28 Abril 2008
CASO emblematico. En los 90, durante las presidencias de Carlos Saúl Menem, el paradigma de la función estatal frente al trabajo cambió drásticamente. ARCHIVO LA GACETA
"¡Son estatistas! (...) Una mentalidad que el propio Perón había descartado en 1954, cuando puso en marcha el proceso de desregulación petrolera y condenó en forma total y absoluta, por ineficientes y deficitarias, a las empresas del Estado". Discurso del ex presidente Carlos Saúl Menem, citado por Marcos Novaro en "Historia de la Argentina Contemporánea".
Entre el Día de los Trabajadores que se celebra el jueves y el que se conmemoró el año pasado, han ocurrido importantes cambios en la legislación laboral tucumana.
La Provincia lanzó una agresiva campaña contra el trabajo en negro, que incluye severas multas contra las empresas y contra las familias que no registren a sus empleados, medida aclamada por los gremios. A la vez, fomenta la radicación de call centers, a los que les subsidia el alquiler de locales y el pago del 30% de la planilla salarial durante el primer año. Esta disposición fue criticada por la oposición. Por un lado, repudió que haya duras penas contra los inversores locales y grandes facilidades para los foráneos. Por otro, advirtió que se alientan emprendimientos que promueven "contratos basura", al tiempo que sostuvieron que el mismo Estado tiene miles de empleados en condiciones precarias y sin garantía de estabilidad.
Estas novedades muestran que las funciones del Estado frente al trabajo (sintéticamente, incentivar la generación de fuentes de empleo y controlar las condiciones laborales) continúan cambiando en la Argentina y en Tucumán. No son las de los tiempos del Estado de Bienestar de mediados del siglo XX, cuando Juan Domingo Perón expandía al Estado como proveedor de los servicios públicos, al tiempo que introducía inéditas garantías laborales. Estas últimas, tal como advierte el sociólogo Héctor Caldelari, llevarían a una plena identificación entre sindicalismo y peronismo. (Ver "Un escenario...")
Tampoco el Estado se comporta como lo hizo cuando volvió la democracia. El 18 de diciembre de 1984, LA GACETA publicó un informe del Ministerio de Economía, el cual precisaba que, durante su primer año, el gobierno de Fernando Riera había incrementado la planta de personal de la administración pública en 2.064 cargos.
Fue en los 90 cuando el paradigma de la función del Estado frente al trabajo cambió. Y su transformación perdura. Como advierte el catedrático Pedro Marcos Rougés, el Estado de Derecho y el Estado Social se sintetizaron en un Estado Fiscal. (Ver "El Estado...")
La década menemista
Desregulación, privatización, flexibilización laboral, contracción del Estado y altos índices de desempleo signaron la década menemista en lo referido al trabajo. En Historia económica, política y social de la Argentina, Mario Rapoport consigna que si bien existen diversos caminos para avanzar en la competitividad, el elegido por la conducción económica de los 90 fue la reducción del costo laboral por medio de una amplia flexibilización del mercado de trabajo.
El historiador recuerda que el ex presidente Carlos Menem eligió un 17 de octubre (el de de 1990) para decretar la limitación del derecho de huelga en los servicios públicos. Y a mediados de 1991, el Gobierno decidió, mediante el decreto 1334, no homologar ningún convenio colectivo que contuviera cláusulas indexatorias. Los salarios no podían pactarse por menos de seis meses y todo incremento de salarios debía vincularse con mejoras en la productividad.
"Una de las normas más significativas en materia de flexibilización laboral fue la Ley Nacional de Empleo, cuyos objetivos eran la regulación de las situaciones laborales en lo referente al trabajo ?en negro?, la introducción de nuevas modalidades contractuales con plazos determinados y la fijación de topes indemnizatorios por despidos injustificados. Con esta reforma se establecía la contracción temporaria y la reducción de las cargas sociales con las que, según el gobierno menemista, se incentivaría a los empleadores para crear más puestos de trabajo", recuerda Rapoport. Y agrega que no debió pasar mucho tiempo para que se advirtiera que la norma no hizo aportes notorios al combate contra el desempleo y el empleo no registrado.
El contexto de los cambios
En Historia de la Argentina Contemporánea, Marcos Novaro sostiene que todos estos cambios fueron posibles porque todavía estaba presente el temor a la hiperinflación y las reformas se asociaban a la estabilización monetaria logradas por la Convertibilidad. "Los derechos afectados habían pedido valor. Ello sucedía con la estabilidad laboral en el sector público: amplios sectores, incluidos muchos desempleados, lo consideraban un privilegio injustificado", sostiene.
El propio Menem, en lo que Novaro considera una reinterpretación del Estado de Bienestar, remarcaba esa cuestión. "Hasta 1952, estábamos acostumbrados a vivir casi sin trabajar (...) gracias a la época de vacas gordas que atravesaba el país (...). (Ese año) Perón mismo vivió los rigores de la crisis (...). Durante el segundo gobierno peronista se comió pan negro (...), hacíamos cola porque había desabastecimiento (...)", afirmó.
La importancia de la función del Estado respecto del trabajo es tal que el principio del fin del trunco gobierno de la Alianza fue el escándalo por el cual se denunció que el Gobierno de Fernando de la Rúa había usado "la Banelco" para que los senadores aprobaran una profundización de la flexibilización laboral, lo que motivó la temprana renuncia del entonces vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, el 6 de octubre de 2000.
Con la llegada del kirchnerismo, el Gobierno tomó otro papel en un escenario signado por la inflación y los constantes reclamos sindicales de aumentos de salarios. En febrero, el acuerdo entre la presidenta, Cristina de Kirchner, y el gremialista Hugo Moyano para que el sueldo de los camioneros se incrementara en un 19,5% sirvió como caso testigo para que las subas que reclamaran los otros sectores no superar el techo del 20%.
Pero el kirchnerismo también impulsó medidas como la derogación de la doble indemnización para despidos injustificados. Lo hizo Néstor Kirchner mediante el decreto 1224, publicado en el Boletín Oficial el 11 de setiembre de 2007.
La Nación tenía a favor factores económicos y sociales que le permitían esta clase de maniobras, advierte Novaro. La desocupación de los 90 y la debacle de 2001 habían disciplinado a asalariados y a sindicatos, además de la identificación entre el signo político del Gobierno y los gremios.
Entre el Día de los Trabajadores que se celebra el jueves y el que se conmemoró el año pasado, han ocurrido importantes cambios en la legislación laboral tucumana.
La Provincia lanzó una agresiva campaña contra el trabajo en negro, que incluye severas multas contra las empresas y contra las familias que no registren a sus empleados, medida aclamada por los gremios. A la vez, fomenta la radicación de call centers, a los que les subsidia el alquiler de locales y el pago del 30% de la planilla salarial durante el primer año. Esta disposición fue criticada por la oposición. Por un lado, repudió que haya duras penas contra los inversores locales y grandes facilidades para los foráneos. Por otro, advirtió que se alientan emprendimientos que promueven "contratos basura", al tiempo que sostuvieron que el mismo Estado tiene miles de empleados en condiciones precarias y sin garantía de estabilidad.
Estas novedades muestran que las funciones del Estado frente al trabajo (sintéticamente, incentivar la generación de fuentes de empleo y controlar las condiciones laborales) continúan cambiando en la Argentina y en Tucumán. No son las de los tiempos del Estado de Bienestar de mediados del siglo XX, cuando Juan Domingo Perón expandía al Estado como proveedor de los servicios públicos, al tiempo que introducía inéditas garantías laborales. Estas últimas, tal como advierte el sociólogo Héctor Caldelari, llevarían a una plena identificación entre sindicalismo y peronismo. (Ver "Un escenario...")
Tampoco el Estado se comporta como lo hizo cuando volvió la democracia. El 18 de diciembre de 1984, LA GACETA publicó un informe del Ministerio de Economía, el cual precisaba que, durante su primer año, el gobierno de Fernando Riera había incrementado la planta de personal de la administración pública en 2.064 cargos.
Fue en los 90 cuando el paradigma de la función del Estado frente al trabajo cambió. Y su transformación perdura. Como advierte el catedrático Pedro Marcos Rougés, el Estado de Derecho y el Estado Social se sintetizaron en un Estado Fiscal. (Ver "El Estado...")
La década menemista
Desregulación, privatización, flexibilización laboral, contracción del Estado y altos índices de desempleo signaron la década menemista en lo referido al trabajo. En Historia económica, política y social de la Argentina, Mario Rapoport consigna que si bien existen diversos caminos para avanzar en la competitividad, el elegido por la conducción económica de los 90 fue la reducción del costo laboral por medio de una amplia flexibilización del mercado de trabajo.
El historiador recuerda que el ex presidente Carlos Menem eligió un 17 de octubre (el de de 1990) para decretar la limitación del derecho de huelga en los servicios públicos. Y a mediados de 1991, el Gobierno decidió, mediante el decreto 1334, no homologar ningún convenio colectivo que contuviera cláusulas indexatorias. Los salarios no podían pactarse por menos de seis meses y todo incremento de salarios debía vincularse con mejoras en la productividad.
"Una de las normas más significativas en materia de flexibilización laboral fue la Ley Nacional de Empleo, cuyos objetivos eran la regulación de las situaciones laborales en lo referente al trabajo ?en negro?, la introducción de nuevas modalidades contractuales con plazos determinados y la fijación de topes indemnizatorios por despidos injustificados. Con esta reforma se establecía la contracción temporaria y la reducción de las cargas sociales con las que, según el gobierno menemista, se incentivaría a los empleadores para crear más puestos de trabajo", recuerda Rapoport. Y agrega que no debió pasar mucho tiempo para que se advirtiera que la norma no hizo aportes notorios al combate contra el desempleo y el empleo no registrado.
El contexto de los cambios
En Historia de la Argentina Contemporánea, Marcos Novaro sostiene que todos estos cambios fueron posibles porque todavía estaba presente el temor a la hiperinflación y las reformas se asociaban a la estabilización monetaria logradas por la Convertibilidad. "Los derechos afectados habían pedido valor. Ello sucedía con la estabilidad laboral en el sector público: amplios sectores, incluidos muchos desempleados, lo consideraban un privilegio injustificado", sostiene.
El propio Menem, en lo que Novaro considera una reinterpretación del Estado de Bienestar, remarcaba esa cuestión. "Hasta 1952, estábamos acostumbrados a vivir casi sin trabajar (...) gracias a la época de vacas gordas que atravesaba el país (...). (Ese año) Perón mismo vivió los rigores de la crisis (...). Durante el segundo gobierno peronista se comió pan negro (...), hacíamos cola porque había desabastecimiento (...)", afirmó.
La importancia de la función del Estado respecto del trabajo es tal que el principio del fin del trunco gobierno de la Alianza fue el escándalo por el cual se denunció que el Gobierno de Fernando de la Rúa había usado "la Banelco" para que los senadores aprobaran una profundización de la flexibilización laboral, lo que motivó la temprana renuncia del entonces vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, el 6 de octubre de 2000.
Con la llegada del kirchnerismo, el Gobierno tomó otro papel en un escenario signado por la inflación y los constantes reclamos sindicales de aumentos de salarios. En febrero, el acuerdo entre la presidenta, Cristina de Kirchner, y el gremialista Hugo Moyano para que el sueldo de los camioneros se incrementara en un 19,5% sirvió como caso testigo para que las subas que reclamaran los otros sectores no superar el techo del 20%.
Pero el kirchnerismo también impulsó medidas como la derogación de la doble indemnización para despidos injustificados. Lo hizo Néstor Kirchner mediante el decreto 1224, publicado en el Boletín Oficial el 11 de setiembre de 2007.
La Nación tenía a favor factores económicos y sociales que le permitían esta clase de maniobras, advierte Novaro. La desocupación de los 90 y la debacle de 2001 habían disciplinado a asalariados y a sindicatos, además de la identificación entre el signo político del Gobierno y los gremios.
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