados para el desempeño de cargos que no concurran o abandonen sus obligaciones. Sólo se excluirán quienes justifiquen su imposibilidad de actuar ese día por razones de enfermedad (con certificado emitido por médicos del Estado); de fuerza mayor debidamente justificadas; por desempeñar funciones de organización o dirección de un partido político o por ser candidato.
La citación compulsiva fue dispuesta por el juez federal con competencia electoral, Daniel Bejas, en la sentencia emitida en diciembre de 2007. La medida afectará a unas 300 personas que no explicaron ningún motivo valedero por el faltazo a las urnas. Sus nombres quedarán registrados para que vuelvan a ser llamadas en las elecciones nacionales de 2011, según el fallo.
Asimismo, deberán concurrir a un curso especial donde se los instruirá sobre "el rol de las autoridades de mesa, su significativa trascendencia y el andamiaje constitucional de esa carga pública (se los equipara al funcionario), de indeclinable e indelegable responsabilidad", según se determinó en la sentencia.
"Se erigen en órganos del Estado durante todo el proceso del acto electoral y les compete velar por su normal desarrollo, controlar la emisión del sufragio, realizar el primer cómputo de los resultados y preparar la documentación decisiva para llevar a cabo el escrutinio definitivo y la adjudicación de los cargos", afirmó Bejas. Por ello, la ausencia se interpreta como "una conducta que se alza omisivamente contra el sistema institucional".

Voluntarios
Para cubrir las 3.100 mesas que se habilitarán en estos comicios, se deben designar 6.200 autoridades (entre presidente y suplente por cada una). Hasta el momento, una cuarta parte de esa cifra está cubierta con profesionales y estudiantes universitarios que se inscribieron como voluntarios, lo que se podrá hacer hasta el 8 de junio.
"Ya hemos superado los 1.400 anotados, lo cual es muy alentador. Ahora debemos controlar que no estén afiliados a ningún partido político y que figuren en el padrón para designarlos. Nuestras prioridades son los egresados universitarios; los alumnos de casas de altos estudios públicas o privadas; los estudiantes o egresados terciarios y los docentes. Si nos hace falta, después recurriremos al resto del electorado", explicó el secretario electoral, Rogelio Rodríguez del Busto.
Ayer, Bejas y el rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, firmaron un convenio para promover la inscripción como voluntarios de los estudiantes, que podrán hacerlo tanto en el Juzgado Electoral como en la Secretaría de Bienestar Estudiantil. El lunes se hará lo propio con la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.
Las autoridades de mesa recibirán $ 130 si realizan el curso de capacitación (comenzará el 1 de junio en la capital) y $ 100 si sólo van a controlar la votación.

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