Un escenario en constante transformación

La expansión de la economía capitalista fue acompañada, prácticamente desde sus comienzos, por una creciente conflictividad laboral. La “cuestión social”, el problema de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y de sus familias (una y la misma cosa, ya que mujeres y niños constituían en muchos casos parte importante de la fuerza de trabajo), generó -tras las primeras respuestas exclusivamente represivas, una de las cuales se encuentra en los orígenes del 1º de mayo, hoy celebración pero hasta ya avanzado el siglo XX día de recordación y de protesta obrera- multitud de análisis y propuestas por parte tanto de voceros del Estado como de grupos de reformadores sociales y religiosos, en particular la Iglesia Católica. Dirigidas principalmente a contrarrestar el creciente peso que entre los trabajadores ganaban las distintas corrientes del socialismo y del anarquismo, pronto se destacaron y cobraron fuerza las que impulsaban la participación del Estado en la regulación de las relaciones laborales y destacaban su papel en la conciliación de intereses de empresarios y obreros.
El papel cumplido en nuestro país, a partir de 1943, por la Secretaría de Trabajo y Previsión, plataforma de lanzamiento del entonces coronel Perón y del Partido Laborista, que llevaría a una casi total identificación entre sindicatos y peronismo, se enrola en esta línea de intervención estatal, acentuando una acción ya iniciada a comienzos del siglo XX con la promulgación de leyes que regulaban el trabajo y la creación de organismos destinados al control y la aplicación de estas leyes, a la solución de los conflictos laborales y a la búsqueda de alternativas que permitieran mejorar las precarias condiciones de vida de las “clases laboriosas”.
La relación entre el Estado y los sindicatos alcanzó en la Argentina una fuerza que pocas veces, si es que alguna, ha logrado en otros países. De manera tal que, aun durante los largos períodos de proscripción del peronismo, en momentos en que se reprimía duramente al resto “movimiento”, las relaciones entre sindicato y Gobierno no se rompían, como sucedió durante el primer período de la dictadura de Onganía y, aunque con mayor discreción, durante la dictadura del “Proceso de Reorganización Nacional”.
Las transformaciones económicas iniciadas por el Gobierno militar del 76, que con mayor o menor impulso continuaron durante las décadas del 80 y del 90, han creado, sin embargo, situaciones nuevas. El mayor peso de los sindicatos representativos de trabajadores estatales y del sector de servicios y la disminución de la importancia de los de trabajadores industriales, representó un cambió considerable en la integración de las organizaciones gremiales. Y, sobre todo, la presencia de una amplia masa de desocupados, de trabajadores con trabajos precarios y de sectores marginados del mundo del trabajo, han dado lugar al surgimiento de nuevas formas organizativas que resultan difíciles de encuadrar dentro de las estructuras tradicionales del movimiento obrero (aunque en algunos casos se hayan incorporado a alguna de las CGT). Por su dependencia de los planes sociales y de otras formas de asistencia estatal, estas organizaciones son más vulnerables a la manipulación del poder político pero, a su vez, por la composición de sus bases, son más imprevisibles en cuanto a sus respuestas ante un entorno crecientemente conflictivo.