25 Noviembre 2008
La polémica generada en torno a la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores es sólo uno de los aspectos que deben ser analizados cuando se aborda la problemática de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. El abanico abarca desde el respeto pleno a los derechos humanos hasta la implementación de planes sociales de atención específica a los sectores en riesgo y en alta vulnerabilidad.
A fines de octubre, cuatro coaliciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) del Mercosur presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre los adolescentes privados de libertad en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que será tomado en cuenta para un documento oficial del organismo que se presentará en diciembre. Las conclusiones expuestas son categóricas: se violan tratados internacionales que tienen más de una década de vigencia; persiste el mal trato en determinados centros (incluso con torturas que fueron denunciadas en la Justicia), y a los menores de edad no se los reconoce como ciudadanos ni son destinatarios de programas socioeducativos que tiendan a la reintegración de los privados de libertad.
Por el contrario, las ONG identificaron que las principales estrategias públicas de los Estados son el control social, la penalización de la pobreza y la detención, y reclamaron la implementación de sistemas de control y de monitoreo sobre los centros de alojamiento para evitar la consumación de delitos o que los que ocurren queden impunes, como suele pasar ahora.
"Hay una gran brecha en los derechos humanos entre el posicionamiento de nuestros países al haber ratificado los tratados internacionales y las realidades que observamos", aseveró la paraguaya Soledad Cáceres, una de las redactoras del informe elevado a la CIDH. La argentina Nora Pulido alertó que el debate suele limitarse a cuestiones vinculadas a la delincuencia, cuando el proceso punitivo de los Estados excedió ese tema con el castigo a la pobreza. "Los jóvenes no tienen una defensa buena y segura que les pueda garantizar un proceso justo y legal", se quejó el brasileño Carlos Nicodemus ante el organismo, mientras que el paraguayo Luis Pedernera fustigó que se impulse la judicialización y la institucionalización antes que el desarrollo de políticas preventivas de alcance social.
Otro de los expositores en la audiencia celebrada en la OEA, fue el tucumano Darío Abdala, titular de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que evaluó los cambios en la provincia. Los abogados Claudio Bonari y Aurora del Carmen Díaz Argañaráz, por aparte, cuestionaron la idea de bajar la edad punible. La segunda advirtió sobre el consumo de drogas por parte de los menores.
Documento completo de la Audiencia Regional ante la CIDH
Lo más popular
